Gabriel Ortiz Jacquet

Diputado: contestando a la respuesta que usted dio en un blog digital a un cuestionamiento que le hicieron con respecto al impuesto a la renta personal, le digo que no existe "igualdad" en la capacidad contributiva.

Existen igualdades de derecho, ante la ley, de oportunidad, hasta inventan igualdad de géneros hoy en día, pero la capacidad contributiva de una persona que gana más de 10 salarios mínimos mensuales no es la misma que la de una persona que gana un sueldo mínimo, porque simplemente esta última no la tiene.

¿Por qué una persona que gana el mínimo no tiene capacidad contributiva? Porque no podrá cubrir las necesidades básicas para vivir que son 6: alimento, salud, vestimenta, vivienda, educación y recreación ¿Le parece que una persona que gana G. 1.507.484 puede cubrir todo eso y vivir dignamente? (y eso que a este monto hay que sacarle IPS).

 

Un renombrado tributarista miembro de la Constituyente dijo que tendría que ser hasta 5 salarios hasta donde debería llegar y no a 3 ¿Le parece que una familia con 2, 3, 4 o más hijos puede cubrir estas necesidades con 3 salarios mínimos?

 

Dice José Ovejero en una editorial de la revista ADIS refiriéndose al que gana el mínimo: "Esta persona probablemente no "pague efectivamente" el IRP, porque no va a tener renta neta sobre el cual aplicarle la tasa, o sea, no tendrá utilidad. Pero sí tendrá un sinnúmero de gastos administrativos que realizar y el más palpable es el honorario de un contador. No es solamente liquidar el impuesto con el formulario, sino que deberá llevar libros de compra y venta, confeccionar su declaración jurada patrimonial. Es imposible que pueda hacer frente a todos estos gastos con un salario mínimo.

 

Otro punto, muy discutido por los detractores del impuesto, es el del rango no incidido, y de que el tributo sólo llegaría a alcanzar, luego de años de vigencia, hasta a aquellas personas que cuentan con ingresos superiores a tres salarios mínimos. Los detractores afirman que es un impuesto injusto, porque al cumplirse el hecho imponible en las actividades de aquellos que ganan un sólo salario mínimo, deberían, asimismo, ser contribuyentes del IRP, y que la regulación actual atenta contra el Art. 181º de la Constitución Nacional, que reza: la igualdad es la base del tributo.

 

De lo que se olvidan los detractores es de continuar leyendo el Art. 181, donde, al hablar de los impuestos, dice: su creación y su vigencia atenderán a la capacidad contributiva de los habitantes y a las condiciones generales de la economía del país. Es un absurdo pensar que una persona que gana apenas el salario mínimo, que probablemente luche contra un sinfín de dificultades para que su sueldo alcance hasta fin de mes, cuente con la capacidad contributiva requerida para ser contribuyente del IRP".

 

En fin, no creo que sea yo el primero que le haya dicho esto, ya que me imagino que se habrá asesorado por gente entendida en la materia.

 

No tome la igualdad ante la ley como una excusa de que el IRP sea una ley discriminativa que atenta contra el derecho ciudadano. Claro que hace diferencia, pero entre los que tienen utilidad y los que no. La CN habla de atender esa capacidad contributiva de cada habitante. Si fuera discriminación, entonces los países que la implementan son violadores de las normas de los derechos humanos.

 

Pienso más bien que en esto primarían intereses meramente políticos y personales antes que favorecer cuestiones que a la larga podrían favorecer al pueblo, digo a la larga porque no es que haya un retorno directo, usted sabe. Es cierto que se malgasta el dinero que hay (como dice Jaeggli), pero eso no es motivo para la no aplicación de esta ley ya que este impuesto no es solamente "recaudador", sino que tiene una doble función que es la de "formalizar la economía", transparentarla, a través de la declaración jurada y el cruzamiento de datos, pero esto último no conviene a mucha gente que consigue su dinero de forma ilegal.

 

No me argumente eso de que los impuestos deben ser para todos por igual y de que el que gana menos paga menos y que deben aplicarse al mismo tiempo para todos, porque ya expliqué técnicamente el porqué una persona que gana el mínimo no puede hacerlo.

