EL NUEVO PROYECTO DE IRP FAVORECERÁ A LOS QUE NO QUIEREN LA TRANSPARENCIA

La larga lucha por la imposición legal del IRP entra en su octavo año (desde el 2003) y aún no se avizora la posibilidad cierta de que el Paraguay se sume a los países serios que lo tienen como un instrumento fundamental de recaudación y, sobre todo, de formalización de la economía. 

Ahora, en pos de su objetivo, Hacienda anuncia que propondrá introducir un artículo en el proyecto de implementación del IRP que permita a la Administración Tributaria trasladar la responsabilidad de la prueba al contribuyente.

La intención -al respecto- es que cuando la Administración Tributaria le pida a un contribuyente detalles de algunos ingresos, la responsabilidad de la prueba esté en dicho contribuyente, que debe demostrar cómo obtuvo esos ingresos. Este instrumento reemplazará a la declaración jurada patrimonial, tan cuestionada por los empresarios.

"Se ha decidido eliminar la declaración jurada patrimonial, como un gesto de buena voluntad, ya que ese fue el punto que más se había cuestionado. Por otro lado, el tema de la prejudicialidad lo estamos analizando con gente de diferentes sectores, entre ellos la Fiscalía; una fórmula de manera a que pueda atenderse la necesidad de las dos partes. O sea, ¿cuál es la inquietud del sector privado? Que hay fiscales, y sabemos que es cierto, que van y extorsionan al empresario sin que haya una causa real", declaró el viceministro de Tributación, Gerónimo Bellasai, tras una reunión sostenida entre el ministro de Hacienda y directivos de la Unión Industrial Paraguaya (UIP).

En un primer momento se había sostenido que el IRP no tenía una meta recaudatoria, porque era bastante poco su potencial de ingreso al fisco, sino que su propósito era buscar el saneamiento de la economía nacional. Sobre todo en el sentido de vigilar los posibles casos de enriquecimiento ilícito. Cualquier individuo que ostentara un sospechoso poder económico, que no se correspondía con sus ingresos históricos, debía justificar la legitimidad de sus posesiones en todos los ámbitos. 

Sin una declaración jurada del contribuyente, es difícil tener un punto de referencia de la situación económica histórica del mismo. Pero no se puede soslayar también el nudo de sospechas que rodea a la perentoriedad de esa presentación. 

El mismo Bellasai habla de las probabilidades de extorsión por parte de fiscales. Y eso es muy grave. Hay aquí un juego perverso de desconfianzas mutuas.

Pero en este ir y venir en pos del IRP, por ahora parecería que hay que resignarse a tener una ley "descafeinada" para luego, con mejores condiciones, y sobre todo con un Congreso más serio -que le dé prioridad a los grandes intereses del país-, intentar las modificaciones necesarias, para que esté vigente un impuesto que sirva para aquello que anhela la sociedad. De todos modos, ya se transigió en demasía.



El Ministerio de Hacienda vuelve a la carga con el impuesto a la renta personal (IRP). En su insistencia, sin embargo, transige en demasía y corre el serio riesgo de lograr una ley que no permita que se cumplan sus objetivos primordiales. Pero, en el fondo, tal vez sea mejor resignarse a la realidad e intentar, más adelante, encauzarla hasta convertirla en un instrumento útil para la formalización económica.