CON LUGO, SEGUIMOS COSECHANDO MUERTOS EN EL CAMPO
La lucha por la tierra es cruenta. El gobierno del cambio parecía abrir un mejor panorama para las organizaciones campesinas y la reforma agraria.
Pese a los acuerdos y las esperanzas, el poder judicial y los órganos represores siguen su vieja escuela, criminalizando al campesinado, dejando impunes los asesinatos de militantes, siguiendo con las represiones, las detenciones y los desalojos. Lugo llegó al poder. Las organizaciones campesinas y populares tuvieron su momento de esperanza. Algunas aun guardan algo. La reforma agraria se hace esperar demasiado.
El poder de los terratenientes y sojeros, sumado al de sus representantes políticos lo dilata todo, fertilizando el escepticismo de muchos. Dos estructuras estatales primordiales para la reforma agraria, acomodadas en sus viejas costumbres, parecen negarse a cualquier cambio: el Poder Judicial y el Ministerio público.
Las organizaciones sociales vienen denunciando que la forma como el gobierno responde a las luchas sociales no han variado de los anteriores: la criminalización. Esto implica, según Mariele Palau y Ramón Corbalán, enfrentar los reclamos y colocarlos en el plano judicial delictivo, de manera a deslegitimar derechos. Se selecciona un acto de protesta y se lo transforma en delito, aumentando el poder de las fuerzas represivas. En esto colaboran de manera explícita los medios de comunicación, afirman.
Leyes que reprimen
A diferencia de la dictadura, dice Palau, la mayoría de las represiones se produce en presencia de fiscales, con la “ley” en la mano. Sin embargo esto solo funciona contra las organizaciones sociales y populares, pues la “represión” ni la “justicia” alcanzan a los sectores poderosos, como a los sojeros que violan leyes ambientales y de convivencia. Esta falta de neutralidad, sumada al cansancio por la ausencia de respuestas en los canales institucionales a los reclamos campesinos, son los principales elementos que llevan a las acciones que dan pie a la criminalización: la movilización y las ocupaciones de tierra, dos formas recurrentes de lucha. Para las organizaciones, los fiscales, la policía, y la prensa censuran el hecho de que gran parte de las ocupaciones se dan en tierras con situación irregular, excedentes fiscales, tierras del estado tomadas ilegalmente por particulares, o tierras malhabidas, tierras adjudicadas por el Estado de manera ilegal. A los responsables de estos últimos hechos, sin embargo, se les brinda custodia policial.
La “lucha” en tiempos de cambio
El principal escenario de la criminalización se desarrolla en el sector campesino. Luego de una tregua inicial al gobierno de Lugo, numerosas organizaciones volvieron a entrar en acción. En el 2009 se produjeron unas 26 movilizaciones y unas 16 ocupaciones. Entre enero y mayo del 2010 esta cifra varió drásticamente a solo 5 movilizaciones y a 1 ocupación. En estos 2 años, las cifras en materia de muertes, represiones y detenciones no dejan buenos números para este gobierno.
3 comentarios
Anónimo -
Ea ⋅ Diciembre 2, 2010 ⋅ Imprimir ⋅ Escribir un comentario
Organizaciones sociales y políticas condenan en comunicados el asesinato de Mariano Jara.
Varias organizaciones sociales, urbanas y campesinas, y partidos políticos de izquierdas condenaron en los últimos días, a través de comunicados institucionales, el asesinato del dirigente campesino del Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), ocurrido el pasado viernes 26 de noviembre en la Compañía Santa Catalina de Kuruguaty.
El asesinato de Mariano (Jara) puede ser parte de un proceso de eliminación selectiva de dirigentes, a la que debemos estar alerta ya que no es un hecho aislado, advierte la Organización de Lucha por la tierra (OLT) en su documento.
La Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Conamuri) setencia que Jara es otra víctima más (que se) ha cobrado la mafia criolla del Paraguay; una mafia en donde convergen los intereses de la clase dominante: politiqueros exponentes de la derecha reaccionaria, sojeros, ganaderos, contrabandistas de armas, narcóticos y madera.
Desde Paris, Francia, la colonia de compatriotas residentes en este país aglutinados en el Colectivo Paraguayo expresaron su pesar por el hecho, y exigieron al Gobierno Nacional y a los demás poderes del Estado paraguayo intervenir con toda la firmeza que amerita la situación para aclarar este crimen que avergüenza a nuestra patria.
Por su parte, el (MCP), organización de la víctima, responsabilizó del hecho inhumano y cruel a las autoridades locales y a la fiscalía de Kuruguaty. Añade que con estos se demuestra una vez más la conflagración mafiosas entre politiquero, terrateniente y los representantes de los poderes públicos.
