• Milda Rivarola ⋅

Lo propuso ya el presidente Franco en 1917 (no el coronel, sino el liberal Manuel Franco, antecesor en esta y otras cuestiones al radicalismo de Eligio Ayala) sin éxito: el sistema tributario del país era tremendamente injusto y debía ser reformado. Lo expresó también, con su rigor teórico habitual, el estadista Ayala. Pero la herencia continuó intacta, porque tras la Guerra del Chaco el nacionalismo militar, pese a toda su retórica populista, prefirió expandir el aparato con empresas públicas, antes que forzar a la reacia elite paraguaya a aportar tributariamente a las políticas de Estado.

Con todo el poder que acumuló, Stroessner no pudo ni quiso crear impuestos directos, aceptando quizá la lógica perversa de la burguesía local (bien definida por Esteban Caballero Carrizosa), que estaba dispuesta a soportar un Estado clientelar, ineficiente y corrupto, siempre y cuando eso no le costara nada.

 

 

 

Fisco y transición

 

 

 

Y así llegamos a la transición, más preocupada por cuestiones electorales o creación de nuevas instituciones que por políticas de desarrollo socioeconómicas, que requieren un financiamiento sostenido y responsable de la ciudadanía. Tuvo más gastos que ingresos entre 1995 y 2003, y recién al año siguiente el último gobierno colorado obtuvo del Parlamento –en pactos coyunturales– la aprobación de una Ley de Adecuación Fiscal.

 

 

 

Ella incluía una recaudación mínima (del 8 al 10%) sobre las rentas mayores: mientras la prensa calificaba –para espanto de observadores externos– esa ínfima tasa de “impuestazo”, el mismo Parlamento que aprobó la ley decidió perforarla de inmediato, posponiendo por un año la vigencia del IRP. De hecho, la postergación resultó indefinida: año tras año, con cambiantes mayorías, el Parlamento se opuso firmemente a poner en vigencia el impuesto a la renta personal.

 

 

 

Lo grave es que en el 2006 el Estado obtenía un magro 15,3% de sus ingresos tributarios de impuestos directos al ingreso, y un pesado 62,5% de impuestos indirectos, como el del Valor Agregado (IVA) y el Selectivo al Consumo (ISC). Según sostiene el Informe de Desarrollo Humano Paraguay 2008 –centrado en las desigualdades–, “los impuestos indirectos son por naturaleza regresivos y favorecen la desigualdad ya que afectan más intensamente a los hogares pobres que a los de ingresos elevados”.

 

 

 

Tan regresivo es nuestro sistema tributario que mientras los más pobres entre los pobres –el primer decil de la población– gastan el 7,5 de sus ingresos en IVA, para la elite económica –la del décimo decil– el Impuesto al Valor Agregado supone apenas el 1,9% de sus entradas monetarias totales. En palabras menos técnicas, estos impuestos castigan irracionalmente más a los pobres que a los ricos. La razón es sencilla: estos últimos detentan poder político suficiente –a través de sus partidos, de las bancadas parlamentarias de sus partidos– para que este absurdo se prolongue sine die.

 

El tema prohibido.

 

 

 

Se habla en las campañas de todo, mal y desinformadamente, pero se habla. Desde si el candidato traicionó en alguna pasada interna, de su enriquecimiento en el ejercicio de funciones públicas, de sus tendencias sexuales, del diablo y del Vaticano… hasta del plumaje de las gallinas se discute en nuestras campañas electorales. Pero de proyectos fiscales, de eso nunca se habla. Es el tema tabú por excelencia.

 

 

 

No sólo evitan mentarlos los candidatos –espantarían potenciales financistas y electores–, tampoco la prensa indaga mucho al respecto. Cualquiera diría que el Estado paraguayo viviera de royalties y créditos no reembolsables. O que las políticas propuestas en campaña –de cualquier tipo– no exigen financiamiento. Como si la contrapartida de los derechos no fuesen las obligaciones ciudadanas, entre las cuales la de aportar al mantenimiento de la res publica es primordial.

