DELINCUENCIA POLÍTICA
LA COMPRA DE VOTOS
Por Gustavo Ortiz G. / UH
Está más que claro en la legislación electoral nacional que quienes compran cédulas de identidad, para evitar que sus propietarios voten por un candidato determinado o para que otros las usen para sufragar fraudulentamente a favor de otro postulante, están cometiendo un delito y, por lo tanto, esos sujetos son delincuentes.
Dicha clase de transgresiones a la ley fueron y son una constante en el país, en las diferentes elecciones nacionales e incluso en las internas de algunos partidos políticos. En noviembre pasado abundó ese tipo de crimen, hubo fotografías testimoniales y son varios los intendentes y concejales que tienen esos cargos, en gran medida, gracias a la comisión de esos delitos.
Las autoridades que obtienen sus puestos en base a la compra de cédulas de incautos ciudadanos no son dignas, son solo un fraude, son responsables morales o, por lo menos, cómplices de aquella fechoría.
Y ya lo dijimos antes y conviene repetirlo mil y más veces: Quien obtiene cualquier cargo mediante la perpetración de un delito, volverá a cometer otros cada vez más graves. Los que vencen a sus contrincantes de esa forma, no merecen el más mínimo respeto; al contrario, corresponde que reciban el más enérgico repudio de la sociedad y que sean sancionados según lo que estipula la ley electoral.
El Artículo 321 de dicha normativa dice: "Quienes retuvieran los documentos de identidad de los electores el día de las elecciones o exigieren el voto en un sentido determinado, mediante el ofrecimiento o la entrega efectiva de dádivas o recompensas, sufrirán la pena de uno a dos años de penitenciaría, más una multa equivalente a trescientos jornales mínimos".
El próximo domingo 13 se realizarán las votaciones para elegir autoridades del Partido Colorado, y con seguridad de nuevo habrá quienes ofrezcan dinero para inducir a alguien al voto, o para comprar documentos de identidad para los motivos ya señalados, y es hora de que los electores aprendan que de esa forma el Paraguay seguirá siendo esclavo de los bandidos. Y deben reprobar y rechazar la indecente propuesta.
Los sufragantes tienen que saber que si venden hoy sus cé- dulas o conciencias, tendrán pan solo para este día; para mañana será más difícil conseguirlo, pues los que apelan a aquel tipo de crimen cobrarán de una u otra forma ese dinero que "invirtieron", y con intere- ses muy elevados: pobreza continua por muchos años más.
Además, si un dirigente ofrece dinero por los votos, hay que sufragar por una lista diferente a la de él. Esta es una forma en que se puede actuar para tratar de dejarlos en la llanura por siempre.
Con una educación más específica sobre lo señalado, en las escuelas, en los colegios y en las universidades, se podrá avanzar más rápido hacia un Paraguay libre de transgresores que se hacen pasar por políticos.
2 comentarios
Anónimo -
por Julio Benegas
En las elecciones internas presidenciales de la ANR del 2002, Nicanor Duarte Frutos llevaba una cómoda ventaja buena parte del día de las elecciones. A la tarde, Osvaldo Domínguez Dibb logró revertir el resultado en Asunción y Central. Si algo parecido hubiera ocurrido en el interior del país, el empresario tabacalero habría ganado los comicios. La diferencia final no fue más allá del tres por ciento. En conversaciones luego con operadores de base sobre esta peculiaridad, estos comentaron, ahora lo recuerdo bien, que el Rata tiró toda la carne al asador pasado el mediodía. Estimuló la maquinaria electoral con fajos de dinero que pudieron llegar rápidamente a los distritos de Asunción y alrededores, pero ya no hubo tiempo para que el bálsamo alegrara el día a los miles de paraguayos empobrecidos. Al otro día, en una conversación radial, ODD decía que la carrera electoral le había costado alrededor de seis millones de dólares. Los operadores de su movimiento quedaron muy satisfechos con el resultado electoral. No hubo rencores, intrigas y esas famosas acusaciones de traición al partido, a la patria, al mundo, a Dios, a la virgencita.
El principal propulsor de su candidatura, Letradito Ybáñez, se confinó en el silencio y el Rata desapareció, así como emergió, del escenario partidario.
