La elección del doctor Luis María Benítez Riera como nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia bien puede constituir una oportunidad para que la Justicia paraguaya comience a sanearse para reanimar así la desmayada confianza de los ciudadanos.    

Es cierto que los males que aquejan al Poder Judicial son innumerables, se arrastran desde el pasado, responden a la misma forma en que sus miembros son designados, fundada en acuerdos o componendas entre los integrantes de la mal llamada “clase” política. Es decir, la problemática responde a cuestiones de carácter estructural que muy difícilmente puedan llegar a subsanarse por el voluntarismo de una sola persona.    

Sin embargo, los hasta ahora favorables antecedentes del legajo personal y profesional del nuevo titular de la Corte, así como el hecho de que se trata de una figura nueva en la máxima instancia judicial de la República, permiten suponer una lógica, sana y necesaria proyección de sus principios hacia los demás ámbitos del quehacer judicial; un golpe de timón que pueda permitir rescatar a nuestra Justicia del nauseabundo y enlodado charco en el que la sumieron la corrupción, el descrédito y la manipulación política de las últimas décadas.    

En la célebre y recordada carta pastoral de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) denominada “El saneamiento moral de la Nación”, del 12 de junio de 1979 –emitida en pleno auge de la dictadura stronista–, los obispos de nuestro país advertían que su mayor preocupación en aquel momento era “el grave deterioro moral de nuestra sociedad, la quiebra de los valores morales que pone en peligro la estabilidad misma de la nación”, atribuido, señalaban, a los “ídolos” de la riqueza, el placer y el poder.    

En medio de aquel estado de postración, la Iglesia destacaba que sobresalían “por su gravedad y urgencia la mala administración de la justicia y la excesiva tolerancia observada en casos repetidos de transgresiones públicas y manifiestas y la impunidad de que gozan sus autores”. El análisis, tres décadas después de formulado, permanece tristemente vigente.    

Es cierto que esta crisis moral a la que aludía la jerarquía católica se refleja hoy de manera similar en el accionar de los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Sin embargo, es en este último donde se percibe una descomposición cada vez más acelerada de su estructura, con gravísimas derivaciones para la sana marcha institucional de la República, puesto que es a él al que la Constitución Nacional encargó la custodia e interpretación de sus mandatos y disposiciones.    

En el Poder Judicial se refleja casi a la perfección el inmoral estado de cosas en que la dictadura stronista –principalmente– sumió al país. Su derrumbe se debe a la casi absoluta dependencia del poder de los políticos, así como a una extendida y creciente venalidad de sus miembros. Se impone, pues, una profunda reforma de su estructura, desde los cimientos.    

Sin embargo, esta necesaria transformación choca con dos obstáculos principales: el “cuoteo” político y la imposibilidad de la clase política paraguaya de ponerse de acuerdo para emprender los cambios que se requieren de manera urgente.    

La situación de esclerosis institucional a la que hemos llegado es francamente alarmante, hasta el punto de contarse con fallos de la Corte Suprema de Justicia incumplidos (lo cual constituye un hecho sumamente irregular en todo régimen republicano y democrático) por la fundada sospecha de que han sido producidos de forma espuria; pero al mismo tiempo es imposible impulsar alguna acción concreta tendiente a reparar el daño ocasionado, debido a la absoluta incapacidad del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo para promover los consensos que se requieren para producir reformas estructurales.    

Esta situación, además, constituye un grave obstáculo para el desarrollo del país, puesto que el clima de inseguridad jurídica reinante impide que el Paraguay se convierta en un destino atractivo en términos de inversiones extranjeras, elemento indispensable para estimular el crecimiento económico y la creación de empleo digno.    

Lo decíamos al comienzo y lo reiteramos aquí: es difícil que la voluntad de un solo hombre pueda cambiar este estado de postración moral en que se encuentra actualmente nuestra Justicia. Sin embargo, un liderazgo renovado con intenciones de carácter restaurador puede inducir el inicio de un proceso que lleve al Poder Judicial hacia un nuevo derrotero, que lo encamine por un rumbo de recuperación de los valores republicanos que la Constitución le asigna, entre los que debe brillar singularmente aquel que garantiza su propia independencia y su defensa innegociable del estado de derecho.

 

http://www.abc.com.py/nota/nueva-oportunidad-para-rescatar-a-la-justicia-paraguaya/

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