EL CONGRESO DEBE SER INFLEXIBLE EN EL CONTROL DE LOS INTERESES NACIONALES
Apenas meses después de que el Paraguay recuperara su soberanía sobre el Chaco Boreal, o Villa Occidental, arrebatada por la fuerza por la Argentina tras la Guerra de la Triple Alianza y devuelta a él por el justiciero Laudo Hayes, el 15 de octubre de 1879, el canciller nacional, José Segundo Decoud, y el ministro plenipotenciario de Bolivia acreditado ante el Gobierno paraguayo, doctor Antonio Quijarro, firmaron un Tratado de Límites, Comercio y Amistad por el cual nuestro país cedía a Bolivia más de la mitad de lo que actualmente constituye el territorio paraguayo del Chaco.
El límite convenido fue el paralelo geográfico que, partiendo de la desembocadura del río Apa en el río Paraguay, fuera en derechura hacia el oeste hasta interceptar el río Pilcomayo. Por suerte para nuestra nación, el Congreso paraguayo se negó a prestar su acuerdo al inicuo tratado, pese a la fuerte presión ejercida a favor del mismo por el presidente de la República, Cándido Bareiro, invocando supuestas ventajas económicas que el acuerdo propiciaba para el país. Retrotrayendo a nuestros días esa vil tentativa de alta traición a la patria por parte del Presidente y su canciller, comprobamos que, de haberse ella concretado, la actual ciudad de Mariscal Estigarribia estaría hoy localizada en territorio boliviano.
Pese a haber pasado casi desapercibida en su momento, a causa de la inestabilidad política y las tribulaciones propias de la gran tragedia que como secuela de la guerra la nación sobrellevaba en ese tiempo, la valentía moral de esa pléyade de legisladores paraguayos ha pasado a la historia como un ejemplar testimonio de patriotismo, digno de emulación por parte de quienes hoy tienen el privilegio y la responsabilidad de representar al pueblo en el Gobierno.
La lección de heroísmo civil legada por el honorable y patriótico Congreso de la Nación paraguaya de 1879 debiera servir, si no como fuente de inspiración, al menos como faro de advertencia para quienes en el presente fungen como senadores y diputados de la nación, para defender con firmeza los intereses nacionales cuantas veces constaten que el Poder Ejecutivo –responsable de las relaciones exteriores de la República– da señales de debilidad en el manejo de los mismos frente a ambiciones foráneas, tal como ha sucedido en el pasado y está sucediendo actualmente bajo el gobierno del presidente Fernando Lugo en cuanto a la defensa de nuestros intereses en las usinas binacionales de Itaipú y Yacyretá, así como con relación a las recurrentes trabas a nuestro comercio exterior por parte de nuestros socios en dichos emprendimientos energéticos.
Desde hace más de tres décadas, Brasil y Argentina vienen apropiándose indebidamente de la mayor parte de la energía eléctrica que le corresponde al Paraguay en ambas usinas, merced a la codicia personal y a la falta de patriotismo de los gobernantes paraguayos que se han sucedido en dicho lapso, y a la obsecuencia y venalidad de los altos funcionarios paraguayos, que vergonzosamente han aportado su complicidad para la consumación del delito de traición a la patria, entregando a nuestros taimados socios el control discrecional de las hidroeléctricas binacionales y de los beneficios económicos devengados.
Si tuviéramos que pasar revista a la galería de émulos del entreguista presidente Cándido Bareiro, encabezaría la misma el extinto dictador Alfredo Stroessner, precursor y máximo responsable de la entrega de nuestra soberanía energética en Itaipú y Yacyretá. Le seguiría Andrés Rodríguez, por las célebres Notas Reversales suscritas con el Gobierno argentino en enero de 1992, la más lesiva de las cuales afortunadamente no fue aprobada por el Congreso paraguayo. A seguir, Juan Carlos Wasmosy, quien aceptó la deuda espuria de Itaipú de más de 4.000 millones de dólares, cargándola a espaldas del pueblo paraguayo para que la paguen las generaciones presentes y futuras. Vendría luego Nicanor Duarte Frutos, quien suscribió con el Gobierno argentino el acuerdo conocido como “Plan de Terminación de Yacyretá” (PTY): un retoque cosmético de la Nota Reversal de 1992, que a toda costa el Presidente trató de hacer aprobar por el Parlamento, felizmente sin éxito. Cerrando la galería de los ilustres vendepatrias debiera estar el presidente del CAMBIO, Fernando Lugo, quien luego de prometer al pueblo la recuperación de la soberanía energética para que lo vote, terminó aceptando, a cambio de meras promesas, el statu quo legalizado por sus predecesores, tanto en Itaipú como en Yacyretá. Como broche de oro de su desconsideración e impostura, no tuvo miramientos para autorizar la elevación del nivel del embalse de la represa de Yacyretá a la cota 83 msnm., inundando vastos sectores desprotegidos de la ciudad de Encarnación, con lo que los humildes pobladores de tales áreas tuvieron que correr del agua como hormigas.
