La mayoría de los procedimientos policiales que pretenden aparentar exitosos por sus resultados, presentan muchas dudas, lo que finalmente opaca la labor de los efectivos policiales.

Semanas atrás, nada más y nada menos que agentes de Inteligencia de la Policía Nacional detuvieron al brasileño Aluisio Cavalcanti, a quien a toda costa intentaron involucrar en el asalto al banco Itaú, sin pruebas contundentes, y el fiscal tuvo que liberarlo en esta causa específica. Recién, días después, ya tarde, la Policía se percató de que Cavalcanti era buscado por una fiscala de Ciudad del Este por otro asalto.

¿Quién tuvo la culpa? La Policía, generalmente cuando aprehende a una persona consulta con el Departamento de Informática de la institución, donde están registradas todas las órdenes de capturas de personas que tienen cuentas pendientes con la Justicia. ¿O nuevamente, en esa oportunidad falló la red informática de Inteligencia, y por ello no saltó la orden de captura de Cavalcanti en Alto Paraná? Tal como ocurrió en diciembre pasado, con José Rodríguez, el dirigente campesino que induce a la invasión de tierras, quien tenía orden de detención y los agentes de la seguridad del presidente de la República no se percataron que tenían visita de un prófugo. Si es reiterativo este problema de informática, no es descabellado pensar que haya pasado lo mismo en el caso Cavalcanti. Lo cierto es que días después del caso ocurrido en el Palacio de Gobierno, el jefe de seguridad de ese lugar fue cambiado.

 

La oficial Cinthia Giménez, quien salió y dio la cara por sus camaradas, admitió que hace falta mayor coordinación en el trabajo entre la Policía y la Fiscalía, al tiempo de defender el procedimiento “ilegal” –según el fiscal–, haciendo referencia a la pronta liberación del brasilero, que a su criterio, no correspondía.

 

La impresión que nos deja cada procedimiento mal ejecutado, es que detrás hubo alguna “mano negra” que posiblemente intentó sacar beneficio económico.

 

Muchos casos como estos se vienen repitiendo permanentemente en diferentes unidades de la Policía.

 

Días pasados, una patrullera de la Comisaría 11ª Metropolitana detuvo a un automovilista por cruzar luz roja a la medianoche, sobre Madame Lynch. El conductor alegó temor a que lo asalten los limpiavidrios apostados a metros del Cementerio del Este, y el suboficial interviniente le reclamó porque pudo haber causado un accidente. Llamó la atención el maltrato, además del mal procedimiento encarado, ya que el suboficial, primeramente estaba conduciendo la patrullera, y luego el mismo se bajó para interrogar al automovilista, mientras su acompañante no se preocupó en realizar el trabajo.

 

Luego, el suboficial, además de ser chofer, fungió de “zorro gris” y exigió registro de conducir y habilitación del vehículo, no así la cédula verde del rodado que pudo haber sido robado. Estas cosas son las que hacen a la ciudadanía que pierda la paciencia y el respeto a la investidura de un agente del orden.

 

Más aún, cuando surgen lluvias de denuncias de extorsión o robo. Ayer, otros dos automovilistas denunciaron haber sido “asaltados” por efectivos policiales en patrullera, en la zona de España y Sacramento, cercanías del hospital central del IPS, también en horas de la noche. Casi la misma situación se dio con un socio del Centenario, a quien agentes, presumiblemente de la comisaría 19ª Metropolitana, retuvieron porque el conductor pasó luz roja. Este, finalmente tuvo que pagar “peaje”, con un celular, porque dinero no tenía consigo, para sortear el peligro y llegar a casa.

 

¿Quiénes controlan a los agentes policiales que patrullan a la noche? Al final, ¿en manos de quiénes está nuestra seguridad?, ¿Son verdaderos policías, o estamos ante nuevos tipos de “peajeros” de la calle?

 

 

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