La ciudadanía moralmente sana de este país tiene la obligación de presionar sobre los políticos que manejan a su antojo la legislación para que el Código Electoral sea modificado y se elimine la trampa de la lista sábana, que tanto daño ocasionó ya a nuestra incipiente democracia y que, entre otros males, es causante directo del atraso sufrido por nuestro desarrollo en todos los órdenes vinculados a la administración estatal. 

Las listas sábana son las que permiten que los ineptos, oportunistas, bandidos y salteadores de la política estén consiguiendo permanentemente ingresar a los puestos de gobierno, como senadurías y diputaciones, concejalías y gobernaciones, desde donde organizan sus maniobras y sus negociados, satisfaciendo sus apetitos de riqueza y poder, en inicuo desmedro de los intereses superiores de la nación.    

Hasta tanto el ciudadano carezca de la verdadera libertad de elegir a los candidatos que considera mejores, y tenga que hacerlo obligadamente por los que se le imponen a la fuerza –a muchos de los cuales ni siquiera conoce–, mediante la tramposa técnica de la lista sábana, la democracia que pregonamos gozar no será realmente la que la ciudadanía decente aspira a tener. Será nada más que este régimen que padecemos actualmente, en el que hay que votar por una lista cerrada, dentro de la cual suele ponerse como gancho publicitario a personas políticamente más o menos atractivas, pero bajo cuyos nombres figuran toda clase de averiados, atorrantes y sinvergüenzas, la mayoría de ellos incluso ya conocidos por sus degradantes actuaciones anteriores en el ámbito público.    

Mientras subsista el sistema de “listas cerradas y bloqueadas”, en el que son las cúpulas mafiosas dominantes en los partidos las que deciden quiénes las van a integrar y en qué orden de preferencia, no será la ciudadanía la que elija a sus gobernantes, sino aquellos capos de la mafia partidaria eternizados en las cúpulas. Y los comicios no serán el acto más significativo de la expresión de la voluntad popular, la forma más auténtica de legitimación del poder político lícito, sino un simple acto protocolar, formulístico, teatral, mediante el cual se otorga legalidad a la elección, no querida ni escogida por el elector, de personas indecentes e indignas de representar a sus connacionales en las instituciones estatales.    

Las listas sábana demostraron ser, en estas dos décadas de práctica democrática permanente, la herramienta más útil para que las cúpulas partidarias que operan con estilo mafioso detenten el monopolio de los cargos públicos de elección popular. Dos o tres capitostes aventureros, que circunstancialmente mueven los resortes internos de cada partido, deciden quién va a ingresar a las listas y quién no; quién va a ser sustituido y quién va a permanecer dos, tres o más períodos; a quién se va a castigar por faltar a la lealtad o “confianza” depositada en él, y a quién se va a premiar por “portarse bien”.    

He aquí el régimen avalado por las listas sábana. Nada mejor que esto pudo haber propiciado esta infame manera de presentar las elecciones políticas como si fuesen un libre acto de la voluntad del pueblo, cuando que no pasan de ser un mero mecanismo de legalización de decisiones tomadas entre cuatro paredes por unos cuantos dirigentes inescrupulosos influyentes, que se mueven motivados por intereses que no son precisamente los que pertenecen al pueblo y a la nación.    

Por todo esto es que sería una ingenuidad esperar que sean los mismos senadores y diputados, elegidos de este modo, quienes tomen la iniciativa de cambiar este infame régimen electoral. Tendrá que ser la ciudadanía sana y anhelante de un futuro mejor para sus hijos la que lo logre, mediante la protesta, la presión colectiva, las manifestaciones y las exigencias planteadas en el seno de partidos y movimientos.    

Cuando los políticos se den cuenta de que, de persistir en el negociado de las listas sábana, la pertinacia podría irritar a sus electores lo suficiente como para llevarlos a todos a la llanura, serán los primeros abanderados de la apertura de las listas. Entonces sí tendremos el cambio. Pero mientras no sean molestados ni presionados por nadie, todo continuará como ahora, con nuestra alta política manejada por unos pocos dirigentes astutos, oportunistas y falsos demócratas.    

