Por enésima vez, los usurpadores de tierras privadas organizados en bandas delictivas cumplieron puntualmente sus anunciadas amenazas de atropellar y ocupar los terrenos privados que tenían en mira. Los que ahora se hacen llamar “carperos”, nueva denominación con que se bautiza la condición de asaltantes rurales, estuvieron anunciando durante semanas los atentados que iban a perpetrar.    

De modo que las autoridades y la ciudadanía toda estaban bien informadas de lo que estaba organizándose para ejecutar los atropellos, por los grupos organizados y dirigidos por José Rodríguez, Eulalio López y otros violentos ya famosos, que anticiparon sin reserva ni temor alguno la operación delictiva en varios lugares del norte del país. Es decir, incurrieron estos personajes en lo que el Código Penal denomina “premeditación”.    

Con idéntico sistema, algunos dirigentes seudosindicalistas del sector del transporte público, la semana pasada anunciaron que tomarían represalias contra los choferes y unidades que no acataran la huelga que ellos decidieron realizar el día de ayer, exigiendo la barbaridad inaceptable de que a los ómnibus chatarra que operan actualmente se les extienda el límite de operatividad de 20 a 30 años.    

Así, puntualmente también, atacaron varias unidades, quebrándoles los parabrisas y poniendo en peligro la integridad de los pasajeros. Se recuerda como antecedente, hace algunos años, que los mismos sindicalistas del sector lanzaron una bomba molotov al interior de un ómnibus y mataron a una adolescente con graves quemaduras. Esta horrorosa consecuencia de mentes criminales podría volver a suceder en cualquier momento, ya que las agresiones de los huelguistas superan toda la racionalidad y prudencia porque sus responsables parecen estar por encima de las leyes.    

Lo más sorprendente no es la conducta antisocial, violenta, despreciativa de la legalidad y burlona de las autoridades que exhiben las hordas de los carperos y las bandas patoteras de los choferes huelguistas, sino que, permitiéndose el lujo de anticipar con mucha antelación cómo y dónde van a violar la ley, a quiénes van a atacar y qué clase de daños van a provocar, las autoridades policiales no mueven un solo dedo para impedir los desmanes.    

Parecieran que están esperando que los desastres se produzcan para ellas intervenir formalmente. Y aun en este caso, sus intervenciones son cobardonas, timoratas, tratando con paños fríos a “los pobres luchadores sociales”, que sin embargo no son otra cosa que un hato de atorrantes de gran arrogancia, que las insultan y las menosprecian.    

Y no es para menos, porque los policías que actúan en los desalojos de propiedades usurpadas –que debieran impedir sus ocupaciones y no siempre tener que desalojarlas– se comportan como si estuvieran desalojando a señoritas de un convento religioso y a no a delincuentes, la mayoría de los cuales están en estado de extrema agresividad, procesados judicialmente, tienen acusaciones graves pendientes de dilucidación, que casi siempre están armados y dispuestos a cometer todo tipo de violencia.    

Los que ya fueron alguna vez detenidos y acusados están paseando libremente por todo el país disfrutando, gozando de las famosas “medidas sustitutivas”, de la posibilidad de organizar nuevos delitos y de burlarse de fiscales y jueces. Puede recordarse el caso del citado “capo” rural José Rodríguez, que se permitió la suprema burla de que, estando “buscado” –es un decir– por la justicia, ingresó como “Pedro por su casa” al mismísimo despacho del Presidente de la República, Fernando Lugo.    

¿En qué clase de Estado de Derecho estamos viviendo? ¿Somos entonces todos, honestos y bandidos, iguales en trato de parte de las autoridades? Los criminales anuncian sus crímenes y la Policía se limita a aguardar que estos se cometan. De todos modos, ninguna autoridad oficial toma represalias susceptibles de disuadir a nadie. Así cabe esperar que los mismos actos de violencia se repitan una y otra vez: invasiones de predios, ataques contra ómnibus de transporte, lesión física de conductores y pasajeros, destrucción de propiedad privada, incendios deliberados de plantaciones y edificaciones, etc., etc.    

