FIRMEZA ANTE LA EXTORSIÓN
En pocos días la ciudadanía ha asistido –y sufrido– a dos medidas de fuerza de motivaciones insólitas. Una huelga en el transporte público y una movilización de taxis que generó una congestión enorme en el tránsito de la ciudad, ya de por sí caótico. En ambos casos la intención es adecuar la ley y las normas a las conveniencias de un sector específico, pisoteando los intereses de la sociedad en su conjunto. En ambos casos se busca torcer la legislación para beneficio de unos pocos, con argumentos falsos e información engañosa.
Algunos sindicatos del transporte público –a cuya cabeza se ubican en realidad personas que hace mucho tiempo pasaron de ser asalariados a dueños de colectivos– amenazan constantemente con nuevas huelgas si no se amplía el plazo legal de funcionamiento de sus unidades hasta 30 años. La pretensión es que estas peligrosas chatarras sigan recaudando grandes beneficios para sus propietarios prestando un servicio de pésima calidad a los usuarios. A juzgar por las declaraciones de los portavoces de la Secretaría del Transporte del Área Metropolitana (Setama), el gobierno parece apuntar en la dirección correcta al rechazar la prolongación de la vida útil de los colectivos y defender más bien un agresivo plan de renovación de las flotas. Si se acepta que las chatarras sigan circulando sin problemas por las ciudades nunca se conseguirá una mejora sustancial de un servicio utilizado diariamente por millones de personas.
Quien no pueda o no quiera ajustarse a los requisitos técnicos y mecánicos más elementales deberá dar paso a nuevos y más eficientes empresarios dispuestos a intevenir en un negocio que por lo demás es evidentemente lucrativo. A la aplicación rigurosa de las normas y leyes vigentes y a la facilitación de créditos y planes para la modernización de los buses, es preciso también sumar una perspectiva de más largo aliento en el problema del transporte público. En concreto se trata de acelerar la implementación de proyectos alternativos, como el Metrobus, el sistema con paradas fijas que a semejanza de los metros y trenes en otras ciudades del mundo unirá San Lorenzo con Asunción.
Por su parte, los taxistas de Asunción se niegan a pasar por las inspecciones técnicas habilitantes, alegando que las exigencias son “del primer mundo” y no se “corresponden con nuestra realidad”. Se olvidan quienes afirman esto que, en todo caso, esos requerimientos deben ser cumplidos por todos los demás automotores, no solamente por los taxis. En rigor, los parámetros empleados en las inspecciones realizadas en nuestro país, si bien se acercan a los rangos internacionales, son más bien flexibles y buscan una “modernización gradual”. Los taxistas reclaman un trato especial en la ley, diferente al resto de los ciudadanos, lo cual es a todas luces inadmisible. En una sociedad como la nuestra, corroída por la corrupción y la displicencia, es indispensable imponer de una buena vez la cultura de la ley, que debe ser respetada por todos, sin excepciones ni privilegios.
La aplicación general de la ley es una condición irrenunciable para iniciar cualquier tipo de negociación o diálogo con los sectores antes mencionados. Las autoridades deben en este sentido mostrar la mayor firmeza y establecer las mismas condiciones de seguridad mecánica para los vehículos que circulan en la ciudad.
5 comentarios
José Peña -
El 24 de marzo será un día recordado por mucho tiempo, quizás no por todos, pero creo que una gran mayoría de los que seguimos estirando el carro.
Lamentaremos mucho tiempo las varias horas que tuvimos que aceptar trágicamente la manifestación del autodenominado enjambre amarillo. Una pena. Mi finado padre era taxista, un tío mío lo sigue siendo.
Aplaudo de verdad la unidad de esta gente. Lo que en ningún caso me parece razonable es que por su unidad y por su no querer pasar por una inspección técnica, todos tengamos que pasar por un calvario nada técnico, porque resulta desde ya difícil salir a las calles a enfrentar el tránsito, y más aún si a esta gente se le ocurre demostrar con hechos sus peticiones. Pero mal por el cómo lo demuestran.
Pasa que sumado al estrés del tránsito nos tocaron el bolsillo.