Cada uno de los ciudadanos de este país tiene que darse cuenta de que tiene en sus manos el gran poder del voto, y que mientras no se decida a utilizarlo en forma meditada, criteriosa, selectiva, el Paraguay seguirá en manos de ladrones que aprovechan su posición para exprimir al pueblo y llenarse sus faltriqueras.

 

http://www.abc.com.py/nota/las-listas-sabana-ponen-a-ladrones-en-el-poder/

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Edwin Brítez

Inscripción



Tiene que ser ahora. O nunca más tal vez se trate y estudie la posibilidad de realizar la inscripción de ciudadanos en el registro electoral de manera automática cuando adquiere la edad de 18 años.

Entró en colapso el sistema de empadronar a los ciudadanos y luego jugar con el padrón, pasando desde su hechura en varios borradores, sus tachas y reclamos hasta la supuesta depuración, previo manoseo por todas las carpas partidarias y movimentistas.

El problema en realidad no radica en la calidad de los padrones, ya que al final de cuentas estos documentos logran consenso de los partidos y terminan convirtiéndose en la muestra de “eficiencia” de la Justicia Electoral. La situación del TSJE en los últimos tiempos es la misma del administrador infiel, que construye una maravillosa vivienda, consigue todos los comprobantes en regla, pero no puede justificar jamás el elevado costo de la obra.

Este modelo de administración no resiste la menor transparencia y, por tanto, no aguanta ningún sistema de control, excepto aquellos que provienen de instituciones manejadas y controladas por los líderes políticos.

La justicia ordinaria responde a los resortes políticos (“voy a visitarte para darte las orientaciones políticas”, Calé dixit a un ministro de la Corte); la Justicia Electoral es patio trasero de los partidos; el Ministerio Público es una institución jerárquica cuyo titular es nombrado mediante consenso político y responde al hombre fuerte de turno; la Contraloría es organismo técnico que actúa mediante “orientaciones políticas”.

¿De dónde vendrá entonces la sanción para quienes llenaron de planilleros y funcionarios ineptos la Justicia Electoral? ¿De algunas de estas instituciones? Imposible o muy poco probable que ello ocurra.

Esto es así porque los líderes políticos, entre quienes se encuentran parlamentarios, líderes de movimientos y presidentes de partidos, no se quieren dar cuenta del daño que han causado a la institucionalidad democrática al prostituir una institución a la cual se confía nada menos que la voluntad popular.

La inscripción automática de ciudadanos elimina la causa invocada de la existencia de 17.000 planilleros y operadores políticos. Solo se tendrá que distribuir una carta a cada persona que cumple 18 años que a partir de ahí es ciudadano y está obligado a cumplir su deber de votar en las elecciones.

Ya no tendrá sentido contratar supuestos inscriptores y menos aún repartirse porcentajes o cuotas del presupuesto de la Justicia Electoral para gente que en el mejor de los casos va a trabajar a los partidos políticos, que como se sabe ya reciben el aporte estatal y el subsidio correspondiente por los resultados electorales.

Cuando la entonces presidenta chilena Michelle Bachelet promulgó la ley de inscripción automática dijo: “Quizás nunca apreciamos tanto el derecho a voto como cuando lo hemos perdido, cuando lo perdimos por largo tiempo. Entonces, es importante que aprendamos de la historia y protejamos siempre el régimen de libertades, y la verdad lo que importa es que ampliemos el universo de votantes, porque el padrón electoral ha ido envejeciendo notoriamente”.

En nuestro país, cada vez es mayor el margen de gente que se inscribe por obligación y motivación partidaria y cada vez es más alarmante el ausentismo en las elecciones. Con la prostitución de la Justicia Electoral tenemos una democracia con padrón brillante que controla muy bien la clientela política, pero deteriora la calidad de nuestra democracia.

Fecha: 07/03/2011 09:13.


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