CAOS INSTITUCIONAL
- Gustavo Ortiz G.
Lo que ocurre en estos días en algunas municipalidades, en las que sus funcionarios no perciben sus salarios porque no hay dinero principalmente debido al mal manejo y corrupción de sus autoridades, así como la existencia en la planilla del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) de personas que cobran sueldos sin trabajar o cuyas asignaciones son percibidas por terceras personas, son dos de los casos actuales más representativos que nos muestran que el advenimiento de la democracia no significó mejoría en determinadas instituciones públicas del Paraguay.
Es indigno y criminal lo que los intendentes de San Lorenzo y de otras localidades hicieron -o no hicieron-, que desencadenara en que sus trabajadores estén meses sin recibir sus remuneraciones, como consecuencia de lo mencionado.
Increíblemente, año tras año y gobierno tras gobierno municipal sucede lo
mismo: Ineficiencia y latrocinio, sin que se conozcan hasta ahora castigos de la Justicia contra los
responsables de los hechos penados por ley. Es una vergüenza. La culpa la
tienen, en forma compartida, la
Fiscalía y el Poder Judicial.
También
una parte de la culpa la tiene la paupérrima educación cívica, que imposibilita
que a través de las urnas o de otros mecanismos de rechazo se deje de lado a los
inescrupulosos y bandidos.
Las
municipalidades, repito una vez más, son instituciones fundamentales que pueden
influir enormemente en el desarrollo social de sus áreas de influencia, pero
casi siempre el único progreso que se ve es en las cuentas bancarias y en la
suma de bienes de sus principales dirigentes.
El TSJE
es otra de las instituciones más vinculadas con las acciones irregulares y
prebendarias que se niega a sanearse. Gran parte de los miles de planilleros
que alberga esa entidad no son personas necesitadas, son hijos o parientes de
políticos que a su vez cuentan con cargos muy bien remunerados en otras
dependencias estatales, y otros al mismo tiempo son empresarios.
Esos
empleados que no cumplen función alguna quitan al Estado fondos que pueden ser
redireccionados a pobladores o a entes que requieren ayuda. Además, ya que se
sabe que muchos de esos salarios son cobrados ilegalmente por ladrones (según
las denuncias, que se corroboran con el descubrimiento de las tarjetas de
débito en poder de apadrinados políticos), es urgente que esos caudales sean
recuperados por el Ministerio de Hacienda, y que el próximo ejercicio ya no
estén en el presupuesto.
En gran
medida esos robos al Estado, a la ciudadanía, son conocidos y protegidos por
los seudopolíticos que pululan en la función pública. Para que no vuelvan a
repetirse, la gente puede sacudirse de ellos, dejarlos fuera de combate. Esto
se puede lograr con una mejor educación cívica, centrada en el rechazo a los
líderes corruptos y en la recomendación de dar el voto solo a gente de probada
reputación. El Ministerio de Educación necesita encararla ya mismo.
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