LAS INDUSTRIAS Y EL DESARROLLO
- Por Héctor Farina (*)
Las disposiciones adoptadas por el Gobierno para aumentar la carga tributaria a las prendas asiáticas y poner así fin a la subvaloración o “contrabando legalizado”, es un gesto significativo a favor de la industria nacional, sobre todo porque el reclamo de los industriales fue desatendido por todos los gobiernos que se sucedieron en el periodo de transición democrática. La invasión de prendas asiáticas se inició a principios de los 90’ y desde entonces la industria nacional fue perdiendo terreno ante la imposibilidad de competir con los precios irrisorios de los productos importados, que ingresaban directamente de contrabando o pagando valores insignificantes para “disimular” que cumplían con las formalidades de la importación.
Por un lado, en caso de que las medidas se cumplan –eso siempre está en duda por la fragilidad de los controles aduaneros- permitirán a las industrias nacionales una competencia más sana, ya que no existirá esa distorsión grosera que durante años favoreció a todo lo importado en detrimento de lo que se producía en el país. Definitivamente, resulta insostenible que un país serio privilegie a los contrabandistas, trianguladores y oportunistas, en tanto se perjudica a la industria paraguaya, al punto de hacer que se pierdan más de 30 mil empleos. Por ello, el mensaje del Gobierno parece indicar que el rumbo que se tomará es diferente al que tomaron las administraciones anteriores.
No obstante, más allá de las medidas que tienden a eliminar las distorsiones y favorecer una competencia más justa, se debe tener en cuenta que en un mundo globalizado se requiere competitividad y que las industrias paraguayas tienen serios problemas con eso. No bastarán las medidas proteccionistas si no se apuesta a fortalecer la capacidad de competencia de las industrias locales, de manera que puedan producir con mayor calidad, en mayor cantidad y con precios accesibles.
Las industrias, y las empresas paraguayas en general, necesitan un fuerte apoyo para que tengan la capacidad de generar desarrollo, crear empleos y ganar mercados internacionales. Y ese apoyo debe entenderse como incentivos fiscales para la producción, apoyo tecnológico, capacitación permanente para los trabajadores, créditos para las pequeñas y medianas empresas, más obras de infraestructura y más apoyo de las instituciones estatales para buscar mercados y atraer inversiones.
El Gobierno debería mejorar las condiciones de producción y distribución de las industrias. Y una forma de hacerlo es por medio de la construcción de obras de infraestructura que faciliten las comunicaciones, de forma que se pueda reducir el costo país y que se logre minimizar en algo el elevado precio de la mediterraneidad. Necesitamos más rutas para facilitar el transporte de los productos, porque si se siguen teniendo costos tan elevados en materia de logística será difícil mejorar la competitividad de la producción. Un sistema de comunicaciones en buen estado permitiría transportar más fácilmente la materia prima, los insumos y los productos, con lo que se reduciría el costo de operación y ello podría traducirse en un producto más barato y competitivo.
Con la disminución de la competencia desleal de los productos asiáticos se puede recuperar gran parte del mercado nacional, pero para consolidar el crecimiento se debe apuntar a los mercados internacionales, como de hecho se viene haciendo con relativo éxito en el rubro de las confecciones. Revisar la política de acuerdos comerciales, así como priorizar la búsqueda de nuevos mercados para los productos nacionales, deberían ser dos de los objetivos a corto plazo de la política exterior.
La industria de la confección podría generar una cantidad importante de empleos en poco tiempo y con ello se podría darle un impulso notable a la economía nacional. Lo mismo ocurre con otros sectores que desde hace años esperan un poco de consideración de parte de las autoridades. Si se consolida una política para estimular la competitividad de las empresas nacionales, lograremos un paso vital hacia el crecimiento económico y la generación de empleos y oportunidades.
(*) Periodista. Master en Ciencias Sociales.
2 comentarios
Carlos Ramos -
Anónimo -
URGE QUE EL GOBIERNO LE PONGA FRENO AL INGRESO DE ROPA ASIÁTICA SUBFACTURADA
El ingreso de prendas de vestir de origen asiático, a precios increíblemente bajos, asfixia a la industria local de la confección. Las autoridades del área económica del Gobierno deben poner freno a la entrada de las mercaderías evidentemente subfacturadas, que pagan un impuesto irrisorio, perjudicando a las arcas públicas y a los empresarios que generan fuentes de trabajo.
Históricamente, el sector confeccionista es uno de los más vulnerables. Si no es el contrabando cíclico - según la relación de precios con los países vecinos- , es la entrada de productos provenientes de países del Asia (a través del puerto chileno de Iquique), facturados por montos que parecen más bien una broma.
Es más que claro que un esquema de corrupción internacional ajeno a la ética permite que operen proveedores que ocultan los precios reales debajo de montos subfacturados - que en nada reflejan los costos verdaderos, que se negocian por vías establecidas- , para eludir obligaciones legales.
Según datos de la Asociación Industrial de Confeccionistas del Paraguay (AICP), en los cuatro primeros meses de este año entraron al país 67 millones de unidades, a un precio promedio de apenas 2.000 guaraníes. Lo que el fisco percibe a partir de esa cifra, en concepto de carga impositiva para el ingreso al mercado local, es insignificante. Por lo tanto, su incidencia en el precio final de cada prenda es también ínfima.
La competencia desleal es un gran escollo para la industria confeccionista local, que no puede competir con mercancías de precios tirados. Basta con recorrer algunos centros comerciales populares para constatar la absoluta preeminencia de las prendas asiáticas sobre las nacionales.
Hasta ahora, los empresarios y sus empleados sobreviven como pueden. Con la disminución del volumen de operaciones y con niveles de importaciones insuficientes, sin embargo, el panorama es poco alentador. El cierre de fábricas, el despido de trabajadores, la cesación de contratos de las industrias con cuentapropistas y el consecuente clima de malestar social, son las consecuencias que ya muchos viven en carne propia.
El clamor de la AICP al Gobierno se justifica ampliamente. Si no aparecen urgentes medidas para evitar que siga la invasión al mercado paraguayo, en corto tiempo la situación será más dramática de lo que es hoy. La intervención en el problema tiene que darse ahora, antes de que la aplicación de cualquier fórmula de solución arribe demasiado tarde y sea ya, por lo tanto, irrelevante.
Los ministerios de Hacienda, Relaciones Exteriores e Industria y Comercio deben buscar y encontrar los mecanismos para detener cuanto antes el nocivo torrente de evasión impositiva y competencia desleal que ingresa por las aduanas de la República. La política tiene que ser, ante todo, preservar las condiciones de competencia leales. Es lo mínimo que se puede pedir.