• José Antonio Vera

La Cancillería paraguaya presentará esta semana al Gobierno de Brasil, un exhorto judicial para solicitar la extradición de tres militantes de izquierda, acusados de secuestrar, en la década pasada, a una señora miembro de una de las familias más ricas del país, integrante de la nutrida lista de poseedores de gran fortuna, cuyo dudoso origen despierta diversos comentarios y fundamentadas sospechas entre la población.

Juan Arrom, máximo dirigente del minúsculo Partido Patria Libre (PPL), y el principal imputado, debería estar contento estos días en su exilio porque, amenazado y requerido, nunca antes, en su poca trascendente vida política, su nombre ha tenido tanta repercusión en la prensa nacional y entre los altos organismos del Estado.

Frustrados varios pedidos de repatriación, la Cancillería paraguaya estaría, además, dispuesta a llevar el tema Arrom y sus compañeros Anuncio Martí y Víctor Colman, ante el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), en una gestión que sobrepasa el aspecto medular y deja entrever que otras motivaciones estarían en juego.

 

Sorprende el empecinamiento oficial, en un caso casi olvidado, respondido con frialdad por la Comisión Nacional de Refugiados del Brasil (CONARE), organismo que concedió el asilo “después de estudiar muy bien el caso”, según argumenta.

 

En el manejo caprichoso y sin mayores fundamentos, que medios de comunicación y algunos políticos hacen de los calificativos subversivo y terrorista, Arrom es uno más de la gruesa lista fiscal, penosa e irresponsable, confeccionada con los nombres y la imagen televisada de humildes campesinos paraguayos, algunos sin militancia conocida, y de dirigentes de movimientos sociales o sospechosos de subvertir la paz social, demonizados como simples delincuentes.

 

Esas acusaciones ligeras, muchas veces producto de chismes, delación o prejuicios, en el colmo de la insensatez que caracteriza la labor del Ministro del Interior Rafael Filizzola, permiten culpabilizar a mucha gente, al punto de expulsar de su trabajo a familiares de alguno de los considerados sospechosos, como sanción “ejemplar” del imposible de no haber sido capaz, antes de nacer, de elegir su parentela.

 

Casi de inmediato a la asunción de Fernando Lugo a la Jefatura del Estado, el 15 de agosto del 2008, Filizzola, asesorado por expertos en contrainsurgencia de Colombia y de Estados Unidos, lanzó una vasta campaña para terminar con el secuestro de personas adineradas, delito que venía ocurriendo en Paraguay, pero con una periodicidad risible en comparación con la propia docta Colombia, México y algunos otros países, donde los secuestros se dan pero con mucho menor destaque mediático.

 

Innumeras promesas del titular del Interior, de terminar con esas acciones de extorsión, propagandísticamente colgadas al cuasi virtual Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y poco a la probada acción de polibandis, aliados a alguna o a todas las ramas traficantes, traducen un visible fracaso, sin que esa cartera exprese la más mínima autocrítica por su inoperancia y defectos. Muy por el contrario, destila suficiencia.

 

Fidel Zabala, un próspero agroganadero, secuestrado durante más de dos meses y buscado con afán por columnas de policías, militares y expertos extranjeros, quedó libre recién después de pagar una importante suma de dinero, como ha ocurrido con el 95 por ciento de las víctimas de plagio desde la década pasada.

 

El Ministerio del Interior registra más de 30 secuestros desde el 2005, con un pago cercano a los diez millones de dólares, pero hace bastante silencio con las extorsiones acaecidas en los diez años anteriores, casualmente cuando Arrom y Martí, fueron secuestrados en pleno día y en el centro de Asunción.

 

La desaparición de ambos, salvados por la valentía de tres hermanas de Arrom y algunos defensores de los derechos humanos, con ayuda de la prensa de sensación, pudo ser interpretada como de carácter político, pero habría sido obra, sospechosamente extorsiva o de otra causa aún velada, de conocidos funcionarios de la inteligencia policial, quienes amparados en la impunidad reinante, continúan ocupando puestos altamente remunerados en la estructura ministerial.

