No figura en ningún parágrafo de la Constitución Nacional que reafirma los principios de la “democracia republicana, representativa, participativa y pluralista” pero, el clientelismo ha sido -y está visto que sigue siendo- extraoficialmente, una forma de gobernar en el Paraguay.

Configura un sistema en virtud del que -como acontece en el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)-, los parlamentarios –a fin de encumbrar su posición y poder- regulan la concesión de cargos públicos a sus correligionarios, utilizando instrumentos y recursos de todos, en beneficio personal o de su grupo político.

En un sistema clientelar, los funcionarios o dirigentes políticos con poder, conceden prestaciones discriminatorias y discrecionales en la función pública a cambio de apoyo electoral. Configura un acto de corrupción que rompe el principio constitucional de “democracia republicana, representativa, participativa y pluralista”.

 

En ese marco, el Estado es un instrumento de los poderosos que toman decisiones que no favorecen a la amplitud de la sociedad sino -de un modo ventajista, oportunista y arbitrario- a sus favorecedores políticos.

 

El poder incluso llega a ser usado de un modo más perverso aún ya que quienes se niegan a colaborar con el sistema, pueden ser amenazados directa o sutilmente con castigos que pueden ir desde recortes presupuestarios a sus instituciones, rechazo a sus pedidos de reprogramación presupuestaria, a juicio político y presiones para que sean separados de sus cargos.

 

Como el gobierno estuvo monopolizado por un largo periodo de tiempo por un solo partido político, se pensaba que el gran vicio del clientelismo en Paraguay era privativo de una organización política en particular. Pero la democracia, al permitir el acceso al poder de otras agrupaciones políticas dejó al descubierto que la subcultura clientelar subyace en la cultura política global del país, y que está en la médula del sistema de partidos. Esto plantea a la sociedad paraguaya una decisión: combatimos con fuerza el sistema clientelar y lo desarticulamos o continuamos alimentándolo?

 

El clientelismo político es la antítesis a la igualdad, y en consecuencia, a la expansión de los derechos sociales y a la generación de procesos democráticos participativos vinculados a la gestión de lo público. Y su combate ya está planteado en la propia Constitución Nacional. En efecto, la Carta Magna exige como único requisito, la idoneidad para acceder a un trabajo en el Estado y ese principio constitucional, da pie a lo que la Ley 1.626 “De la Función Pública” establece como único modo de ingreso a la función pública: el concurso público de oposición.

 

La instalación de mecanismos como los concursos públicos de oposición, la transparencia de los datos respecto al funcionariado público,  posibilitan frenar una práctica que impacta profundamente y de manera negativa en las posibilidades de un servicio público eficiente, eficaz y que responda  las necesidades y demandas ciudadanas. El apoyo a estos procesos, desde una ciudadanía demandante, es el factor que puede impulsar a la sociedad paraguaya a dar un salto necesario e ineludible.

 

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Fecha: 12/04/2011 09:00.


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