LOS POLÍTICOS RATIFICARON UNA VEZ MÁS QUE ELLOS SON LOS DUEÑOS ABSOLUTOS DEL PODER JUDICIAL
Es lamentable y bochornoso que la clase política no haya podido llenar los cargos vacantes de la Corte Suprema y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) por vía de la razón. Por eso los senadores liberales y del Partido Unace lo tuvieron que hacer a tambor batiente, a modo de respuesta a lo que tomaron como una provocación de los colorados. Con ese mismo esquema, repusieron en el Consejo de la Magistratura a un legislador impresentable.
La larga pulseada de intereses contrapuestos que impedía llenar los dos cargos vacantes en la Corte Suprema y uno en el TSJE se acabó de un soplo ayer. Lo que llevó dos años sin solución y estaba cada vez más empantanado se desbloqueó por obra y gracia de la movida que hizo la Asociación Nacional Republicana (ANR) en el Consejo de la Magistratura, al designar una terna completamente colorada para la Fiscalía General del Estado.
Ese episodio causó el enojo de los que quedaron afuera y echó a andar la alianza entre liberales y oviedistas, contando con el apoyo del presidente de la República. De ahí en más entró a operar la nueva aplanadora parlamentaria, que amenaza con triturar sin piedad todo cuanto encuentre a su paso.
El primer capítulo se desarrolló el jueves pasado en la Cámara de Diputados, donde el legislador del Unace Gustavo Mussi fue repuesto en su cargo en el Consejo de la Magistratura.
Es penoso constatar cómo alguien que había retenido ilegalmente durante dos años una terna que debía ser remitida al Senado para llenar un cargo vacante vuelve ahora al Consejo de la Magistratura como si nada hubiera ocurrido. Él carecía de potestad legal para frenar un proceso que debió seguir su curso.
El Partido Colorado considera que la designación es ilegal al no contar con el aval de la votación favorable de dos tercios de los componentes de la Cámara Baja. Su representante en el Consejo dijo que no se retirará de sus funciones. Por lo tanto, lo que se viene en los próximos días es una crisis institucional.
El segundo capítulo se escenificó ayer en la Cámara de Senadores. De un plumazo, la disputa para designar a los dos miembros faltantes de la Corte y uno del TSJE quedó resuelta, después de que, por intransigencias, maniobras y torpezas, fue retrasándose hasta parecer que nunca iba a conseguirse un acuerdo en mayoría. De pronto, sin embargo, la coyuntura política permite que los tres participantes en el acuerdo saquen su propia tajada.
El saldo que deja el espectáculo -porque en eso se convirtió para la ciudadanía- es lo harto sabido: las máximas autoridades de la Justicia en el Paraguay están en manos de los políticos. La voluntad de estos es la que prevalece, motivo por el cual seguirá siendo imposible cumplir con el artículo 248 de la Constitución Nacional, que garantiza la independencia del Poder Judicial.
Si bien ahora las instituciones que funcionaban sin la totalidad de los miembros exigidos por la ley se completan de nuevo, por fin, es lamentable el camino recorrido para lograr ese objetivo. Las desavenencias entre los partidos políticos son las que permiten tener de nuevo una Corte y un TSJE conformes a lo que deben ser para que la institucionalidad recupere su plenitud.
Antes que llegar a los extremos que ratifican la irresponsabilidad de los políticos que solo buscan ventajas para sí mismos, debieron haber consensuado la solución hace tiempo, sin llegar a un clima de enfrentamiento y tensión.
La ciudadanía tiene que guardar en la memoria estos episodios que retrasan el desarrollo de la República. El país no les importa para nada a los parlamentarios y a sus partidos, salvo para que sea escenario de sus manipulaciones. Los electores deben ir archivando estos hechos para pasarles en las urnas la factura.
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