 

Es mejor tener la pregunta y respuesta por escrito ya que las palabras, aparte de que se las lleva el viento, pueden sonar bien cuando son dichas una sola vez, pero al analizarlas profundamente muchas veces pueden resultar ser un sofisma. 

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gravatar.comDavid Rodríguez Seoane

UN REPARTO JUSTO

La recaudación fiscal es una de las principales asignaturas pendientes de América Latina. Un lastre del que todo el continente podría desprenderse si, al menos, tres de las economías más fuertes de la región, como son la mexicana, la argentina y la chilena acabasen con el fraude en el impuesto sobre la renta (IRPF). Si ese cambio llegase a producirse, tan solo en dos años se obtendrían los recursos necesarios para terminar en una década con la desigualdad existente en materia de educación. Entre las tres nacionalidades mencionadas suman cada año más de 33.300 millones de euros desviados en “cajas B”.

Los analistas apuntan a la baja presión impositiva como una de las principales trabas que dificultan la modernización económica y la consolidación de las sociedades latinoamericanas en términos de igualdad y desarrollo. A diferencia de lo que ocurre en el gran conjunto de los países del hemisferio norte, en los que se recolectan más impuestos directos, aquellos que se pagan según el nivel adquisitivo y patrimonial de cada contribuyente, en América Latina sucede lo contrario. Son los impuestos indirectos los que se recogen mayoritariamente a través de un gravamen común para toda la población, sea pobre o rica.

Las comparaciones con los porcentajes que registran los países pertenecientes a la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo, muestran con mayor claridad las divergencias en la fiscalidad que presenta esta región con respecto a otras partes del mundo. Mientras que la recaudación en cuanto a los tributos indirectos se mantiene en cifras bastante parejas, un 9,6% del PIB en Latinoamérica por un 11,3% en los países de la OCDE, es en los directos en los que se produce la brecha más importante. Un 5,6% del PIB en el caso americano por un 15,3% de media.

A pesar de todo, los resultados han mejorado en los últimos años en países como Argentina, Brasil o Uruguay en los que la carga tributaria ha aumentando de manera significativa en los primeros años del nuevo milenio. Aún así, en el vagón de cola de las economías latinoamericanas continúan enganchados países con fiscalidad mucho más laxas como Guatemala o Haití. Los economistas atribuyen los malos índices de evasión fiscal al hábito de algunos gobiernos de financiar su gasto social con otras rentas, derivadas por ejemplo de sus explotaciones petrolíferas, que no provienen de las impositivas.

Ante tal avalancha de números y comparativas conviene recurrir a los renglones que Eduardo Galeano dedica a los “numeritos” en El libro de los abrazos. En ellos el escritor uruguayo se pregunta por donde puede cobrar el hambriento el ingreso per cápita o a cuántas personas desarrolla el desarrollo. Preguntas de difícil respuesta que terminan con la triste reflexión de que “en nuestras tierras [América Latina], los numeritos tienen mejor suerte que las personas”.

Las cifras asépticas que se manejan para describir realidades como ésta nos llevan a no apreciar en toda su magnitud el verdadero calado de una situación que sólo en México supone el desvío de casi 23.000 millones de euros. La falta de control de los Estados y su ineficacia a la hora de penar el delito favorece que la defraudación se propague en una región en la que el impuesto sobre la renta recae sobre todo en las empresas y no en los particulares y en la que la economía sumergida ocupa además un espacio demasiado grande.

Huyamos o no del corsé de los números, la fórmula que deberían aplicar los mandatarios de los países que conforman América Latina para incrementar la recaudación fiscal podría estar en una mayor presión fiscal, más peso de los impuestos directos y menos fraude tributario. Esto permitiría mejorar la distribución de la riqueza ingresos entre la población y la puesta en marcha de servicios públicos que beneficien a toda la población, no sólo a las clases ricas.



David Rodríguez Seoane

Periodista





Fecha: 30/10/2010 09:54.


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