• Hernán Burguez

El Poder Judicial tiene por bien administrar justicia en cualquier problema que se suscite en la sociedad, ya sea entre ciudadanos civiles, delincuentes y gente digna y honesta, e igualmente entre estos y funcionarios de los diferentes poderes públicos.

Como uno de los tres poderes del Estado, su función es garantizar la seguridad jurídica, mediante los miles de jueces que lo conforman en el país. La Corte Suprema de Justicia cuenta con sus ministros, quienes son los máximos en el ámbito, que a su vez, deben controlar a los camaristas y jueces. Pero todos estos magistrados, a todas luces siguen sin ser vistos con buenos ojos por sus resoluciones y sentencias consideradas inadmisibles o inadecuadas. Esto denota que sigue el “carnaval”. ¿A qué se debería?, ¿por qué hay impunidad?, ¿por qué están todos confabulados?, ¿se protegen entre sí? Es probable.

Nuevamente saltan las cuestionadas actuaciones de jueces que liberan presos; no son delincuentes comunes, sino criminales transnacionales, miembros de grandes organizaciones que mueven millones de dólares, que podrían tomar el poder de un Estado, o una comunidad o un departamento del país.

 

Coincidentemente se da en épocas de verano, en vacaciones, donde la distracción y la diversión es más. No obstante, en el Poder Judicial, pareciera ser que durante todo el año hay “carnaval”.

 

Están los casos emblemáticos, que involucran al fiscal Juan Claudio Gaona y el juez de Garantías, Andrés Casati, ambos viven libres, impunemente, pese a que se descubrieron ciertos hechos delictivos que estaban listos para ser probados, pero la misma Corte los protege, archivando, congelando, y no destrabando sus juicios respectivos.

 

Los “carnavales” se realizan en celebraciones públicas, en un periodo de permisividad y cierto descontrol. Esto identifica al Poder Judicial. Aparentan ser juicios públicos y en el marco de la ley, pero que oportunamente en algunas audiencias “cocinan a puerta cerrada”.

 

Están los jueces y camaristas de Pedro Juan Caballero quienes permitieron que en un procedimiento judicial irregular unos abogados particulares conformaran en forma inédita un tribunal del Poder Judicial para liberar a un narco que traficó 266 kilos de cocaína, uno de los mayores cargamentos de droga recientemente incautados.

 

Luego, el juez Isacio Cuevas, posiblemente abrió el paraguas para evitar que ese escandaloso caso del Amambay se trasladara hacia su jurisdicción, corrigiendo rápidamente el supuesto “desliz” que tuvo su colega Lourdes Scura, quien dijo que solo autorizó una orden de proceso de extradición de un condenado extranjero para que siga cumpliendo su pena en una cárcel de su país. Sin embargo, la resolución judicial demuestra que la magistrada firmó un escrito sin saber lo que establecía. Señalaba claramente que era una libertad condicional para un narcotraficante ecuatoriano. Estaba a punto de consumarse la liberación, pero el fiscal de la causa se percató de la irregularidad.

 

En Encarnación y en Ciudad del Este sí se llegó a concretar la liberación de presos procesados por narcotráfico. Pareciera ser que se olvidaron que en los últimos años se establecieron que estaba prohibido conceder medidas sustitutivas a la prisión a presos por droga.

 

Ahora, nuevamente le queda a la ciudadanía esperar que haya algún tipo de sanción, algo anhelado por todos, pero que se encuentra lejos de ser una realidad, ya que siempre hubo encubrimiento.

 

Lejos, ya que hubo casos viejos como el de Gaona y Casati, que llevan años sin resolverse los graves hechos que se les atribuye.

 

Existe una frase muy conocida por la sociedad, de que el masón, al jurar, está obligado a defender a otros “hermanos”.

 

Quisiera ser ingenuo para pensar que en el Poder Judicial no hay miembros de logias masónicas, que no existe protección, y que el tráfico de influencia no existe en este país de “maravillas” para unos pocos.

 

 

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