Haciendo uso indebido del poder que a fuerza de manipulaciones y violencia construyeron, algunos choferes del transporte público (varios de ellos también empresarios) pretenden imponer a la ciudadanía chatarras asesinas que matarán pasajeros, transeúntes, motociclistas y automovilistas. Alzar de 20 a 30 años la vida útil de los ómnibus será criminal. El comité creado por la Secretaría del Transporte del Área Metropolitana y Asunción (Setama) apunta a ser solo una pantalla para justificar la ampliación del plazo.

Un principio social básico es que, a la hora de elegir entre los intereses de todas las personas y los de un grupo, se opta por el beneficio general. En el Paraguay -por la desmedida influencia de los poderes que inclinan la balanza a favor de sus pretensiones-, con frecuencia, se opera al revés. 

El deseo de algunos trabajadores y propietarios de transporte público de que la vida útil de las unidades se extienda de 20 a 30 años es descabellado desde donde se lo mire. Ya dos décadas de diaria circulación por calles con cráteres y empedrados en pésimo estado son una excesiva concesión. Elevarlo 10 años más será permitir que bombas a punto de estallar circulen con gente y en medio de la gente.

El comité creado por la Setama para estudiar si aumenta o no los años de utilización de los buses comenzará mal su tarea. A estar por el detalle no menor de que esa institución ya autorizó la circulación de los rodados que tienen 21 años de uso, la determinación de ampliación del plazo está cantada. El grupo que estudiará ya tendrá el veredicto cocinado. No serán 30 años, pero sí 25, por ejemplo.

Los dirigentes sindicales para dar fuerza a su pedido y disfrazando su lucha con un ropaje gremial (el mantenimiento de los puestos de trabajo), amenazan con una huelga que va a perjudicar a los usuarios.

La estrategia para conceder a las chatarras licencia para matar está montada: las autoridades de Setama cederán a la presión contando con un dictamen técnico prelavado. Y dentro de dos años, el pedido será para que estos cajones mortuorios rodantes puedan zigzaguear hasta 40 años. 

Si la Setama, como institución pública, defendiera los intereses ciudadanos, hace rato hubiera disminuido la vida útil de los colectivos a 15 años o menos. El resto, afuera. Entonces, de a poco, los verdaderos empresarios del transporte hubieran podido hacer algo efectivo para renovar sus flotas y servir mejor a su clientela.

A los abusos de los choferes (algunos de ellos choferes-patrones) y a la inutilidad de la Setama para poner orden en el sector no hay contrafrente que se le oponga. La acción de la Asociación de Usuarios y Consumidores del Paraguay (Asucop) es frágil e intrascendente. Los partidos políticos no se interesan por la desgracia de sus correligionarios pobres. Los estudiantes están desorganizados y entre los jóvenes hay poca conciencia para defender sus derechos. 

En medio de este panorama, lo más probable es que en corto tiempo se amplíe el tiempo de circulación de los buses. Ello, antes que una conquista sindical, significará un retroceso para el país. Pondrá en evidencia, una vez más, que quienes abusan de su poder avanzan, sin importar el perjuicio que ocasionan a las personas. 

Si las autoridades de este Gobierno se ubicaran a favor de los más débiles, no tendrían que permitir que una minoría avasalle a la mayoría. 

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