El diputado Ariel Oviedo, de Unace, se permitió ayer amenazar a los fiscales que investigan el caso de los recomendados de Justicia Electoral con incoarles un juicio político.

En sentido parecido se pronunció el diputado Salustiano Salinas, del PLRA, presidente de la Comisión Permanente del Congreso, quien advirtió que los fiscales deben trabajar con sigilo si no quieren exponerse a sanciones.

 

Salinas explicó por qué los defensores del sistema de privilegios que existe en Justicia Electoral hablan ya el mismo idioma: El miércoles se reunieron todos los líderes de bancada de los partidos afectados y decidieron establecer un discurso uniforme y una estrategia común.

 

No es extraño que los privilegiados defiendan sus privilegios. Lo extraño sería que no lo hagan. Después de todo, Ariel Oviedo, Salustiano Salinas y los demás diputados y senadores que pueden hacer pagar al pueblo paraguayo los costos de su generosidad con quienes vienen a solicitarles trabajo quieren seguir siendo generosos, pero con el dinero de otros.

 

Hay que recordar que los diputados Oviedo, Salinas y los demás legisladores con recomendados están haciendo pagar impuestos al pueblo paraguayo, no para construir escuelas, hospitales, rutas o para dotar a la seguridad, sino para que ellos puedan ir por el país repartiendo dadivosamente puestos públicos a beneficiarios escogidos discrecionalmente por ellos.

 

Doscientos veinte mil millones de guaraníes están reservados para este fin.

 

Debe ser muy satisfactoria la sensación de lograr agradecimientos y lealtades por parte de quienes obtienen la gracia de recibir un trabajo en el Estado gracias a la propia gestión. Con el dinero del pueblo, Ariel Oviedo, Salustiano Salinas y los demás legisladores en su situación construyen su popularidad particular.

 

Cabe preguntar si tanto empeño en la defensa de los recomendados se debe, o no, a que los citados diputados y sus colegas no son capaces de alcanzar popularidad de otro modo. Pero esa es una cuestión aparte.

 

Los diputados Oviedo y Salinas olvidaron que no pueden asegurar que los nombres de los recomendados publicados en los medios hayan sido proporcionados por los fiscales y que es posible que los medios los hayan obtenido por su cuenta, como es su derecho hacerlo según la Constitución Nacional.

 

Pero suponiendo que hayan sido los fiscales quienes dieron los nombres, Oviedo, Salinas y los partidos políticos que coordinaron una estrategia común para defender sus privilegios, pretenden castigar un defecto de forma para mantener vigente un defecto de fondo y simplemente le están confirmando a la sociedad que no tienen voluntad alguna de cambiar en beneficio del pueblo.

 

Oviedo, Salinas y los partidos del privilegio gastarán su tiempo y sus esfuerzos en castigar a los fiscales, en vez de invertirlo en reformar un sistema que ofende a los paraguayos decentes y que es una escandalosa evidencia de la quiebra moral de la clase política paraguaya.

 

Tal vez triunfen Ariel Oviedo, Salustiano Salinas y los partidos Colorado, Liberal y Unace y logren detener la investigación de los fiscales. Pero ese triunfo tendrá el costo de herir de muerte la ya agonizante legitimidad de una clase política que clara y obviamente prefiere el abuso antes que la transparencia.

 

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