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HA… CHE RETà PARAGUAY ✓

LA CRISIS POLICIAL

  • Escribe Alberto Vargas Peña

Desde su época de gloria, la dictadura, la Policía ha venido sufriendo diversos episodios de una cd del régimenrisis que no termina, provocada por una educación defectuosa y una resistencia a los cambios ostensible y tenaz.

La Policía se ha convertido en unos problema insoluble, que afecta a la población a la credibilidad del régimen, que se debate entre la permisividad y la reacción. Los delitos son castigados, pero la rebeldía interna no.

Internamente la educación policial no ha avanzado en los conceptos de democracia y la educación y su comportamiento deja que desear. Los policías, abusando de su situación armada, cometen delitos absurdos y tienen abusos de poder que son casi, pero casi casi, la misma cosa.

El policía continúa creyéndose dueño de la calle y reacciona con violencia, como antes, contra cualquier resistencia. Mata, tortura y roba, creyéndose a cubierto, sin importarle las consecuencias. Y el mando castiga, pero no educa ni cambia los términos de la educación anterior.

La Policía, o los policías se y respetuosa de la ley y los principios creen capaces de legislar y aplicar las leyes que creen oportunas y proceden de manera escandalosa, o simplemente, evaden comprometerse. Culpan de sus limitaciones a los fiscales y al Código Penal y limitan el cumplimiento de su real deber. Esta es una situación difícil, que hay que saber manejar y que, después de veinte años de la caída de la dictadura, no se ha sabido resolver.

Obviamente el mando no ha sabido impartir una educación diferente, democrática y fiel a los principios y maneja un cuerpo que cree que todavía pueda hacer cosas que son imposibles de concebir en una democracia y que llevan mucho tiempo insertadas en la mente de sus componentes. El uniforme y el revólver no son los elementos apropiados para resolver el problema.

Así, la Policía cree que puede resolver problemas de tránsito imponiendo su versión contra la de los automovilistas, a los que agravia, o simplemente se desentiende del caso provocando accidentes. Se trata de una situación límite que hay que resolver.

En cuanto a los delitos mayores es peor.

Jefes policiales de negros antecedentes son mantenidos en sus sitios, sin apreciar que el ejemplo es un elemento básico de la educación y que si un jefe tiene una conducta turbia, esta se refleja en sus subordinados. Si un jefe es ladrón y está impune y hasta premiado, esta conducta será repetida por sus subordinados.

Veinte años han pasado desde la caída de la dictadura y la Policía no ha podido absorber el cambio. Ha sido un viento, pero no una enseñanza. Y ahora la situación se agrava porque el pueblo no soporta más.

La Policía debe ser confiable plenamente. La vista del uniforme debe causar tranquilidad y la aplicación de la conducta debe ajustarse a la ley. No a cualquier disposición ni a cualquier manera: a la ley.

Tanto si se trata de un automóvil conducido por alguien que no es su dueño, como si se trata de una sospecha de un acto criminal.

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Anónimo -

Pide Amnistía Internacional cese de maltratos policiales en Paraguay


Asunción, 6 Abr (Notimex).- La filial de Amnistía Internacional (AI) en Paraguay pidió hoy al gobierno de Fernando Lugo promover acciones para poner fin a la tortura y otros tipos de maltratos policiales en este país sudamericano.

En el marco de su campaña "Seguridad con derechos humanos", la organización humanitaria demandó a la administración de Lugo que ponga fin a la "impunidad de los casos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes".

Recordó que de 900 denuncias que datan del año 2000, sólo cuatro terminaron en una acusación y dos en una condena, y advirtió que los abusos se cometen principalmente al momento de la detención, en la patrullera de la Policía, o al momento del traslado a comisarías.

Mencionó la aplicación de métodos inhumanos como el del "submarino seco", consistente en ahogar al detenido en su propia respiración; golpes en las manos y los pies con cachiporras de goma para evitar que queden rastros y la simulación de una ejecución.

También forman parte del cuestionado "trabajo" de los organismos policiales y de seguridad del Estado paraguayo las amenazas de muerte y coacción sexual "para ablandar a las personas detenidas", subrayó el informe de AI.

Advirtió que pese a la ratificación en mayo del año pasado por parte del gobierno de Paraguay de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, aún no se cumplió con algunos requisitos.

AI detalló que el gobierno paraguayo no hizo la declaración prevista para aceptar que se presenten comunicaciones individuales a otros Estados, y también pide el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Verdad y Justicia (CVJ).

La CVJ dictaminó en 2008 sobre los abusos perpetrados durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) y los primeros años de la transición, para investigar a todas las personas mencionadas como presuntos victimarios.

La comisión concluyó que por lo menos 59 personas fueron ejecutadas y otras 336 desaparecieron en Paraguay durante la dictadura de 35 años que encabezó Stroessner y refirió que llegó a 128 mil 76 el número de perseguidos durante el régimen militar.