Primero, porque llegamos tarde al trabajo y en algunos casos no te perdonan, peor para los que somos cuentapropistas, porque nos comemos tiempo que después nos resta. Segundo, porque esperando y moviéndonos como tortugas al paso que se les antojó gastamos más combustible, que subió. Tercero, que encima de todo, el auto se recalentó, empezó a fallar, y eso no te devuelve ni el enjambre amarillo ni el Gobierno, ni nadie.
Don enjambre amarillo, gloria a Dios por su unidad y ojalá que le permitan no pasar por la bendita inspección técnica, pero acuérdense de que muchos de los que estuvimos parados en medio de su manifestación a veces podíamos decidir ir en taxi o no.
Por último, si no fuese por la forma que lo hicieron, yo creo que muchos de nosotros estaríamos aplaudiendo su petición, porque al final y al postre la inspección es una burla, porque las calles son una verdadera burla, trampa mortal, en Asunción, Fernando de la Mora, Lambaré, ere eréa, pero nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a parar a los demás por lo que sea que estén solicitando.
Anónimo -
La decisión de la Junta Municipal de Asunción de otorgar una cuarta prórroga a los taxistas en este caso, por un lapso de seis meses para que sometan sus automotores a la Inspección Técnica Vehicular (ITV) constituye una discriminación que beneficia a este sector en detrimento del resto de los conductores, pone en riesgo la vida de quienes utilizan ese medio de transporte para trasladarse de un lado a otro en nuestra ciudad capital y da cuenta de hasta qué punto el populismo fácil se ha convertido en norma de conducta de nuestros políticos a la hora de asumir decisiones de carácter público que afectan al bien común de la sociedad.
La Ley 3850, en su artículo 2, es clara cuando establece que: El Sistema Nacional de Inspección Técnica Vehicular comprende todo el territorio de la República y su aplicación será obligatoria para todos los vehículos automotores y sus remolques que circulen por las vías públicas del país, sean ellas rutas, caminos, calles o avenidas. Permitir que exista un grupo de ciudadanos que esté exento del cumplimiento de la norma cualquiera que ella sea es no solo discriminatorio, sino que importa una vulneración del principio más republicano de todos los que se conocen: la igualdad de los ciudadanos ante la ley.
Merced a esta lamentable decisión, avalada por los concejales del Partido Colorado y la mayoría del Frente Guasu (con excepción del concejal Otilio Sánchez, quien se abstuvo), unos 1.350 taxis de Asunción muchos de ellos, en pésimas condiciones técnicas han sido implícitamente habilitados para conducir pasajeros, sin que a nadie le preocupe en lo más mínimo la seguridad de aquellos que, a riesgo de su integridad física, deben recurrir al ya cuestionable servicio brindado actualmente por dicho medio de transporte.
El pasajero del taxi capitalino sabe de estas deplorables condiciones a que debe someterse cada vez que utiliza el servicio: la norma suele ser vehículos destartalados, sucios, sin aire acondicionado, asientos hundidos, tapizado roto, ventanillas que no suben ni bajan, amortiguadores vencidos, etc., etc., etc.
Pero resulta que, en vez de preocuparse por los usuarios que soportan cotidianamente esta situación, la Junta Municipal de Asunción privilegia a los taxistas, seguramente porque existen intereses políticos que justifican la arbitraria decisión que invariablemente ha venido adoptando desde el año 2008.
Manifiestan los taxistas no contar con los medios necesarios para poner en condiciones técnicas sus respectivas unidades. Sin embargo, este argumento es insuficiente cuando se trata de garantizar la seguridad de los pasajeros. Por lo demás, es práctica común que los dueños de los taxis no sean precisamente aquellos que los conduzcan; por lo tanto, la responsabilidad de mantener en forma los vehículos recae en los primeros, pero como estos parecen estar solamente interesados en las ganancias, no demuestran interés por cumplir con sus obligaciones legales.
Si la Junta Municipal y la Intendencia en su conjunto desean enfrentar la situación de manera sensata, tendrían que promover acciones tendientes a facilitarles a los taxistas la compra de vehículos nuevos, negociando con las instituciones correspondientes la gestión de créditos blandos y la exoneración de ciertos impuestos, a fin de permitirles a los empresarios taxistas lo son la renovación de la flota de taxis que debería ser no solo en Asunción, sino que en todo el Paraguay. El vehículo obtenido en estas condiciones preferenciales no debería poder ser transferido hasta 10 años sin pagar impuestos.
