Por su situación geopolítica y por su necesidad de desarrollo, para el Paraguay es de estratégica importancia contar con una diplomacia calificada y eficiente. Ningún gobierno puede llevar a cabo una política exterior favorable a los intereses del país con gente no idónea y honorable para desempeñarse en ese difícil campo del Estado. Sin embargo, donde el presidente Lugo más improvisa y muestra una política errática e incoherente es en Relaciones Exteriores. El apoyo al canciller Lacognata evidencia esa perjudicial actitud.

Se esperaba de este Gobierno una despolitización de la diplomacia. Que leyendo adecuadamente nuestra historia y situación geográfica, se iba a destacar por tener en ella y al frente de la ejecución de la política exterior a personas caracterizadas por su notoriedad intelectual y profesional.

Esas cualidades exige precisamente la Ley del Servicio Diplomático y Consular de la República. Pero el presidente Lugo ya asumió con un canciller objetado en su honorabilidad. Y cuyo único mérito público provenía del folclore.

 

Luego, al comprobar la necesidad de eficiencia, lo sustituyó por un médico, Héctor Lacognata. Al parecer, siguió ignorando las prioridades específicas de la política exterior, del Derecho Internacional Público y de las técnicas muy sutiles y agudas de la diplomacia.

 

Y lo que es más grave aún: inauguró un tiempo, acaso el más largo en nuestros anales, de ausencia de embajadores en los países vecinos. Cuando al fin pudo superar esa insensatez en Argentina y Uruguay, no se le ocurrió nada mejor que enviar a personas escasamente calificadas para esos cargos.

 

La obcecada actitud de este Gobierno se mantiene todavía ante Brasil, y justo en circunstancias en las que más necesitamos de negociadores plenipotenciarios para impulsar la ratificación por el Congreso brasileño de importantes acuerdos para nuestro país.

 

 

Otra cuestión no menos devaluante, sobre todo en términos de calidad y profesionalismo, ha venido siendo la promoción y nombramiento al exterior de funcionarios escalafonados de muy precaria capacidad. Los marginados por su comprobada incompetencia fueron premiados.

 

En este marco de penosa contradicción a la lógica de los intereses nacionales en el ámbito internacional, se suma hoy la denuncia contra el actual canciller. Si la letra y el espíritu de la ley son claros e incontrovertibles, al establecer que funcionario alguno pueda acceder a dos remuneraciones dentro de la Administración Pública, el ministro Lacognata infringió la legalidad.

 

Lo reconoció al renunciar al elevado salario que recibía de Itaipú. Pero se aferra a su cargo de canciller, y, para justificar que no incurrió en acto de corrupción, obtiene un dictamen que trata de apañar la irregularidad cometida.

 

Pero su obligación es renunciar. La ética le impele, un sesgo de patriotismo le obliga. Los intereses del país están por delante. Sin decoro no tendrá respetabilidad para defenderlos. Ni legitimidad para representar a la nación.

 

 

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