El PCPS pide que el asesinato de Jara sea investigado por la fiscalía con la mayor transparencia y sin presiones de ninguna parte, porque es una situación frecuente en el país que la Justicia sólo defiende a los poderosos, dice en su comunicado el Partido Convergencia Popular Socialista (PCPS).
Los partidos de izquierda Movimiento al Socialismo, de los Trabajadores y Comunista, así como la flamante Central de la Clase Trabajadora (CCT) también emitieron comunicados de repudio al hecho.
http://ea.com.py/alertan-sobre-plan-de-eliminacion-selectiva-de-dirigentes-campesinos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+semanarioea+(E%3Fa)
Anónimo -
Hernán Maciel ⋅ Diciembre 2, 2010 ⋅ Imprimir ⋅ Escribir un comentario
Benito Gavilán
(Publicado en Ea digital el 19/noivembre/2009) En esta nota desempolvamos el caso de Benito Gavilán, dirigente campesino que sobrevivió a una ejecución para contarnos su historia.
El lunes 19 de septiembre de 2005 en Mbuyapey, departamento de Paraguari, en la colonia Maria Antonia, donde habitan alrededor de 40 familias, unas seis camionetas de la Policía Nacional, con sus esbirros de caqui, atropellan violentamente la comunidad. Entran casa por casa, interrogando, estirando lenguas por las buenas o por las malas. Revuelven todo lo que encuentran a su paso buscando como lobos hambrientos a un solo hombre.
El Comisario Estanislao Cáceres encabeza «el operativo» y al no encontrar ni rastro de la presa se van directo a su hogar. Allí encuentran a su señora, Modesta Cabrera, y a su pequeño hijo de ocho años. Éstos se pegan el susto de la vida cuando el comisario entra a la casa con la natural violencia que tienen estos «representantes de la ley» cuando se trata de obedecer órdenes. Estanislao Cáceres, quizás con los ojos ya inflamados, pregunta: «¿Moo oi la nde mena?¿Moo oi Benito?»
Como Modesta no «cooperaba», Estanislao decide torcer el brazo del pequeño para ver si así por lo menos no le decía en dónde estaba Benito. Modesta no podía contestar correctamente, dado que no sabía qué había pasado de su esposo. Todo lo que pudo decir fue que no sabía nada de él, que temprano había salido a comprar azúcar y desde entonces no había regresado a la casa. Furioso, el comisario pone patas para arriba la comunidad entera. Y de paso, tortura física y psicológicamente a quienes no están dispuestos a «colaborar».
Qué lo que pasó
El pecado de Benito Gavilán, de 35 años en aquel entonces, fue formar una comisión vecinal de sin tierras en Mbuyapey, donde antes no había campesinos organizados. Para lograr conformar la comisión vecinal, Benito viajó hasta Asunción buscando compañeros que le ayuden en su propósito. Entre las diferentes organizaciones que se hacen eco, elige el Movimiento Campesino Paraguayo (MCP). «Péa la che gustáva» nos cuenta.
Desde el 2004 que activa la comisión vecinal María Antonia reclamando tierras para poder cultivarlas y vivir en ellas. Pero parte de las tierras que estaban reclamando «pertenecían» al latifundista Luis Rivarola Beltrán.
Para llegar a un acuerdo con el «dueño» de las tierras reclamadas, Benito y otros dirigentes fueron a hablar con el propio Don Luis Rivarola Beltrán y llegaron a un acuerdo. Las tierras serían ofertadas al indert, se harían las tasaciones, se presentaría la carta de oferta por parte de Luis Rivarola y se pagaría el valor de las tierras. Y los sin tierra encabezados por Benito tendrían sus tierras.
Pero algo anduvo mal, porque al parecer el indert no pagó al señor Rivarola. Y Rivarola, enfurecido y preocupado, descargó su furia latifundista contra los campesinos que estaban acampando al borde de «sus» tierras. Su furia llegó hasta Benito y sus compañeros con la cara del comisario Estanislao Cácerez vestido de fiscal y con orden de desalojo. Y el drama se caldeó.
«Aníkepeiketi, peike ha pogarroteakáta»
Lo cierto es que desde la creación de la comisión Benito tuvo que ser mucho más prudente en sus salidas, puesto que andaba recibiendo amenazas de muerte.
Ese mismo lunes 19 de septiembre cerca de las siete y media de la mañana Benito va camino a la despensa para comprar azúcar, cuando en el camino lo sorprenden dos personas en motocicleta:
¿Mooiko reho? pregunta el policía Francisco Brizuela.