Los mismos taxistas deberían impulsar una solución así, para lo que antes deben reunirse, dibujar cómo es el auto ideal para ellos, estudiar cuántas unidades se requieren (300, 400, 500) y llamar a un concurso a los representantes de todas las marcas que tengan interés en la venta, para que coticen precios y propongan planes de financiación.
Así, tal vez, el intendente Arnaldo Samaniego y la Junta Municipal de Asunción no tendrían que discriminar a nadie y podrían prestar una gran ayuda a mejorar el relacionamiento entre los taxistas y las personas que recurren a sus servicios.
Por Gloria B. Rolón L. -
Este debe ser uno de los pocos países en el mundo donde sectores denominados "trabajadores agremiados" se movilizan (léase van a la huelga, realizan marchas de protestas, etc., etc.) contra la gente, o como no se cansa de repetir pa'í Oliva, contra el sufrido pueblo.
Medidas no sólo antipopulares sino violatorias de los derechos de la mayoría, para colmo, de esa mayoría menos favorecida por la diosa fortuna. Es esa gente la que tiene que sufrir los abusos de los sectores del denominado servicio de transporte público (que incluyen buses y taxis).
Cual gangs neoyorkinos de principios del siglo pasado, fueron los choferes de las empresas del transporte quienes, el lunes pasado, impúdicamente, abrieron fuego dejando casi inmovilizada a gran parte de la población de Asunción y Central. Usted ya sabe lo que fue aquello... no le voy a recordar los malos momentos que seguro tuvo que pasar entonces.
Entre sus muchos reclamos, el principal es que pretenden que vetustas, obsoletas y hasta asesinas unidades del transporte sigan vigentes sólo porque muchos de esos choferes son propietarios de varios de esos casi inutilizados vehículos del transporte de pasajeros.
Según estudios técnicos realizados al sistema en cuestión, en Paraguay se pagan más de 30 millones de dólares anuales de sobrecosto del precio del boleto para mantener en circulación unos 1.000 buses chatarras, la mayoría de ellos operando en forma ilegal (Última Hora página 21 del 2-Marzo-2011). A eso se suma ahora la intención de los huelguistas de ampliar a 30 años la antigüedad de los buses.
Y como si todo aquello fuera poco, ayer se les sumaron los taxistas que -también violentando las normativas vigentes- salieron a las calles en desmedro de sus principales benefactores: sus usuarios.
Protestan porque están en abierta oposición a la inspección técnica vehicular. Una decisión (la de someterlos al control) que por cierto debe tratar hoy la Junta Municipal de Asunción. La cosa es que los concejales ya les habían favorecido con un año de exoneración de dicho control (por cierto vigente para los demás contribuyentes capitalinos). Lo que ocurre es que quieren seguir exentos de control alguno, y que usted, yo y su vecino sigamos subiéndonos a destartaladas unidades que ponen en riesgo no sólo nuestra salud (por el humo negro que tiran) sino a veces hasta la vida (por el riesgo de colisión). Según el presidente de la Asociación de Propietarios de Taxis de Asunción (Apta,) Arístides Morales, hay en toda la ciudad 1.400 unidades que prestan sus servicios. 100 de ellas pertenecen a la Cooperativa de Transportistas Transtaxi Limitada. Morales dice que el 80% de la flota de taxis existente en la capital ya fue renovada y que casi el 100% tiene aire acondicionado.
No sé a usted, pero a mí me parece que nos quieren hacer pasar gangs por liebres.
Anónimo -
VEHICULO PARA EL KUWAIT ELECTRICO
Guillermo López Flores
A los precios corrientes de energía eléctrica y combustibles en Paraguay costaría:
* 70 G/km VIAJAR CON UN VEHÍCULO ELECTRICO HIBRIDO ENCHUFABLE, (PHEV) de 4 o 5 pasajeros.
