• Benjamín Fernández Bogado

El emergente debate de nuevo en torno a la reglamentación del artículo 28 de la Constitución, que permitirá que los ciudadanos sepan qué hacen con su dinero y en su nombre, ha tenido extraños defensores de la opacidad, que, guiados quizás por buenas intenciones, han impedido hasta ahora que la transparencia se convierta en un mecanismo cotidiano de acción del Gobierno y de control de los gobernados. No es casualidad que el primer país en el mundo que lo reglamentó hacia finales del siglo XIX, Suecia, sea hoy uno de las naciones más ricas del mundo.

Donde la relación entre gobernantes y gobernados es fluida y en donde -como consecuencia de lo mismo- tiene uno de los costos de campaña electoral más bajos. Esta nación escandinava con 8 millones de habitantes no sólo es un país productivo, sino por sobre todo es una monarquía parlamentaria que funciona. Nosotros queremos que la Contraloría haga su labor, los jueces castiguen, pero algunos no quieren reglar una cosa tan sencilla que podría permitir una contraloría ciudadana permanente y un interés creciente de los paraguayos en la cosa pública, que no puede ser reducida sólo a lo ritual, a las formas o a los comicios cada cierto tiempo. No es suficiente con el artículo 28, ya que en su consideración final afirma que una ley debe reglamentar el procedimiento de acceso a la información pública. En México, la ley que entró en vigencia en el 2003 permitió identificar a 700 mil "aviadores", término con el que definen a los planilleros. Sólo ese aporte en estos seis primeros años de la norma, justifica su vigencia y por sobre todo, impide llorar sobre los efectos de la corrupción a posteriori, sino que permite evitarlos y detectarlos.

 

En el Paraguay un ciudadano san lorenzano Vargas Tellez quiso conocer el salario y funciones de los funcionarios de su Municipio, recibió primero el insulto de los administradores locales y luego otro más cuando una Cámara de Apelaciones decidió que esos montos eran parte de la privacidad de las personas y que nadie debería acceder a los mismos. En el Paraguay nos quejamos cuando la corrupción se montó, ejecutó y dejó sus consecuencias, pero si tuviéramos un instrumento legal y una ciudadanía entrenada para usarlo en provecho de la transparencia, de seguro esos casos serían menores y las ventajas para el país enormes. Para el periodismo es un poderoso aliado para concluir con el esquema de hacer noticia con las declaraciones de las personas públicas, de las acusaciones mutuas que distraen o del rumor maledicente que no construye ni crea nada a partir de su publicación. Con una reglamentación del artículo 28 tendríamos un periodismo más investigativo, de mayor calidad y de una cercanía escrutadora con los hechos que permitirían abandonar el pesimismo ciudadano de que nada puede cambiar en el Paraguay.

 

El primer intento de la norma terminó en un fracaso porque no había intención de hacer de ella un instrumento válido; la segunda vez, el senador liberal Eusebio Ramón Ayala, en una extraña metamorfosis personal, terminó siendo el abanderado del rechazo para satisfacción de quienes habían sido toda su vida sus adversarios en la arena política. Ahora debe volver a imponerse una rebeldía ciudadana y una convocatoria del periodismo serio y responsable para hacer que la reglamentación permita conocer qué hacen los funcionarios en nuestro nombre y con nuestros recursos, e impedir que los ingenuos, los egoístas y los soberbios escamoteen de nuevo a la sociedad un derecho fundamental como el de acceder a la información, pieza clave para hacer de la libertad de expresión un recurso clave para el desarrollo de sociedades pacíficas, transparentes y honestas. Nadie participa de lo que no sabe, nadie opina de lo que desconoce y sólo quienes desean seguir intermediando lo que debe saberse y cómo debe participarse son los que desean que el artículo 28 no se reglamente. Es tiempo de los ciudadanos y esta ley debe apuntar a ellos.

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