En este gobierno, al parecer, rige la línea política del “aichejaranguismo”; del “pobre anga”. El que es pobre, o se publicita a sí mismo de serlo, está políticamente facultado a hacer lo que se le antoje. La ley no les alcanza, porque la ley es para los que ellos califican de “ricos”. Es decir, para cualquiera que no se agaville con las organizaciones violentas, despreciativas de la autoridad, de la institucionalidad y de la legalidad.    

Pero alguna vez tendremos un gobierno como la gente, con un Ministerio del Interior, una Policía Nacional y unas autoridades fiscales y judiciales a quienes no les tiemblen las rodillas cuando tienen que enfrentar a estas bandas de forajidos, y tengan que ponerles en su sitio.    

Mientras tanto, como el gobierno de Lugo es de una completa inutilidad, los violentos pueden anunciar tranquilamente sus crímenes y cometerlos, sin mayores consecuencias para ellos.

 

http://www.abc.com.py/nota/pueblo-que-esta-indefenso-ante-invasores-de-tierras-y-sindicalistas-violentos/

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Anónimo

En el problema de la tierra, lo único que el Gobierno demuestra es incapacidad

El reinicio de las invasiones a propiedades privadas es la consecuencia de una causa más que conocida: la falta de respuestas a los campesinos sin tierra. Esa ausencia da vía libre a la intervención de delincuentes disfrazados de dirigentes campesinos. Hace falta que el Gobierno deje de lado su inoperancia y dé a los campesinos lo que reclaman hace tiempo. Así dejarán sin armas a los partidarios de la violencia.

La estrategia del Gobierno es apagar los incendios. Las movilizaciones e invasiones son desactivadas en base a promesas que luego no se cumplen. Transcurridos unos meses, sin que exista algún indicio que permita con- cluir que lo pactado va a concretarse, los campesinos repiten la historia: usan la fuerza como instrumento de lucha para llamar la atención acerca de sus reivindicaciones.

Según los registros del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), la cantidad de agricultores que carecen de una parcela para trabajar asciende a 74 mil. En términos pragmáticos, significa que el déficit de tierra es de 740 mil hectáreas. No es una cantidad sideral, imposible de alcanzar, si es que se negocia con inteligencia con los dueños de grandes extensiones ociosas.

Está visto, sin embargo, que el Gobierno del presidente Fernando Lugo no tiene la voluntad de establecer las bases sólidas para empezar a solu- cionar el problema. Si el afán de acabar con el drama de los sintierras hubiera sido verdadero, en dos años y medio de gestión, a esta altura el panorama tendría que ser otro ya. La titulación de apenas 700 posesiones habla a las claras de lo poco que se hace.

Lo inapelable es que no hubo una gestión firme que buscara consensos con los diversos actores sociales y políticos -ganaderos, inversionistas, parlamentarios, partidos políticos, organizaciones campesinas-, para es- tablecer una agenda de prioridades y una hoja de ruta a seguir.

Dado que al Estado le compete identificar y poner en marcha los meca- nismos que permitan superar los obstáculos para el desarrollo, es evidente que su liderazgo es fundamental para unir fuerzas, coordinar voluntades y ejecutar planes específicos. Hasta ahora, sin embargo, no se vio una in- tención seria de asumir ese compromiso.

Así como la anterior administración del Indert, esta institución sigue ca- reciendo de la fuerza operativa necesaria para dar pasos decisivos y rele- vantes. Sin fondos para la adquisición de tierra, sin eficiencia por parte de sus funcionarios y sin el apoyo político requerido, es tan solo una figura decorativa dentro del organigrama de la función pública.

Esa fragilidad es la que aprovechan los dirigentes campesinos que apues- tan a la violencia como medio reivindicatorio. La no respuesta efectiva les cae como en bandeja, porque justifican sus métodos ajenos al Derecho. Si bien las necesidades de los agricultores son reales, ellos han convertido la situación en oportunidades para satisfacer sus propios intereses y acre- centar su poder.

La carencia de una propuesta que contemple todas las variables en juego es un enorme vacío. Si continúa este déficit, las ocupaciones seguirán in- cendiando no solo San Pedro, sino los demás departamentos.

