FUNCIONARIOS PÚBLICOS

Trabajar ocho horas en la administración pública no parece una idea descabellada o fuera de lugar en un país donde todo está por hacerse y en donde sus habitantes deben poner el máximo de esfuerzos para sacarlo del atraso y la pobreza, teniendo los funcionarios públicos que ser los primeros con unción patriótica  de abrazar esta causa, no como pretenden sus dirigentes sindicales  quienes se  aferran  a un status quo, inmoral e inadecuado para los tiempos que corren, en nombre de una dudosa conquista laboral que debe ser analizada con mirada más amplia, teniendo en cuenta  el bien común de la mayoría y no de un sector como el del funcionariado publico  que aunque numeroso  representa una ínfima parte de la ciudadanía.

 

Aparte es una  mínima parte de los funcionarios públicos los que hoy día no trabajan ocho horas diarias, solamente en algunas reparticiones como el Poder Judicial  se  mantiene aun  la costumbre de trabajar seis horas diarias, después están los funcionarios antiguos, los que comenzaron con un régimen de 5 horas y media que por una resolución judicial siguen trabajando  en ese horario pues sostienen los entendidos en derecho que ninguna ley puede ser retroactiva. Ahora con esta nueva disposición solamente quedan los funcionarios del Poder Judicial, con un horario privilegiado de trabajar menos de las ocho horas que por ley es obligatorio para todo.

 

Sin embargo el  problema principal en la función pública no pasa  por las cantidades de horas trabajadas, sino por la productividad de las oficinas en las horas destinadas al trabajo y aun cuando apostamos por las ocho horas por las razones ya mencionadas más arriba, lo que debiera de examinarse es el rendimiento laboral. De nada sirve que los funcionarios estén ocho, diez o doce horas en las dependencias estatales si su producción al final de la jornada no es óptima. Lamentablemente existen  muchísimas quejas por parte de la ciudadanía del trabajo de los servidores públicos que en su gran mayoría  muestran una actitud prepotente y hasta grosera ante los  requerimientos ciudadanos olvidándose que sus patrones son los contribuyentes.

 

Lo que nadie duda  es la  necesidad de una mejor capacitación a los trabajadores del estado, una amplia mayoría ingresaron por cuotas políticas donde no se tiene en cuenta precisamente  ni la idoneidad  y mucho menos las condiciones éticas o morales de los postulantes. Los concursos de meritos y aptitudes es una exigencia reciente que no está reglada en  muchas instituciones públicas y en muchos casos se habla inclusive que estos concursos son amañados para beneficiar a sectores específicos dejando de lado la capacidad y preparación de los postulantes.  Otro factor que se debe corregir es la cantidad de funcionarios, muy por encima de las posibilidades reales de las arcas del estado y la abundancia de planilleros  y supernumerarios. 

 

 

Andrés Granje.