• Patricia Lapegüe

¿Qué importante fundamento puede tener un mandatario para pretender perpetuarse al frente de un gobierno, aún a sabiendas del desgaste natural que se da en un segundo mandato?

El Senado de la República de Colombia aprobó el proyecto de ley que habilitaría al Poder Ejecutivo a llamar a un referéndum para posibilitar nuevamente la reforma de la Constitución. Ahora es el turno de la Cámara de Representantes. De tener resultado afirmativo, se abriría el camino a una tercera candidatura presidencial para el actual jefe de Estado Álvaro Uribe. Recordemos que en 2.002 asumió la presidencia. Luego, en 2006 se produjo una reforma constitucional que lo habilitó para un segundo mandato.

La votación en esa Cámara quedó postergada para el próximo martes. El paso final de este proceso lo constituye el informe que deberá dar la Corte Constitucional, dictaminando si el trámite se dio sin vicios de fondo y de forma. El problema por estos días es que, bloques opositores denuncian que Uribe, quien goza del 68 por ciento de popularidad, está realizando maniobras ilegales para quedarse en el poder. Se cuestiona ya desde 2008 la recolección de cinco millones de firmas para convocar a este referendo.

 

Con esta nueva postergación hasta el martes del tratamiento del proyecto, cambia un poco la postura de Uribe en esta cumbre de UNASUR. Por ahora no cuenta con una posibilidad cierta de un tercer mandato, lo que le hubiese dado más respaldo frente al resto de los líderes de la región en el tratamiento del tema de las bases militares.

Con diferentes matices se puede afirmar que la reelección está permitida en la legislación de la mayoría de los países latinoamericanos. En seis de ellos se da la figura de la reelección por una única vez (Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Rep. Dominicana y Colombia). En otros casos, la exigencia es dejar transcurrir como mínimo un mandato presidencial intermedio (Costa Rica, Chile, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay). Además de Cuba hay que tener presente el caso de Venezuela, donde la reelección presidencial puede ser de forma indefinida. Excluimos de esta lista los casos de Honduras, México, Paraguay y Guatemala, donde el mandato presidencial se limita a un sólo período.

 

Traición a la patria

 

El 28 de junio se produjo en Honduras un golpe de Estado. Entre otras cuestiones, quienes llevaron adelante el derrocamiento de Manuel Zelaya aducen el intento de éste de impulsar la reforma de la carta magna para lograr una reelección. El artículo 4 de la Constitución de esa República establece que la "alternabilidad" en el ejercicio de la presidencia es obligatoria, y que la infracción a esta norma constituye delito de traición a la patria.

Lo interesante es tratar de dilucidar porqué se llega a este punto. ¿Qué importante fundamento puede tener un mandatario para pretender perpetuarse al frente de un gobierno, aún a sabiendas del desgaste natural que se da en un segundo mandato?

La fiebre reeleccionista parece ser más fuerte que la gripe N1H1, al menos en los países de Latinoamérica. Si algo caracteriza a los gobiernos de la región en los últimos años es el fortalecimiento de los híper presidencialismos, contrapuestos a cierta debilidad institucional, basando una gestión en la personalización de la política y quitándole valor de contrapeso a los otros poderes del sistema democrático.

 Lo que se dio en llamar "La tercera ola democrática en América Latina", tuvo un reacomodamiento en los '90. Hasta ese momento, las pautas de comportamiento político en cada Estado no fueron constantes. Los distintos juegos de poder dieron como resultado, en líneas generales y con algún tiempo de diferencia entre un país y otro, consecuencias que hicieron propicio y hasta natural este afán re-reeleccionista.

Luego del final de la Guerra Fría, frente al cambio sustancial en el mapa político internacional, la década del '80 transcurrió entre el inicio de débiles gobiernos democráticos y regímenes de facto que resistían su retirada. Luego de ese periodo de acomodamiento, frente a la gran oleada liberal, parecía que los gobiernos tenían que sustentar su legitimidad generando mejoras económicas, todo en base al manejo indiscriminado de las respectivas arcas. Lo que fue dejando al descubierto una creciente debilidad de los mecanismos de control sobre los actos de gobierno.

Las elecciones en Latinoamérica pasaron a ser entonces instrumentos para medir quien tiene el poder.

En forma casi paralela, los partidos de oposición comienzan a fragmentarse y con ello su representación, trayendo como lógica consecuencia una concentración de poder en los ejecutivos, lo que lleva a que se arraigue el centralismo, al tiempo que se desvirtúa el sistema federal.

 

Líderes carismáticos

 

Al ver las cifras del índice de desarrollo democrático para América latina, los países con figuras presidenciales personalistas no se encuentran entre los primeros puestos de la calificación.

El error consiste en creer que el fortalecimiento democrático viene por tener al frente de los países a líderes carismáticos, cuando en realidad esto se logra con el fortalecimiento de las instituciones, el respeto a las normas fruto de la cultura cívica. En países de arraigada historia democrática sean regímenes presidencialistas o parlamentaristas, las reglas constitucionales son claras, permanentes y casi pétreas. No están sujetas a vaivenes ocasionales. El riesgo de hacer girar la política en torno a personalismos, lleva a una caída de las instituciones parlamentarias. En ellas, las bancadas opositoras aparecen bastante fragmentadas logrando que el oficialismo pueda armar una mayoría  en caso de no haberla obtenido claramente en las urnas.

Los híper-presidencialismos crecen ante la falta de alternativas sólidas en el arco opositor. La participación ciudadana en algunos países cuyos presidentes van por su segundo mandato, se limita a manifestaciones de rechazo a la implementación de políticas en discordancia con las reales demandas sociales no escuchadas. El hiper-presidencialismo no es más que la versión aggiornada de la vieja figura del caudillo. La acumulación de poder presenta grandes ventajas para quien gobierna cuando todo va bien. Pero constituye un serio riesgo cuando el panorama es adverso. Quien gobierna sin compartir decisiones, debe saber que tampoco debe compartir responsabilidades y costos por sus errores.

 

- Licenciada en Ciencias Políticas

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