En algún recuadro de la galería de los entregadores de nuestra soberanía energética en Itaipú y Yacyretá no debieran faltar los ciudadanos que fungieron como lacayos del dictador Stroessner y sus sucesores en la consumación, por ineptitud o corrupción, de la vil entrega de los intereses superiores de la Patria: Enzo Debernardi, principal negociador de los tratados de Itaipú y Yacyretá; los procesadores de las fatídicas Notas Reversales de 1992 sobre Yacyretá; Miguel Fulgencio “Kencho” Rodríguez, como presidente de la ANDE fue principal cómplice de Wasmosy en la aceptación de la “deuda espuria” de Itaipú; Angel María Recalde y Paul Sarubbi, los gestores del “Plan de Terminación de Yacyretá”, entre otros.
Finalmente, no deja de ser una ironía el retorno de algunos protagonistas de ese pasado nefasto a altas funciones públicas que tienen que ver con las usinas hidroeléctricas binacionales, habida cuenta del flaco favor que han hecho a los intereses nacionales en el pasado. Se trata de los ingenieros Ricardo Canese y Miguel Fulgencio “Kencho” Rodríguez, cuyos desempeños en el cuidado de los intereses paraguayos en las usinas binacionales difícilmente vayan a ser ahora mejores que los cumplidos con anterioridad en altos cargos del sector energético nacional.
Para poner coto a esta imparable ola de fraude y menoscabo de la soberanía paraguaya, es preciso que el Congreso recupere y reivindique su vocación histórica en defensa de los intereses nacionales, tal como lo hizo en otro tiempo ante quienes se disponían a entregar el territorio de nuestro país a los vecinos del norte. Hoy más que nunca, los legisladores deben demostrar su espíritu de patriotismo, reclamando cuentas al Poder Ejecutivo por el deplorable manejo que viene haciendo de los temas más sensibles de nuestra agenda energética con nuestros poderosos vecinos. Haciéndolo, demostrarán a la ciudadanía el lugar preponderante que el Poder Legislativo debe ocupar en el proceso de consolidación de nuestra democracia.
1 comentario
Paulina Oddone Careaga -
Se hizo un anuncio relevante para el país y que trata sobre la venta de energía eléctrica a Uruguay. Que yo sepa, en Sudamérica no existe país alguno que exporte energía hidroeléctrica y capaz que sea en el mundo, y lo que es más, se venderá de una central que es propiedad exclusiva de los paraguayos, como es Acaray.
Al menos, esta vez, no hablamos de las potentes dos centrales hidroeléctricas Itaipú y Yacyretá que compartimos con Brasil y Argentina, respectivamente.
Lo que no me resulta claro todavía, son las condiciones de comercialización de la energía con Uruguay. Apenas se ofrecieron detalles muy limitados, como ser que se transportará utilizando postes ya instalados por Argentina y que posiblemente se recaude unos 150 millones de dólares anuales. Nada más que eso.
Faltan muchas informaciones para que se transparente la operación y que no termine en un simple anuncio. Para empezar, los uruguayos todavía no se pronunciaron sobre el tema y si esto fuese solo un detalle, de cualquier forma no se han aportado datos sobre si la Argentina cuánto va a cobrar a Paraguay por prestar sus postes conductores (no se si así se llama). De lo que estoy seguro es que los argentinos no nos van a ceder gratis, tienen que cobrarnos. Además, hay que reconocer que Uruguay está muy lejos de Paraguay por tierra y si no utilizamos territorio argentino, la venta no se va a producir jamás.
No hay que olvidarse que el gobierno paraguayo había mencionado su proyecto de también venderle energía hidroeléctrica a Chile, algo mucho más ambicioso todavía que lo de Uruguay.
Nuestro país, de hecho, vende energía a Brasil y Argentina, pero esto se encuentra contemplado en el mismo tratado de construcción de las dos centrales hidroeléctricas mencionadas. Es decir, lo que Paraguay no usa (de hecho no tiene capacidad para usar) se lo vende a sus socios. Lo que pasa nomás es que en ambos casos la venta no es a precio de mercado, sino a precio de un acuerdo entre las partes donde Paraguay siempre ha perdido. El caso Brasil por ejemplo es patético, nos paga 120 millones de dólares anuales por darle toda la energía de Itaipú que ahora, parece, se incrementará a 360 millones de dólares. Con Argentina pasa lo mismo.
Entonces, la proximidad de la venta con Uruguay debiera ser a precio de mercado, pero tampoco existe una información al respecto. Por eso es que al tiempo de sentirme congratulado por la información de que aparte de carne y soja también la energía hidroeléctrica va ser una fuente de exportación para el país, necesitamos disponer de noticias puntuales de lo que le vamos a vender a los uruguayos y que no sea una simple promoción gubernamental.