 

Una masiva campaña nacional, empezada por el Gobierno y el mundo empresarial, logró sensibilizar a la mayoría de la población y permitió la liberación de Zabala, un hombre de buen comportamiento con su personal y con el vecindario pobre, conducta casi desconocida por el grueso de sus colegas, contentos ahora por la noticia de que esa víctima, en una decisión lamentable, habría viajado o viajaría a Colombia para agradecer a Uribe por la acción de su célula contrainsurgencia.

 

Sin duda que los efectivos enviados por el narcotraficante y genocida colombiano, bajo la jefatura de expertos estadounidenses, habrá influido sicológicamente en el epílogo del secuestro, pero el factor decisivo fue los miles de dólares entregados por la familia Zabala a los extorsionadores, de nebulosa composición, aunque para la derecha y su prensa venal, sin ninguna fundamentación, son militantes izquierdistas y terroristas.

 

La razón invocada, que no sería la principal sino el pretexto, por Interior, Cancillería, Fiscalía General y otros segmentos muy influyentes del poder, para pedir a Brasil la repatriación de los dirigentes de PPL, está basada en el secuestro de una señora, con la que Arrom mantenía relaciones afectivas, nuera del capísimo Enzo De Bernardi.

 

Ese honorable señor, fue uno de los “barones” de la Represa Binacional de Itaipú, cuya construcción, en los años 70, registró la operación más descaradamente corrupta de la gigantesca montaña de delitos cometidos en Paraguay desde la década del 40, que significó una masa de muchos miles de millones de dólares, en manos de pequeños grupos, liderados por el General Alfredo Strossner, el Ejército y el Partido Colorado. El proyecto arrancó con costo de dos mil millones de dólares, pero terminó en 23 MM.

 

Esas y otras fortunas malhabidas, que siguen amparadas por la institucionalizada impunidad, como documenta prolijamente el libro “Los Herederos de Strossner”, de Idilio Méndez, especializado en periodismo de investigación, conforman la oligarquía nacional, estamento de profunda perversidad con fuerte poder de decisión.

 

En ese mundo, anidan las fuerzas enemigas del bienestar de la mayoría y de toda expresión de cambio político que sirva para transformar las vetustas estructuras del poder en Paraguay, muy rico en la agro exportación, cuarto vendedor mundial de soja, sin que sus dueños paguen impuestos, y con una producción energética inmensa, pero con el 45 por ciento de los paraguayos sin agua potable y gran déficit en electricidad.

 

La población es de seis millones 300 mil, 60 por ciento menores de 25 años, alrededor de un millón emigrados, seis de cada diez muy pobres, dos millones en la miseria, con apenas un tercio de niños que termina primaria y un número irrisorio la universidad, carcomida ésta por el elitismo, el alto costo de las matrículas, la mediocridad de sus programas, una pobre investigación científica y la omnipresente corrupción.

 

Otra razón, sin duda inconsistente pero la más grave, por todo lo que afecta a la libertad de pensamiento, utilizada para reclamar la entrega de Arrom, Martí y Colman, es que ellos habrían mantenido relaciones con altos dirigentes de las FARC, entre ellos el asesinado Raúl Reyes, de larga trayectoria de lucha, aunque clasificado terrorista por el Pentágono, la CIA y sus lacayos.

 

A ese calificativo, del que abusa hasta el cansancio toda la prensa venal, se han sumado algunos miembros del actual gobierno paraguayo que, en su reciente pasado izquierdista, en la brumosa y quebradiza política nacional, también mantuvieron vínculos con Arrom y sus allegados, a quienes expresaron simpatía y solidaridad militante cuando fueron secuestrados. Quién habla aquí de incongruencia?.

(ARGENPRESS.info)

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