por Edwin Brítez

El Presidente de la República es el funcionario con mayores privilegios en el país, debido a que, en contrapartida, asume la mayor responsabilidad entre todos los funcionarios del Estado para poner en funcionamiento las instituciones y, a través de ellas, los programas de gobierno y el cumplimiento de las leyes.   

Esto no solamente es aquí. Lo es en todos los países democráticos con régimen republicano.   

Tales privilegios están establecidos en la Constitución y en las leyes nacionales. Pero solamente a medias; la mayoría de los “derechos” de que disfruta el ciudadano presidente o presidenta (cuando la tengamos) corresponden al amplio campo de la discrecionalidad, esa potestad gubernativa en las funciones de su competencia que no está reglada y que, por tanto, no está sujeta a ningún compromiso de regularidad.   

 

En puridad, el presidente disfruta de mayor margen de discrecionalidad que de privilegios. Estos están reglados y son propios de países con democracia fortalecida, mientras que lo discrecional no está reglado y corresponde a los países con instituciones débiles.   

 

A decir verdad, un presidente hace lo que quiere, siempre y cuando se asegure de saber invocar la mayoría, la justicia y la ley. Estos no son más que amigos que lo apoyan desde los partidos políticos y los poderes Judicial y Legislativo, con la intención de aguardar la llegada del turno para hacer exactamente lo mismo.   

 

El presidente tiene el privilegio de que el Estado costee todos sus gastos personales y familiares, además de contar con salario, gastos de representación y gastos reservados. Tiene amplios servicios de seguridad para él y cada uno de los miembros de su familia, inclusive después de terminar su mandato.   

 

Puede viajar al exterior y por todo el país las veces que quiera, con quien quiera, y puede establecer su horario de trabajo, sus días de descanso y vacaciones. Puede gastar sin rendir cuentas y hacerse pagar sus gastos particulares y familiares por encima del salario.   

 

Una forma de que la República del Paraguay rinda homenaje al bicentenario de la independencia es que se establezcan clara y puntualmente los privilegios de que puede disfrutar el presidente de la Nación.   

 

Ya sabemos cuáles son sus funciones, deberes y atribuciones, pero sus privilegios casi siempre se confunden con las determinaciones discrecionales, que no pocas veces rayan el abuso de poder y en algunos casos terminan asociadas a casos de corrupción.   

 

 

No importa la cantidad de privilegios de un presidente, sino la claridad y racionalidad con que ellos están establecidos en la ley. En nuestros países subdesarrollados, algunos presidentes quieren restar privilegios tratando de ocultar, por ejemplo, sus vacaciones y, a cambio de ello, se inventan cada motivo para realizar viajes, la mayoría de ellos sin sentido ni utilidad para el país, mientras que en países serios los presidentes disfrutan de sus días de descanso y vacaciones sin complejo alguno.   

 

Limitar legalmente la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en el Paraguay es de necesidad imperiosa para contribuir al fortalecimiento de las instituciones republicanas. No se pueden “institucionalizar” las libertades discrecionales del presidente para tratar de contrarrestar la debilidad legal en materia de privilegios, como por ejemplo el derecho que se está tomando el presidente Lugo de viajar al exterior para hacerse tratar los problemas de salud que le aquejan, aun cuando estos sean situaciones perfectamente tratables en sanatorios de nuestro país.    

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Miriam Morán

Otro sobrino del presidente Lugo fue contratado en una entidad binacional. Según la ministra de la Función Pública, Lilian Soto, el nepotismo es la peor lacra que heredó el Estado desde el gobierno de los colorados y que sigue vigente en las dependencias públicas. Por lo visto, hasta a Lugo se le hace difícil rechazar esta herencia.

Ahora Soto tendrá que ir a llorarle a su abuela. Porque criticó públicamente el nepotismo y nadie le dio ni la hora.

Y si la mayoría de la ciudadanía sigue muda, sin reaccionar, se mantiene inmovilizada y se resigna a la burla descarada de los políticos, solo queda llorarle a la abuela.