Ahora, de la mano de Calé Galaverna aparece Horacio Cartes para deleite de la maquinaria electoral. Ya lo han presentado como caudillo teete y él ya ama profundamente el partido más hermoso del mundo. En la convención colorada su movimiento, con un hábil articulador como Calé Galaverna, obtuvo más del 70 por ciento de los delegados para adecuar el estatuto partidario a su candidatura. En el cierre de la campaña electoral de la señora Lilian Samaniego les dijo a los operadores que se tranquilicen, que él garantizaba la victoria de aquel domingo.
Cartes está demostrando ser muy hábil en los negocios con dineros que vuelan sin ese tedioso control de la renta personal en un territorio vaciado de Estado.
Desde el este de nuestro país se abre en el escenario electoral un tipo vigoroso, ahijado de empresarios de frontera, Javier Zacarías Irún.
Al perder el manejo de la administración central y todo lo que esto implica, desde cargos, promesas de cargos, licitaciones, lotecitos, chapas, píldoras y demás cosas del Estado, el dinero fresco, el que se desprende de las nubes del tráfico sin control, de las contabilidades paralelas, negras, semioscuras, será en todo este período el gran decidor de las internas del Partido Colorado.
Cartes, claro está, no es el único que en este país ha amasado fortuna de esa economía miserable que forra de dinero a unos pocos y deja en la miseria a millones. Si no es Castiglioni, muy golpeado por la nueva derrota, necesariamente al interior del partido se recreará alguna candidatura que represente otros intereses sueltos.
Pero en la ANR la sensación de que Horacio viene con plata, si no imposible, muy difícil de contrarrestar es letal, contundente y se ha incubado como verdad irrefutable en el espíritu gentil de los operadores de base, aquellos que en el día de las elecciones rastrillan con ciencia, técnica y método las cuadras de nuestro país recreando la teoría de la oferta y la demanda.
Gustavo A. Olmedo B. -
Frente al escándalo provocado por el descubrimiento de miles de funcionarios fantasmas y planilleros en el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), que se beneficiaban alegremente con el dinero de paraguayos honestos que pagan sus impuestos y cumplen sus compromisos, los ministros electorales, encabezados por su presidente, Alberto Ramírez Zambonini (PLRA), además de Juan Manuel Morales (ANR) y Modesto Monges Pereira (Unace), no encontraron mejor salida y mecanismo para enfrentar el problema que la censura.
A través de la Resolución Nº 14/2011, que incluye advertencia de sanción disciplinaria, el organismo prohíbe a todos sus funcionarios brindar información sobre la institución sin "previa autorización expresa" de su titular, el doctor Zambonini.
Se trata de una decisión poco feliz, equivocada desde el punto de vista de la honestidad y de una administración que se llame ética, como suponemos ocurre en el TSJE. Con esto no queda otra interpretación. La lectura de cualquier ciudadano será esta: En el lugar existen muchos manejos irregulares y hasta más graves que los difundidos hasta ahora por los medios de prensa; por lo tanto, la consigna es impedir cualquier tipo de "filtración", ocultar todo dato que sirva para transparentar los manejos internos, las influencias, entre otros, de los partidos políticos y de influyentes políticos con nombre y apellido.
Es lamentable, y también decepcionante, que ante la evidencia de semejante despilfarro, tan deshonesto como inmoral, sus responsables no sean los primeros en buscar que aquello cambie.
Además, el acceso a la información pública es un derecho protegido por la Constitución. En efecto, el artículo 28 garantiza el derecho de todo ciudadano "a recibir información auténtica, responsable e imparcial", y establece también que "las fuentes públicas de información son de libre acceso para cualquier persona". Es imposible la vigencia del Estado de Derecho sin derecho a la información; este es fundamental para el ejercicio del control ciudadano de la gestión pública; una práctica que ningún ministro debería despreciar, sino más bien promover.
¿Qué es lo que se quiere ocultar? ¿De qué tiene miedo la máxima instancia del TSJE?
¿Qué es lo que realmente importa: que nadie se entere de la existencia de irregularidades o el poder identificarlas para buscar su erradicación? ¿Acaso vale la pena mantener prácticas que destruyen al país, que empobrecen a la mayoría?
Impedir que la gente hable o que salgan a la luz cuestionamientos o posturas críticas no es la solución, no es la forma de sustentar una administración honesta y eficiente. La transparencia no debería ser solo una preocupación ciudadana o de la prensa, sino, principalmente, la máxima prioridad de las autoridades de turno. Solo así serán merecedoras de ese respeto ciudadano al que aspiran los verdaderos hombres, aquellos con agallas y patriotismo.