Aháta ajogua azucá che rajpe almacéngui. responde Benito
Nderehomoãi.
Es entonces cuando Francisco Brizuela baja el cierre de su campera, enseña una escopeta corta y pone el caño en el costado de Benito y le tuerce el brazo. En eso el segundo tripulante de la moto, que no es otro que el policía Agustín Pérez, desenfunda una pistola calibre 22 y apoya la punta directo a la cabeza de Benito. Y sin mediar palabras aprieta el gatillo para asesinar a sangre fría al dirigente de la comisión vecinal María Antonieta, que ya había causado muchos problemas como para seguir vivo.
No contaban con mi astucia
Una bala incrustada en el ojo izquierdo. Tras el disparo, el cuerpo de Benito cae desplomado en el suelo, con el rostro totalmente ensangrentado. A patadas lo quitan del camino y lo dejan a un costado. Francisco y Agustín, cumplida la misión, abandonan el lugar y son ellos mismos quienes denuncian ante la fiscalía el hecho.
Lo que el latifundista Luís Rivarola Beltrán, el comisario Estanislao Cácerez y los esbirros Francisco Brizuela y Agustín Pérez no esperaban era que el disparo alertaría los pobladores y rápidamente irían a ver que pasó.
Cuando los compañeros de Benito lo encontraron al costado del camino, éste respiraba todavía. Rápidamente lo alzaron, lo escondieron en un kaaguÿ cercano sabiendo que sus asesinos lo buscarían nuevamente.
La versión «oficial» de los hechos
Fiscales, jueces y refuerzos fueron a buscar el cuerpo de Benito, que según ellos mismos, se había puesto retobado y había amenazado a los «agentes de la ley» con un filoso machete. Y que el disparo lo habrían efectuado sus propios compañeros, pero en vez de dar a los policías dieron a la cabeza de Benito. «Ose porã moã chugui kuéra la che jukaiterire», nos cuenta su insólita historia Benito Gavilán.
Al no encontrar el cuerpo de Benito se inició una cacería desesperada. Casa por casa lo buscaron y tampoco dieron con él. Incluso cerraron rutas y realizaron inspecciones a los automóviles sospechosos.
Pero Benito estaba escondido y tuvo que esperar hasta el miércoles de madrugada para poder salir de su escondite y buscar urgentemente ayuda médica. Cruzaron en canoa el río Tebicuary hacia Misiones ya que las rutas estaban custodiadas. En un vehículo particular lograron evadir los controles y llegaron al local del MCP en Asunción. De allí en taxi a Emergencias Médicas, donde los problemas siguieron dadas las precarias y conocidas condiciones en que opera este lugar estatal. Pero ya estaba a salvo y los compañeros del MCP denunciaron a la prensa la verdad de los hechos.
La historia sin fin
El caso de Benito Gavilán, actual coordinador departamental de Paraguarí del MCP, es uno de los cientos de casos de ajusticiamientos denunciados ante la ley por problemas relacionados con la tierra. Su historia solo es sutilmente diferente a las demás. Benito sobrevive.
Aun así la impunidad sigue, puesto que los responsables de este intento frustrado de asesinato están libres, y la vida de Benito aún está en riesgo. Pero existen denuncias concretas hechas por la Comisión de Derechos Humanos en Paraguay y por el MCP ante la fiscalía dentro de este nuevo gobierno. Existen expectativas positivas de justicia. Paciencia y esperanza están a la orden.
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Anónimo -
Miguel Armoa ⋅
Los acuerdos de cooperación firmados entre el gobierno de Fernando Lugo y Álvaro Uribe de Colombia despierta la alarma entre las organizaciones sociales y partidos de izquierda.
Los críticos a estos acuerdos dicen que existirían posibilidades de que los mismos ayuden a extender el Plan Colombia en Paraguay.
El Plan Colombia, más allá de sus objetivos formales, está sospechado como un plan de dominación del gobierno de los Estados Unidos en Sudamérica, que combinaría intervencionismo político, económico y militar, favoreciendo el control de la población, de manera que no constituyan una amenaza a su gobierno.
Para muchos, la Ley Antiterrorista recientemente vigencia ya sería fruto de este plan. Lugo aprovecharía aquellos convenios y esta ley para evitar que los movimientos sociales desborden el actual proceso político e inestabilicen su periódo de gobierno.
Este proyecto geoestratégico, el Plan Colombia incluiría también la apropiación de los recursos naturales como el Acuífero Guaraní.