 

 

 

Cuando se presentó la tímida propuesta de adecuación fiscal, apenas hubo debate ciudadano o discusión técnica. ¿Era ese el sistema más eficiente y equitativo? ¿Se trataba de establecer un impuesto progresivo; el IRP daría fin o apenas matizaría la inequidad fiscal? ¿Funcionó en otros países, o improvisaríamos estrategias fiscales? Nada, fuera de un estrecho círculo gubernamental nadie entendió ni discutió nada. El Paraguay sigue entonces con la menor presión tributaria y, por ende, con el aparato estatal más ineficiente, inequitativo y poco transparente de la región. El Estado malo pero barato sobrevive a todos los cambios gubernamentales.

 

 

 

Supóngase que los partidos dicen en las votaciones parlamentarias lo que callan en sus campañas electorales. Con ese supuesto se leyó el comportamiento de las bancadas partidarias en tres sesiones del Senado –la del 12 de diciembre de 2005, la del 11 de octubre de 2007 y la última del 18 de diciembre de 2008– que decidieron todas por voto mayoritario la postergación reiterada del IRP.

 

La ANR, partido de gobierno, impulsó este impuesto en el 2005, pero dos años después, en su interna por las nacionales, se escindió en dos fracciones –una a favor y otra en contra– aunque varios de los suyos prefirieron ausentarse de la sesión . La unidad se recuperó en el 2008, ya en la oposición, con un viraje completo: el mismo partido que antes planteó el IRP se opuso ahora –por unanimidad– a su vigencia. No se trataba de postura doctrinaria sino de pragmatismo: como reza el dicho local, “a los amigos todos, a los enemigos, la ley”.

 

 

 

El PLRA obedeció a la misma lógica, aunque la intención de proporcionar fondos a las políticas de su propio gobierno careció de entusiasmo. Mientras estaban en la oposición, votaron por unanimidad en contra . Pero en posición de gobierno, la bancada mayoritaria estuvo a favor de la vigencia del IRP, mientras una minoría liberal siguió votando su postergación, propuesta por un recalcitrante antifiscalista, correligionario suyo.

 

 

 

La posición de Patria Querida fue más compleja. En la oposición antes y ahora, toda su bancada votó por la postergación en el 2005 y el 2007, pese a haber sido el partido que dio mayoría a la ANR para aprobar la Ley N° 2421/04 de Reordenamiento Administrativo y de Adecuación Fiscal. Su viraje en el 2008 fue notable: una disminuida bancada PPQ se posicionó ya por la vigencia del IRP con el gobierno de la Alianza Patriótica para el Cambio.

 

 

 

UNACE hubiese figurado como paradigma de negativa, si no fuera por el transfuguismo de su bancada a favor del gobierno colorado. Sus cuatro votos por la postergación en el 2005 fueron casi compensados con tres por la vigencia o abstención; en el 2007 la relación se invirtió, con cuatro ausentes o por la vigencia y sólo tres por la postergación. Frente al nuevo gobierno, una bancada de mayor peso numérico votó unánimemente en contra del IRP.

 

 

 

Los pequeños partidos de izquierda tampoco mostraron coherencia. Aunque están a favor de impuestos directos y progresivos en los Estados de Bienestar –es una de las características que lo diferencian de la derecha europea–, aquí tienen posición ambigua. País Solidario estuvo contra la Ley de Adecuación en el 2004, por un pacto coyuntural con la ANR votó a favor de la vigencia del IRP en el 2005, pero en el 2007 los senadores del PPS y el del PEN sumaron sus votos a la postergación. Ya como soportes del gobierno, los tres senadores de PPS, Tekojoja y PDP votaron por la vigencia en el 2008.

