Dr. Gustavo De Gásperi

El incansable periodista paraguayo Alberto Vargas Peña viene insistiendo desde hace muchos años en la noción de que las listas sábanas formadas por las cúpulas de los partidos políticos son un mecanismo diabólico que riñe y destruye la democracia del Paraguay y propicia el voto uninominal como el único método que se adecua al gobierno y soberanía del pueblo (Art 2º CN).    

He leído siempre sus artículos sin ser experto, pero dejándome llevar por la intuición de que algo muy importante se engarza en las palabras de Chuco, como se le llama desde niño a este noble patriota sin miedo a la verdad aunque duela.    

Tengo la impresión de que no obstante sus excelentes intenciones queda corto su razonamiento, y por ello me puse a hurgar en la Constitución y el Código Electoral para tratar de entender por qué resulta tan repugnante el acto de copar en listas prefabricadas por los más audaces con los nombres de sus incondicionales y el abuso de los nombramientos en la justicia electoral que la prensa destaca como noticia importante ante la indiferencia del público que poco entiende de la corrupción de “los de arriba” en el escenario político que nos encandila con los escándalos que se denuncian. ¡Loor al Ministerio Público por su coraje y a la prensa libre por mostrar al público la fea cara de una oligarquía en franca degeneración!    

Para tratar de hacer comprensible tan intrincado malabarismo, mal disfrazado de “política”, debo transcribir en primer término algunas normas de la Constitución Nacional (en adelante CN) o de la Ley 834/96 Código Electoral (en adelante CE). La trampa será percibida por el lector en la medida que preste atención.    

El Art. 118 CN dice que “el sufragio es derecho del elector”. El artículo 117 CN dice que el derecho de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes se ejerce en la forma que determinen la Constitución y las leyes”.    

Es conveniente recordar que por el Art. 3º CN “el pueblo ejerce el Poder Público por medio del sufragio”.    

Hasta aquí el sufragio es “uninominal”. Nada tienen que ver los partidos políticos ni los movimientos políticos, a los que la Constitución garantiza el derecho de asociarse “para concurrir por métodos democráticos (¡) a la elección de las autoridades previstas en esta Constitución y en las leyes”.    

Ninguna norma constitucional otorga o delega en los partidos o movimientos políticos el derecho a manipular los sufragios uninominales que son los únicos admitidos como hemos visto. Constitucionalmente, en el Paraguay, el ejercicio del derecho al sufragio es individual y no está subordinado a la voluntad de partidos, o movimientos, a las “internas”, a la inscripción previa de los ciudadanos en el Registro Electoral, ni a toda esa intrincada tramitación que pretende justificar la mal llamada “Justicia Electoral”.    

La Constitución Nacional, hasta donde llega mi conocimiento, que no presumo infalible, se remite a la posibilidad de que el tema “electoral” sea reglado “en la ley” en los artículos 117, 125  2º párrafo, y 202 inciso 6º.    

El Art. 117 CN permite a la ley (que dictan los Congresos) determinar “la forma” en que los ciudadanos participarán en los asuntos públicos.    

El Art.  125 CN somete la Constitución y el funcionamiento de los partidos y movimientos a la condición de que “aseguren el carácter democrático de los mismos” en consideración a la exigencia absoluta de que se ajusten a “métodos democráticos para la elección de las autoridades previstas en esta Constitución”. 

El Art. 202 CN permite al Congreso “dictar la Ley Electoral”.    

DICTAR LA LEY ELECTORAL SIGNIFICA EL ABSOLUTO REQUERIMIENTO DE FIDELIDAD DE LAS NORMAS REGLAMENTARIAS A LOS PRINCIPIOS DE LA CONSTITUCION, NO SIGNIFICA LA AUTORIZACION PARA INTRODUCIR A LA VIDA DEL PARAGUAY ELECTORAL LOS SUCIOS RAUDALES DE LA VIDA INTERNA DE LOS PARTIDOS Y MOVIMIENTOS CARGADOS DE AMBICIONES, EGOISMOS, VANIDADES Y OTRAS LINDEZAS QUE CONVIERTEN LOS DERECHOS INDIVIDUALES EN SOMBRAS DE UNA REALIDAD QUE DESAPARECE TRAS LAS IMAGENES DE SUPUESTOS LIDERES QUE SOLO BUSCAN SU FIGURACION Y SU BENEFICIO PERSONAL.    

Sin embargo, contra todas las explicaciones antecedentes la Ley 834/96 CODIGO ELECTORAL, dictado por el Congreso nacional, introduce los derechos individuales al sufragio en el embudo de los partidos y movimientos políticos como si fuera una picadora de carne que convierte en albóndigas el más sagrado derecho del ciudadano: LA ELECCION DE SUS AUTORIDADES.    

Dice su Art 1º: “El sufragio es un derecho, que habilita al elector a participar en la constitución de las autoridades electivas POR INTERMEDIO DE LOS PARTIDOS, MOVIMIENTOS POLITICOS O ALIANZAS DE CONFORMIDAD CON LA LEY. Esto se opone a la Constitución.    

El Art. 10 dice: “Tienen la finalidad de ASEGURAR EN EL INTERES DEL REGIMEN DEMOCRATICO, LA AUTENTICIDAD DEL SISTEMA REPRESENTATIVO…”. Esto es mentira.    

