El 10 de diciembre es una fecha memorable desde el año 1948, día en que fue promulgado uno de los instrumentos jurídicos que se convertiría en el pilar fundamental de la protección y defensa de los derechos humanos, el cual trajo la esperanza para poner fin a tantos suplicios infligidos a los seres humanos por los mismos seres humanos. 

Es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dio lugar a la promulgación de un número significativo de tratados igualmente dedicados a la magna tarea de velar por el respeto de los derechos humanos, y el Paraguay los ha ratificado en su mayoría.

A pesar de ello, todavía somos testigos de que las violaciones persisten, no por desconocimiento o ausencia de las leyes, sino por la insensibilidad de algunos funcionarios públicos, por ejemplo el propio ministro de Justicia y Trabajo, Humberto Blasco, quien es el primer responsable de respetar los derechos humanos de las personas privadas de libertad y ciertos encargados de la administración de las penitenciarías y centros educativos del país. 

A modo de ejemplo, debo mencionar el caso ocurrido, en el mes de noviembre pasado, en la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo, siendo víctima de tortura el interno Nils Samudio, sindicándose como supuestos autores al mismo director de la Penitenciaría Regional de Villarrica, Lorenzo Mareco, y a su hermano, el director del Centro Educativo Sembrador de Villarrica, Luis Mareco -se trataría de un caso de nepotismo político- y otros. El caso se encuentra en investigación ante una Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público. 

En pleno siglo XXI, se ha encontrado en la Penitenciaría de Villarrica al interno Amado César Franco esposado y engrillado, tirado en el piso, sin colchón, como si se tratara de un animal y no de un ser humano, a pesar de las expresas prohibiciones del uso especialmente del grillo en instrumentos internacionales de derechos humanos -que el director de la Penitenciaría Regional de Villarrica, en su declaración a la prensa, consideró esta situación como "medida disciplinaria". 

Así mismo, reconoce que otro interno puede salir solo una hora por día y se jacta de respetar los derechos humanos. 

También algunos adolescentes en situación de privación de libertad son víctimas de tratos crueles, inhumanos o degradantes, ya sea en el momento de la detención por parte de algunos agentes policiales como en los centros educativos (denuncia en contra de Gregorio Cáceres, de Encarnación).

Los derechos humanos no solo pueden ser violados por funcionarios públicos, sino también por personas particulares, o por empresas de negocios que devienen responsables ante la omisión de instituciones públicas encargadas de su protección y defensa, como es el caso de las estaciones de servicios COPETROL y BARCOS Y RODADOS, pertenecientes a los señores Abraham Zapag y Luis Ortega. 

Ambas personas son dueñas de 44 y 65 estaciones de servicios, respectivamente, en todo el país, quienes, en vez de abonar a sus trabajadores playeros por las 12 o más horas que trabajan, solamente lo hacen por 8 horas. 

Esos trabajadores, denominados playeros, también trabajan los días domingos, sin el pago extraordinario por ser un día feriado. 

La situación descrita es conocida por el ministro de Justicia y Trabajo, Humberto Blasco, quien es el encargado de velar por el cumplimiento del derecho al trabajo en condiciones dignas y justas de estos trabajadores. Sin embargo, se hace cómplice, por omisión, de la violación de los derechos laborales, que son derechos humanos sociales y económicos, protegidos por nuestras leyes nacionales y por la Convención sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a cuyo fiel cumplimiento se ha comprometido el Paraguay. 



César Báez Samaniego

Director de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado

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