Si cada persona no limpia su casa o terreno para combatir el dengue, la enfermedad seguirá acumulando víctimas a lo largo y ancho del país. Esa responsabilidad civil debe conllevar también el coraje de advertir a quienes son reacios a cumplir esa obligación social que no pueden exponer al peligro a su entorno comunitario. Ya que ni el Ministerio de Salud Pública, ni los municipios ni las gobernaciones cuentan con los recursos humanos y económicos para dar abasto a la demanda de limpieza, la cooperación de cada vecino es imprescindible.

Salvo loables excepciones, tanto las autoridades como la ciudadanía han dado en esta temporada veraniega poca importancia al nuevo ataque del dengue, que ya ocasionó –según el informe oficial, siempre conservador e incompleto– nueve muertos y puso en cama a más de mil compatriotas.

 

A pesar de los fallecimientos y la gran cantidad de afectados que abarrotan los centros asistenciales, todavía no hay una preocupación generalizada que lleve a las personas e instituciones de todos los lugares del país a adoptar medidas de precaución para evitar la aparición o multiplicación del mosquito vector del mal endémico.

 

Asunción, Ciudad del Este y las áreas más cercanas a la capital son las zonas más afectadas. Ello no quita, sin embargo, que otros centros urbanos no estén en la ruta de esta afección, que no respeta edades ni condición social.

 

La irresponsabilidad ciudadana, una vez más, se expresa en relación al dengue. Si bien algunos municipios limpian los predios baldíos y cobran un elevado precio a sus dueños, o amenazan con enviarlos a la cárcel, o anuncian que van a entrar con orden judicial a las viviendas cuyos ocupantes sean reacios a dejar ingresar a los funcionarios de salud que combaten la suciedad, muchos siguen sin reaccionar.

 

Esa actitud de indiferencia proviene de un patrón cultural muy arraigado, sobre todo, en los sectores de menor acceso a la educación formal: consideran que el problema es ajeno, no suyo.

 

Ante la amenaza real de la vida, es necesario cambiar esa pauta de comportamiento y pensar en forma solidaria que cuanto le ocurre al semejante –de alguna manera– también le sucede a uno. Y, sobre todo, que el avance de la zona de infestación puede significar en corto tiempo que hijos, padres o parientes sean llevados de urgencia al hospital.

 

Con tantas lluvias en la estación que está por dar paso al otoño y el escaso nivel de preocupación de la sociedad en general, hace rato el Ministerio de Salud y la Secretaría del Ambiente debieron declarar, como mínimo, emergencia ambiental en las zonas marcadas en rojo, con amenaza crítica. El hecho de que todavía estén estudiando revela que la estrategia no es prevenir, sino esperar los hechos consumados.

 

Esa limitación de parte de los servidores públicos, sin embargo, no exime de responsabilidades a los que tienen en sus manos la obligación directa de eliminar los posibles criaderos del portador de la enfermedad. Cada persona tiene que asumir el compromiso de suprimir de sus viviendas los lugares críticos de reproducción del Aedes aegypti.

 

De lo contrario, con las temperaturas todavía elevadas y los aguaceros permanentes que se pronostican, el dengue seguirá matando gente. Y no hay que esperar que un miembro de la familia entre a formar parte del listado de víctimas para empezar a tomar precauciones.

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