Para estudiar el proyecto de Presupuesto General de la Nación del 2011 -la ley más importante después de la Constitución Nacio- nal- el Congreso ha constituido este año una Comisión Bicameral de 50 miembros. Esta decisión legislativa pervierte el estudio de la norma que debe definir las prioridades en materia de políticas públicas, debido a que con ello se anteponen actitudes mezquinas de algunos legisladores, que buscan dar prioridad a sus cuestiones particulares por encima del interés de la población paraguaya.

El proyecto presupuestario para el año venidero, presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso, plantea un total de gastos que asciende a 40 billones de guaraníes, cifra que representa 8.400 millones de dólares. El monto habla por sí solo y no hacen falta mayores comentarios para entender por qué el estudio del plan de ingresos y gastos públicos se ha convertido en los últimos años en un "plato" apetecido por los parlamentarios.

 

La Constitución Nacional de 1992 otorgó amplios poderes al Legislativo para introducir modificaciones a la ley presupuestaria. De esta manera los parlamentarios no afrontan limitación alguna para aumentar los gastos del Estado a su antojo. Esta atribución, con el correr de los años, ha vuelto más rígido el gasto público, a tal punto que hoy todo lo que recauda el fisco en materia de impuestos ni siquiera alcanza para cubrir las erogaciones básicas del Estado, como el pago de salarios, jubilaciones, pensiones y deudas.

 

Está claro que los parlamentarios poseen las atribuciones legales y reglamentarias para conformar comisiones con el número de integrantes que consideren pertinente, a fin de analizar los proyectos de ley. Las propias reglas de ambas Cámaras contemplan la posibilidad de que las plenarias se constituyan circunstancialmente en comisiones, con el objeto de discutir determinados proyectos. Pero tampoco hay dudas de que las comisiones tienen como meta fundamental simplificar el trabajo legislativo, a fin de pulir los proyectos a ser considerados luego por las plenarias y evitar de esa manera las largas e interminables discusiones, así como los graves errores en la asignación de montos o la redacción de futuras normas.

 

Pero los legisladores no lo entendieron así y decidieron este año conformar una Comisión Bicameral de Presupuesto con 50 miembros: 25 diputados y 25 senadores. Para demostrar cuán irracional e improductiva es esta medida, en la primera sesión del lunes pasado, en la que recibieron al ministro de Hacienda Dionisio Borda, a fin de que explique todos los detalles del proyecto de ley, apenas participaron en forma permanente no más de 15 parlamentarios.

 

Nadie ha explicado los motivos de esta decisión, pero es fácil suponer cuáles son las verdaderas intenciones de los legisladores, conforme a las experiencias de años anteriores. De esta manera los congresistas que integran la comisión irán un día para incluir los rubros de contratación o aumentos salariales para sus parientes, amigos o correligionarios; incluirán partidas presupuestarias para sus futuras campañas políticas en sus respectivas localidades de origen; preverán el dinero para las compras de bienes o contrataciones de servicios de parientes y amigos; solo por citar algunos despropósitos.

 

Es hora de que los legisladores honestos, si aún quedan algunos, reclamen el fin de este tipo de decisiones. Solo de esta manera el Estado podrá contar con un presupuesto que atienda los verdaderos intereses de la ciudadanía y no cuestiones particulares mezquinas de algunos parlamentarios.

Editorial Ultima Hora

 

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