**500 G/km con vehículo de igual tamaño pero de combustión interna (nafta o gasolina),
O sea, viajar eléctricamente cuesta 14% que a gasolina, o una relación de precios de 7:1. En Estados Unidos, esta relación es aproximadamente 4:1
* A 350 G/kWh. El rendimiento eléctrico medido por EPA, Agencia Norteamericana de Protección Ambiental, Noviembre 2010, Nissan Leaf.
** Simplificadamente, se asume que consume 10 litros de nafta o gasoil por cada 100 km y al precio de G 5.000 el litro.
Si de los 800 Mil vehículos estimados en Py (se cree que son 1 millón), 100 Mil fuesen PHEV, que recorren 20.000 km por año, en un año recorrerán 2 Mil millones de km.
Si funcionaran totalmente eléctricos, con un rendimiento de 6 km/kwh consumirían unos 350.000 MWh, unos 5% del consumo total anual nacional.
Como los vehículos eléctricos híbridos pueden ser tanto vehículo livianos como pesados, vehículos comerciales, tractores, etc., el consumo puede ser considerablemente mayor. Y la cosa recién comienza.
Beneficio para el consumidor. 2 Mil millones de km, con un rendimiento de 10 km por litro, requerirán 200 millones de litros de nafta/gasoil, que al precio de 1 dólar por litros representan 200 millones de dólares. Con motor eléctrico apenas representaría unos 30 millones de dólares y pagado a empresa paraguaya.
EL AUTOMOVIL HIBRIDO MAS ECONOMICO DE MUNDO (por ahora)
EPA- la AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL DE EEUU, en noviembre 2010, después de exhaustivas pruebas certificó como el vehículo PHEV mediano más eficiente al Nissan Leaf que recorría 106 MPGE en la ciudad, 92 en ruta y un combinado de 99 MPGe.
El motor tiene una potencia de 104 HP. El tiempo de carga plena de su batería es de 7 horas con 240V. Con una autonomía puramente eléctrica de 125 km (73) miles, el lujoso Nissan Leaf tiene un precio de lista sugerido inicial de $32.780, lo que fácilmente puede bajar a unos 29.000 US$.
ASIGNACION EFICIENTE DE VALIOSOS RECURSOS.
Una vez agotada la capacidad generadora de Itaipú, Yacyretá y Corpus, ya prácticamente no hay hidroeléctrica significativa y relevante. Por ello una nación madura debe explorar todas las opciones posibles y así asignar sus limitados y valiosos recursos, como la hidroenergía, en nuestro caso, a las inversiones que mas beneficios dejan al país.
Nuestras autoridades visitan plantas de aluminio en Asia y Canadá de la empresa Rio Tinto, con el fin de convencerles de las bondades de la planta refinadora (En otro país, sería un inaceptable conflicto ético que una empresa pague gastos de viaje de negocio y turismo a un funcionario público que debe decidir). La mera producción de lingotes de aluminio, sin la integración con otras industrias como laminados y metalmecánica, constituye apenas una forma diferente de exportación de energía eléctrica. Los proyectos de industria electrointensivas que demandarán fuerte subsidios, grandes bloques de energía por no menos de 30 años, poca demanda o consumo de bienes local (la alúmina, materia prima viene de afuera) y con mínima creación de empleo deben ser confrontados con usos como el combustible eléctrico aquí descripto.
Pero esto requiere un plan de desarrollo industrial de largo plazo, una autoridad energética, un plan electroenergético, personal competente, un sector privado visionario e innovador. La carencia de estas condiciones en nuestra industria energética es el verdadero obstáculo para el desarrollo y crearlas son los grandes desafíos de nuestra nación.
PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) Vehículo hibrido eléctrico enchufable.
Son vehículos o automóviles, que tiene dos motores, uno de combustión interna (nafta o gasoil) y otro eléctrico, que utiliza energía almacenada en una batería. Esta Batería puede ser recargada desde el motor de combustión interna del coche o desde el enchufe en la casa u oficina.
Dependiendo de la batería, se puede viajar entre 50 a 170 km y a una velocidad limitada a, por ejemplo, 100 km/h, totalmente a electricidad. Esta distancia se lo conoce como el alcance eléctrico del vehículo. Al llegar a la oficina se puede recargar parcialmente, o una vez de vuela a casa y por la noche, se puede recargar totalmente la batería y al dia siguiente repetir el ciclo sin necesidad de recurrir al motor de combustión interna.