Es necesario, entonces, que el Gobierno deje de lado su crónica irres- ponsabilidad y articule, de una vez por todas, una metodología que com- bata en sus raíces la causa de las ocupaciones.

Fecha: 08/03/2011 09:54.


Anónimo

Mala señal

Erwing Rommel Gómez -

Los paraguayos, por lo general, nos escandalizamos y pegamos el grito al cielo solo si ocurre una desgracia mayúscula en problemas que desde hace tiempo forman parte del paisaje, pero que no nos mueven porque la cosa no pasa a mayores.

Uno de estos casos se refiere a la trágica muerte de la pareja conformada por los escribanos Aníbal Sánchez y Evangelista Paredes, al ser su vehículo colisionado por una camioneta en la esquina de Iturbe y 2ª Proyectada, donde existe un cruce semafórico que desde hacía días no funcionaba de manera correcta.

Apenas sucedido el luctuoso suceso, las autoridades de la Municipalidad de Asunción trataron de sacar la nalga a la jeringa, a pesar de que es ineludible la responsabilidad de esta institución sobre el estado en que se encuentran los artefactos existentes en las 186 intersecciones que cuentan con los mismos en la ciudad.

La Junta Municipal convocó a los técnicos del Departamento de Señalizaciones y a los directores de Tránsito. El intendente Arnaldo Samaniego ordenó un sumario administrativo y una investigación para determinar quién es el culpable. La Fiscalía también hizo lo propio.

A ello se sumaron los concejales, que en dos sesiones maratónicas lograron definir una licitación que estuvo congelada por un año y tres meses para renovar 80 cruces que presentan serias disfunciones.

A casi un mes y medio del lamentable percance automovilístico, casi todo se mantiene igual. Lo único que cambió es que el municipio empezó a sacar el cabezal de luces a los semáforos que se encuentran sobre la calle Montevideo, la mayoría instalados durante el gobierno municipal del intendente Porfirio Pereira Ruiz Díaz, por lo que están obsoletos.

El consorcio al que se adjudicó el cambio de las 80 intersecciones semafóricas -la Hard and Soft y Gema SA-, por la suma de G. 1.400 millones, hasta hoy no implementó en el terreno tal mejora, ante la complacencia de la administración comunal.

Supuestamente, los equipos deben ser traídos de muy lejos, de acuerdo a lo que dijo en una entrevista reciente el intendente Arnaldo Samaniego.

Las rasgaduras de vestiduras de concejales y otros altos jefes municipales por la pérdida de vidas humanas quedaron atrás. La ciudadanía elevó tibios reclamos a través de algunas páginas digitales, pero también la cosa fue para el olvido.

Todas estas cuestiones representan una mala señal, no del semáforo, sino de la gestión de quienes deben velar por la seguridad y los intereses de los contribuyentes, que con el pago de sus impuestos les hacen sus jugosos sueldos.

Estos munícipes deberían, de una vez por todas, dejar de priorizar intereses sectarios y partidarios para encarar aquellos proyectos que son necesarios para ponernos a la altura de otras ciudades que sí están concebidas para dar bienestar a sus habitantes.

Fecha: 08/03/2011 09:55.


Anónimo

Violencia sindical y ocupación ilegal dañan la imagen del país
La constante búsqueda de inversionistas extranjeros que se radiquen en la nación, promesa repetida en reiteradas ocasiones por diferentes gobernantes, no podrá concretarse si seguimos siendo víctimas de los sindicalistas violentos y de invasores de propiedades privadas. Ayer la población capitalina sufrió, una vez más, el embate de los inescrupulosos supuestos líderes sindicales que protagonizaron acciones salvajes contra indefensos pasajeros, durante la huelga del transporte que pretende la defensa de ómnibus chatarra. En sugestiva coincidencia, las ocupaciones ilegales en el campo vuelven a recrudecer. En Tacuatí, San Pedro, fueron desalojados numerosos intrusos del campo de Willian Nodari. Estos utilizaron cobardemente a niños para protegerse.

Fecha: 08/03/2011 11:02.


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