El Gobierno no dice toda la verdad sobre el cemento, está protegiendo los negocios de alguien y los hechos ocurridos en la frontera de Itapúa con Argentina lo ponen en evidencia.

Las colas para adquirir cemento a cuenta gotas continuaban ayer. Esto indica que no está resuelto el tema del abastecimiento y que la escasez continúa.

Al mismo tiempo el país tuvo constancia, en los últimos días, que la Aduana, el Ministerio Público y la Policía han detenido a trabajadores informales de frontera que traían cemento argentino, a raíz de lo cual estos bloquearon el acceso al centro de frontera del puente San Roque González de Santa Cruz.   

Las excusas para impedir el ingreso del necesitado cemento van desde las trabas paraarancelarias, como las inspecciones del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización, o trabas arancelarias, como la negativa a otorgar a estos importadores una especie de pago pacotilla.

 

Las discusiones sobre la modalidad de esta especie de pago, que se arguyen para ocultar el fondo del problema, no deben impedir ver que se trata de excusas para impedir o restringir la importación de cemento.

 

No hay libre importación de cemento en Paraguay. Las concesiones que eventualmente benefician a estos pequeños importadores o a otros son solamente eso, concesiones revocables a placer de quienes detentan el oligopolio de la distribución del preciado material.

 

El oligopolio es el grupo de personas o grupo de personas que tiene una posición hegemónica en el mercado del cemento: “Concentración de la oferta de un sector industrial o comercial en un reducido número de empresas”.

 

La existencia del oligopolio se constata por la existencia de las restricciones. Sin embargo, el oligopolio está específicamente prohibido por el artículo 107 de la Constitución, que establece que “Toda persona tiene derecho a dedicarse a la actividad económica lícita de su preferencia, dentro de un régimen de igualdad de oportunidades. Se garantiza la competencia en el mercado. No serán permitidas la creación de monopolios y el alza o la baja artificiales de precios que traben la libre concurrencia. La usura y el comercio no autorizado de artículos nocivos serán sancionados por la Ley Penal”.

 

El cemento no es, en principio, un artículo nocivo (en cualquier caso la supuesta nocividad debe ser demostrada siguiendo los requerimientos de un debido proceso) y, por tanto, no hay razón alguna que justifique la restricción que se impuso salvo la instrumentación de la Aduana, el Ministerio Público y la Policía para asegurar la cautividad del mercado al oligopolio.

 

Los datos publicados por los medios señalan que nadie se había molestado mientras los paseros cargaban dos o tres bolsas, pero que hicieron entrar en acción a las instituciones señaladas cuando uno de los paseros fue sorprendido con una carga un tanto mayor.

 

Lo que se puede presumir es que esa carga un tanto mayor ya fue vista como amenaza por el oligopolio.

 

Como en todos estos casos de restricciones, la oportunidad de corrupción está a la vista y ya hay denuncias de que dejan pasar a quien pague coimas.

 

Es decir, el cuadro de una economía cerrada está completo.

 

El gobierno no dice toda la verdad sobre el cemento, está protegiendo los negocios de alguien y los hechos ocurridos en la frontera de Itapúa con Argentina lo ponen en evidencia.

 

 

 

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