Ayer, tranquilamente, como Juan en su casa, un bien conocido dirigente campesino, sobre quien pesa orden de captura por invasión de propiedad privada y transgresión de la ley de armas, José Rodríguez, ingresó en el Palacio de Gobierno, donde lo esperaba el presidente Fernando Lugo. El tema pendiente entre ellos: la concreción del fato de las tierras del brasileño Ulisses Rodrigues Teixeira.    

Acontecimientos insólitos, como este episodio, son los que aumentan las sospechas de connivencia entre las más altas autoridades del Gobierno y campesinos violentos autodenominados “sintierras”, quienes con una muy sospechosa insistencia presionan para la compra de las tierras del brasileño, operación que desde el comienzo estuvo envuelta en una nebulosa que mueve a pensar en la existencia para el lugar de un proyecto oculto que nada tiene que ver con tierras para campesinos.    

Este nuevo episodio constituye también una demostración cabal del desprecio que tienen las más altas autoridades del país por la Constitución, las leyes y sus instituciones. Cabe hacer hincapié en que si desde la misma cumbre del poder político se alientan y fomentan las transgresiones de las leyes de la forma más descarada, el Gobierno no solo carece de la autoridad moral para exigir su cumplimiento a los demás ciudadanos, sino directamente los incita para que, a su vez, procedan a violarlas. Por este camino, y cuando las autoridades no muestran el ejemplo de la responsabilidad en su cumplimiento, es muy poco lo que se puede esperar para que el estado de derecho sea una realidad en el Paraguay. ¿En nombre de qué principio respetable exigirá el Gobierno a los demás el cumplimiento de la ley si él mismo no la cumple?   

José Rodríguez, un campesino violento buscado por la justicia por invasión de inmueble ajeno y violación de ley de armas, tiene orden de detención –junto con Eulalio López y Virgilio Benítez– dictada por un juez competente de Santa Rosa del Aguaray (San Pedro), de fecha 15 de diciembre de este año, pero entró al Palacio de Gobierno sin inconveniente alguno. ¿Por qué no fue  detenido por la seguridad de la Casa de Gobierno? La explicación de las autoridades es que “justamente” en el momento en que el mismo ingresaba al lugar dejó de funcionar el sistema de control informático de las personas. Es evidente que las actuales autoridades creen que la ciudadanía es estúpida.    

Pero aun cuando fuere cierta esta versión, nadie en su sano juicio va a creer que fue una casualidad lo ocurrido, a sabiendas de que este personaje es muy conocido debido a su continua y gran exposición mediática, y ni Lugo ni los jefes policiales y militares del Palacio pueden alegar que ignoran que Rodríguez es buscado por la justicia. Si el presidente Lugo no sabía la situación de este individuo, quiere decir que desconoce otras cosas que ocurren en el país, que vive en el limbo. Y si así de avispados son los hombres de la seguridad del Primer Mandatario, puede afirmarse  que este corre un grave peligro.    

La infantil justificación que pretendió dar el asesor jurídico de la Presidencia de la República, Dr. Emilio Camacho, diciendo que se cayó el sistema informático del Palacio en ese momento, es ridícula y constituye una falta de respeto a toda la ciudadanía.    

El presidente Lugo está sentando muy peligrosos precedentes con el pretexto de que, buscando solución al problema de tierras que aqueja a muchos compatriotas, se puede burlar de la ley y las instituciones de la República. El caso de las tierras de Teixeira, desde su mismo origen, tiene tufos de corrupción, y la obsesión con que, pese a ello, muestran campesinos violentos y autoridades cómplices en conseguirlas aumenta la presunción de que lo que existe en verdad para ellas es la creación allí de una “zona liberada” para una narcoguerrilla criolla con inspiración “bolivariana”.    

Si el presidente Lugo realmente aspira, como dice, a contribuir en la construcción de un Paraguay moderno donde imperen las leyes y las instituciones y no la voluntad o el capricho enfermizo de sus gobernantes, debe comenzar por cumplir con las leyes y no violarlas.    

Si los violentos con orden de captura tienen vía libre para ingresar hasta el mismísimo Palacio de Gobierno, nos preguntamos qué le queda al resto de los ciudadanos. El incidente ocurrido ayer nada menos que en la sede gubernativa habla muy poco a favor de la voluntad que supuestamente tiene el presidente Lugo de hacer posible el estado de derecho en nuestro país.

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