Obviamente, también se puede empezar a tratarles como abuela a los políticos desfachatados, así evitamos ahogarles en lágrimas a las nuestras.

Fecha: 14/02/2011 10:20.


Danilo Arbilla.

COLEGAS Y COMPETENCIA

Desde el pasado 8 de febrero tenemos una nueva colega. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, nos hace la competencia con una columna semanal en por lo menos 170 periódicos brasileños.

Unas vienen y otras se van, como ocurrió hace unos años con una colega que dejó la profesión con miras a ser reina de España. Y así se renuevan y refrescan los equipos, periodistas al gobierno y gobernantes al periodismo.

Lo bueno de la columna de Dilma es que se conformará con las respuestas a tres preguntas de lectores. Y eso está bien, como está bien que los presidentes hagan conferencias de prensa y respondan a las preguntas de los periodistas, que son las que resumen las inquietudes de la gente.

Porque, aunque a algunos presidentes no les guste o pretendan ignorarlo, la gente, la opinión pública, en su inmensa mayoría, se informa a través de los medios de comunicación. (El ex presidente Lula, extasiado de poder y de sí mismo, llegó a decir que los medios de comunicación no eran necesarios y a afirmar textualmente: “Nosotros somos la opinión pública”).

Pero cada vez que a algún presidente le sobra tiempo y lo dedica al periodismo, vuelve al tapete una cuestión que para algunos parece cosa juzgada, pero que no es tan así: se trata de “la libertad de expresión” de los presidentes en particular, y de los hombres públicos en general.

Por supuesto que cuanto más autoritarios y menos respetuosos son de la libertad de expresión los presidentes –léase Chávez, Correa, Kirchner, Morales, Ortega– más reclaman el uso de ese derecho, ellos que usan y abusan de todo lo que tienen a mano.

Pero lo que importa es que por un lado una gran mayoría de presidentes democráticos sienten que gozan de esa libertad al igual que cualquier ciudadano y que, por el otro, ello no se les cuestiona, sin analizarse si efectivamente es así.

Y en realidad no es tan así. A los funcionarios públicos, a los que los ciudadanos han delegado transitoriamente su poder, se les ha cedido facultades especiales, privilegios y poderes mayores que los que gozan el resto de los ciudadanos, pero al mismo tiempo se les impone limitaciones. Pueden hacer más cosas que el resto de sus conciudadanos, pero con restricciones.

Aquello de que todo lo que no está prohibido está permitido es así para los ciudadanos comunes, pero no para muchos funcionarios.

Los militares, en la gran mayoría de los países, no pueden hacer declaraciones e incluso actuar en política; ¿la libertad de expresión no rige para ellos?

Pero también esa libertad está restringida para jueces, quienes no se pueden referir a temas que luego puedan ser dilucidados en los estrados judiciales, o a asuntos políticos.

Los directores de empresas estatales tienen vedado no solo hacer declaraciones, sino tener actividades políticas y de otro tipo, incluso por periodos que van más allá del término de su cargo político.

Un presidente no puede decir que tiene los mismos derechos (¿y privilegios?) que un ciudadano común. Hay algunos que lo dicen, incluso insultan, rodeados de custodios que los protegen, dan órdenes a los jueces, se hacen los malos y se abren la camisa.

¿Puede hacer todo eso un ciudadano común? ¿Tienen fueros los ciudadanos comunes o los periodistas, como lo tienen los senadores, diputados o los presidentes?

Pero, además, es de sentido común: los presidentes no pueden decir lo que quieran. Yo puedo escribir que “según los analistas Lula estuvo ‘pícaro’ y le dejó algunos temas calientes a Dilma: juzgar a los militares y una eventual devaluación”, y no pasa nada. Ahora, si algo así lo escribe la Presidenta en su próxima columna, les puedo asegurar que Brasil pasa a ser noticia y a Dilma se le complica la vida y deja de ser periodista.

Fecha: 14/02/2011 10:23.


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