 

 

 

Del necesario debate

Pese a la aridez que signa la cuestión tributaria, el debate y posicionamiento al respecto son cada vez más urgentes. Se trata en primer lugar de definir si queremos o no queremos Estado, res publica, ciudadanía con derechos y responsabilidades como colectivo. Dados los lastres del pasado, supone en segundo lugar –abierto el debate, es el tema que surgirá con peso propio– un nuevo pacto entre la Sociedad paraguaya y su Estado. Porque en justicia nadie quiere financiar con tributos un aparato de Estado clientelar, ineficiente, inequitativo en sus servicios y poco transparente en su gestión.

 

 

 

El tema de la reforma fiscal está entonces indisolublemente ligado al de la reforma del Estado, y al de un mejor y más controlado gasto público. Entretanto, se impone la discusión técnica y política sobre estrategias y métodos fiscales apropiados a la realidad paraguaya, a la dura informalidad de su economía, a la sorda resistencia de sus elites y a la escasa representatividad política de sus clases populares.

 

 

 

Discusión que arrastrará a nuestros partidos –a los grandes y pequeños, a los tradicionales y recientes– a definirse doctrinariamente respecto a cuestiones políticas fundamentales. Por último, hablar de una nueva fiscalidad conducirá a replantearnos como nación “la madre de los debates”: qué políticas de Estado, qué Agenda País necesitamos y queremos construir los hombres y mujeres que vivimos en esta tierra, para nosotros y para las generaciones venideras.

 

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Anónimo

RECORTAN EL GASTO SOCIAL PERO SE AUTOASIGNAN AUMENTOS

Publicado por Carlos Rodríguez

De un lado los parlamentarios recortan 230.000 millones de guaraníes del presupuesto de la Secretaría de Acción Social para el plan “hambre cero” paraguayo y del otro, se autoasignan aumentos de 104 mil millones de guaraníes para “bonificaciones y gratificaciones” que van a manejar ellos. Austeros y frugales al considerar los gastos sociales pero dispendiosos y manirrotos para si mismos.



Otro lado inmoral de la política paraguaya. No hay racionalidad en la estructuración del Presupuesto Nacional para el 2010.

Incluso es un presupuesto desfinanciado porque se lo aumenta de un modo irresponsable sin asegurarse las fuentes de recaudación que irán a sustentarlo.

Da la impresión de que el objetivo además de aprovechar el poder político en beneficio propio apunta a entregarle al Poder Ejecutivo un descomunal gasto inviable y luego pedirle rendición de cuentas por su inoperancia e ineficacia.

Mientras el presupuesto público para el 2010 se estudia en la Cámara de Diputados, acumula un déficit de 400 millones de dólares (el tipo de cambio es de 4.900 guaraníes por dólar).

No hay compromiso con la realidad y se está legislando inflación, se está legislando derroche, irresponsabilidad.

Es cierto, el proyecto debe aún pasar por la Cámara de Senadores pero se “politizan” las finanzas públicas y ya sabemos lo que acontece cuando el presupuesto no se elabora con criterio financiero sino con criterio político y sobre todo en un período preelectoral (en el 2010 se harán las elecciones municipales).

Está claro que la oposición que tiene mayoría parlamentaria intenta orientar el gasto público para que beneficie las campañas de los candidatos opositores y se recorta el gasto social del gobierno para anular perspectivas electorales de los candidatos afines a Fernando Lugo.



Los indigentes que no tendrán acceso a bonificación alimentaria por recorte presupuestario sufrirán pero en la óptica de la oposición y en el contexto sociopolítico actual, “el hambre es un mal menor”.

Como la oposición conservadora tiene prensa a favor, se utilizan los espacios para favorecer los recortes del gasto social y argumentar por ejemplo contra el plan paraguayo de “hambre cero”.

Los dirigentes que deberían pensar en el país, piensan más que nada en sus proyectos, sus objetivos y sus intereses.

Ya se acordarán de nosotros cuando lleguen las elecciones.

http://rescatar.blogspot.com/

Fecha: 13/08/2010 11:31.


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