• Juan G. Granada

En política como en cualquier otra actividad los errores se pagan a precio de grandes desgarramientos porque generalmente provienen de equivocadas determinaciones de personas de nuestra confianza y comprometen la credibilidad que se han ganado.

Al presidente Lugo le está ocurriendo que la gran confianza ganada al inicio de sus actividades políticas se le está agotando y desde todas las fuentes de opinión se expresen que sus errores tan frecuentes los están descalificando para seguir dirigiendo el país. Quizás un golpe de timón y reorganización de su gobierno devuelva con tres o cuatro medidas acertadas, la pacificación de los espíritus alarmados por sus discutibles decisiones.

 

 

 

Su compromiso de luchar contra la corrupción debe mantenerse fuera de discusión. Alguien decía que Lugo no es codicioso. Bien. Lo que debe hacer entonces es que su gobierno no caiga en poder de mafiosos que trafican con la dignidad de los hombres el patriotismo del ciudadano. En los últimos días de esta semana se publican informaciones sobre una sociedad constituida para financiar el movimiento político de Tekojoja entre algunos contrabandistas de cigarrillos y drogas que no le da lucimiento a ninguno de los miembros de tal consorcio ni al movimiento político que ha financiado. Debe desligarse de tales ataduras aunque sea ingratitud haber recibido sus beneficios y abandonar a los financistas.

 

 

 

Otro compromiso que le cuesta caro al presidente Lugo es su inclinación a favorecer a los campesinos sin tierras o sin techos que aparecen en una serie de Ligas organizadas militarmente que se erige en una especie de gobierno paralelo que al mismo tiempo de exigir tierras para sus miembros se toman facultades como si fueran autoridades nacionales y atropellan propiedades de ganaderos y productores de granos. Las tierras trabajadas ofrecían a sus seguidores como botín de guerra, sin más exigencia que instalar una choza rustica para justificar la ocupación.

 

 

 

Los dirigentes de estos movimientos son de conocida militancia marxista que practican esos procedimientos como una experiencia de movilización de masas y lograran con la acción conjunta que soporten las represiones o las expulsiones que siguen a los actos de invasiones. Así van cimentando la unión física y la coincidencia ideológica suministrada en esas experiencias. La existencia de esos movimientos causa la impresión de inexistencia de autoridad en la zona o en el país. Además se propaga ante los fiscales, policías y miembros del Ejército la peregrina idea que esos actos constituyen una legítima petición de quienes no tienen bienes. Eso debilita el sistema de seguridad nacional y desorienta a los servidores del orden público que se enfrentan con ilícitos que son negociables o son permitidos cuando sus autores son desposeídos de bienes inmuebles. Esto conduce a proteger la delincuencia que es una evidente equivocación. Esos actos de violencia deben ser cohibidos terminantemente, o pagar el precio de tolerar

 

 

delitos y ser cómplices de la usurpación.

 

 

 

Se publican en estos días la deforestación del Chaco que lo hacen quienes obtuvieron permiso para derribar los árboles y convertir bosques en pasturas, nuevamente son brasiguayos quienes actúan en esta ruinosa tarea. Sin más trámites, el Gobierno debe ordenar la suspensión inmediata de la deforestación y después de asegurar la suspensión de los trabajos, disponer la individualización de los funcionarios que autorizaron tales obras. No son culpables los brasileros únicamente, sino los que han otorgado tan monstruosa resoluciones que amparaban la degradación de las tierras del Chaco. Individualizados los funcionarios, despedirlos sin otra causa.

 

 

 

El Gobierno debe actuar con firmeza y demostrar que defiende el país y los intereses de la Nación. Tenemos también los planilleros de las dos usinas que están siendo despedidos con honores y buenas indemnizaciones. Esto debe terminar y eliminar sin titubeos a quienes llenaron las planillas de las dos represas, sin ninguna gratificación porque el perjuicio causado no es solo el pago mensual que recibieron sino que surge una supuesta interpretación de que el Cgo. Laboral protege a estos parásitos que han creado la corrupción de nuestros gobernantes llenando de incondicionales políticos los cargos de las usinas binacionales. Los líderes o caudillos así confundían el patrimonio del Estado con las cajas partidarias. Desarraigar este concepto de la conciencia popular será tan difícil como haber torcido la recta aplicación de las normas del Cgo. Laboral. Resulta paradójico que el régimen de protección a los trabajadores se usa y se aplica para beneficiar a zánganos que han estado alimentándose del Estado para defrau

 

dar los intereses nacionales. En la aplicación de estos principios veremos si los jueces dictan sus resoluciones haciendo justicia o si defienden a los defraudadores. Si el fallo judicial fuera sospechoso de haber incurrido en alguna componenda en perjuicio del Estado, ya se encontrara la forma de devolverle la atención mediante alguna cortesía que le recuerde este antecedente.

 

 

 

El Gobierno no puede permitir que los indígenas sigan manteniendo los hábitos salvajes y llegar a la ciudad con esas costumbres. Busquemos la forma de iniciarles en alguna actividad que asegure la subsistencia de la grande o pequeña comunidad. Si prefieren conservar sus modos de vida, colaboremos con ellos a ubicarlos en las pocas selvas que aun quedan. Si desean incorporarse a la orilla de la ciudad deben aceptar una ocupación nueva que será producir algo para sostener la familia. El aporte del Estado será insuficiente si no trabajan para sostener una familia que va incorporándose a la existencia dentro de la ciudad como último recurso para subsistir.

 

 

 

Si para despertar un diálogo entre los que dirigen este país sirviera estos incompletos esquemas de sugerencias para gobernar, el objetivo se habrá cumplido. Gracias.

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