Si por ventura se viajara más allá del alcance eléctrico, o a una velocidad mayor que los 100 km/h, el motor a gasolina substituye al motor eléctrico y todo se comporta como un vehículo común, al tiempo que recarga la batería. Todo se realiza automáticamente, sin ser requerida la acción del conductor, que ni siquiera percibe el cambio.
Durante el manejo urbano, la mayor parte de la energía del PHEV proviene de la electricidad almacenada. Por ejemplo, un vehículo utilitario liviano puede salir de su base realizar todo su servicio y volver a la base, todo puramente a energía eléctrica. A la noche se lo recarga para una marcha puramente eléctrica el dia siguiente. Para viajes mas largos o periodos de mayor aceleración, se recurre al motor de combustión interna. Vehículos PHEV trabaja a veces a la inversa: normalmente usa el motor de combustión interna para el trabajo y la electricidad almacenada lo utiliza para agun servicio (ejemplo refrigeración) o mantener la cabina a temperatura confortable.
Guillermo López Flores
ISC Consultoria, Proyectos, Ingeniería
San Salvador 616, Asunción, Paraguay
Tel/Fx: (595 21) 293 277; 282 534
Pagina Web: www.isc.com.py
Email:isc_info@isc.com.py
Anónimo -
Por Nilza Ferreira
Como ya es costumbre, marzo será nuevamente un mes de movilizaciones. Los dirigentes campesinos ya han adoptado como parte de su rutina y no de una verdadera lucha sostenida, arrear gente necesitada y ocupar las plazas aledañas al Congreso Nacional para llevar a cabo su mitin anual. Tras lanzar improperios y fuertes acusaciones contra las autoridades de turno volverán a sus hogares, llevando solo renovadas promesas de solución a sus reclamos.
El preludio de estas manifestaciones se dio el martes en el departamento de San Pedro cuna de la protesta campesina cuando un grupo de autodenominados sin tierra invadió una estancia privada y puso en zozobra a sus ocupantes legales.
Según las publicaciones periodísticas, los invasores actuaron con agresividad al tomar de rehén al propietario del establecimiento ganadero y bloquearon todo contacto con las autoridades locales. Se vivió un momento de mucha tensión, puesto que en principio ni la Policía ni representantes del Ministerio Público pudieron acceder al predio.
Episodios de este tipo van ocurriendo con mayor asiduidad en este gobierno y representan una mala imagen para los inversionistas extranjeros que tampoco se aventurarán en arriesgar su capital ante la inseguridad jurídica reinante en el país.
Los organismos encargados de bregar por la seguridad ciudadana deberían investigar quiénes alientan las invasiones y solventan las movilizaciones campesinas que cada año crean un clima de inestabilidad en el país.
Los cabecillas de estos grupos son los mismos de siempre y solo cambian de nombre de organización para evitar que se levanten sospechas sobre sus verdaderas intenciones que distan mucho de obtener una parcela de tierra para sus seguidores, sino apuntan más bien a obtener réditos personales.
Sería bueno que se investigue por ejemplo las andanzas de Elvio Benítez y José Rodríguez, dos cabezas visibles de las movilizaciones gestadas desde el segundo departamento.
Es difícil comprender cómo la gente se deja engañar por estos dirigentes puesto que cada año, los labriegos son arreados para venir hasta Asunción para acompañar la lucha por la tierra propia, sin embargo, nunca se ha escuchado que hayan logrado el compromiso serio de que sus pedidos serán atendidos por las autoridades nacionales. Tras soportar los rigores del clima, los manifestantes acompañados por centenares de niños, usualmente regresan a sus valles con las manos vacías y deben conformarse con la muestra de solidaridad de la Iglesia que suele brindarles cobijo y alimentación en el predio del ex Seminario Metropolitano.
Hasta tanto no exista una política de Estado que garantice la tenencia de tierra y a la vez controle que esto no sea objeto de comercialización, la gente humilde seguirá siendo víctima de estos dirigentes inescrupulosos y las movilizaciones se convertirán en un ritual de cada año.