El Art. 90 dispone: “Para ejercer el derecho a sufragar es preciso que el elector se halle inscripto en el Registro Cívico Permanente”. Esta exigencia rige para todos los cargos electivos enumerados en el Art. 106 del CE, de tal forma que nada escapa a la autoridad (o tiranía) de los partidos políticos. ELLOS TIENEN EL DERECHO A FISCALIZAR Y VIGILAR TODO EL PROCESO PARA LA FORMACION DEL REGISTRO CIVICO PERMANENTE POR MEDIO DE SUS REPRESENTANTES DESIGNADOS A PARA EL EFECTO ANTE EL ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE”. Esto es convertir el derecho de los ciudadanos en chorizos.    

La tiranía de los partidos se extiende a las votaciones (Art. 170) para lo cual ellos deciden hasta los colores de los votos que “pasarán a ser de su propiedad exclusiva mientras subsistan”.    

El objetivo del presente artículo es recordar a los políticos que dirigen el Paraguay “por intermedio de los partidos y movimientos políticos” que es absolutamente nulo todo cuanto hacen en la manipulación del derecho electoral. “CARECEN DE VALIDEZ TODAS LAS DISPOSICIONES O ACTOS DE AUTORIDAD OPUESTOS A LO ESTABLECIDO EN ESTA CONSTITUCIÓN” (137 CN in fine) y como consecuencia adquieren la condición de “usurpadores” a quienes los ciudadanos pueden resistir por todos los medios a su alcance (ART. 137 in fine CN y 138 CN).    

“En la hipótesis de que esa persona o grupo de personas, invocando cualquier principio o REPRESENTACION CONTRARIA A ESTA CONSTITUCION DETENTEN EL PODER PUBLICO, SUS ACTOS SE DECLARAN NULOS Y SIN NINGUN VALOR, NO VINCULANTES Y POR LO MISMO EL PUEBLO EN EJERCICIO DE SU DERECHO DE RESISTENCIA A LA OPRESION, QUEDA DISPENSADO DE SU CUMPLIMIENTO. LOS ESTADOS EXTRANJEROS QUE, POR CUALQUIER CIRCUNSTANCIA, SE RELACIONEN CON TALES USURPADORES, NO PODRAN INVOCAR NINGUN PACTO, TRATADO, NI ACUERDO SUSCRIPTO O AUTORIZADO POR EL GOBIERNO USURPADOR, PARA EXIGIRLO POSTERIORMENTE COMO OBLIGACION O COMPROMISO DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY”.

Comentarios  Ir a formulario



Anónimo

Inscripción
por Edwin Brítez

Tiene que ser ahora. O nunca más tal vez se trate y estudie la posibilidad de realizar la inscripción de ciudadanos en el registro electoral de manera automática cuando adquiere la edad de 18 años.

Entró en colapso el sistema de empadronar a los ciudadanos y luego jugar con el padrón, pasando desde su hechura en varios borradores, sus tachas y reclamos hasta la supuesta depuración, previo manoseo por todas las carpas partidarias y movimentistas.

El problema en realidad no radica en la calidad de los padrones, ya que al final de cuentas estos documentos logran consenso de los partidos y terminan convirtiéndose en la muestra de “eficiencia” de la Justicia Electoral. La situación del TSJE en los últimos tiempos es la misma del administrador infiel, que construye una maravillosa vivienda, consigue todos los comprobantes en regla, pero no puede justificar jamás el elevado costo de la obra.

Este modelo de administración no resiste la menor transparencia y, por tanto, no aguanta ningún sistema de control, excepto aquellos que provienen de instituciones manejadas y controladas por los líderes políticos.

La justicia ordinaria responde a los resortes políticos (“voy a visitarte para darte las orientaciones políticas”, Calé dixit a un ministro de la Corte); la Justicia Electoral es patio trasero de los partidos; el Ministerio Público es una institución jerárquica cuyo titular es nombrado mediante consenso político y responde al hombre fuerte de turno; la Contraloría es organismo técnico que actúa mediante “orientaciones políticas”.

¿De dónde vendrá entonces la sanción para quienes llenaron de planilleros y funcionarios ineptos la Justicia Electoral? ¿De algunas de estas instituciones? Imposible o muy poco probable que ello ocurra.

Esto es así porque los líderes políticos, entre quienes se encuentran parlamentarios, líderes de movimientos y presidentes de partidos, no se quieren dar cuenta del daño que han causado a la institucionalidad democrática al prostituir una institución a la cual se confía nada menos que la voluntad popular.

La inscripción automática de ciudadanos elimina la causa invocada de la existencia de 17.000 planilleros y operadores políticos. Solo se tendrá que distribuir una carta a cada persona que cumple 18 años que a partir de ahí es ciudadano y está obligado a cumplir su deber de votar en las elecciones.

Ya no tendrá sentido contratar supuestos inscriptores y menos aún repartirse porcentajes o cuotas del presupuesto de la Justicia Electoral para gente que en el mejor de los casos va a trabajar a los partidos políticos, que como se sabe ya reciben el aporte estatal y el subsidio correspondiente por los resultados electorales.

Cuando la entonces presidenta chilena Michelle Bachelet promulgó la ley de inscripción automática dijo: “Quizás nunca apreciamos tanto el derecho a voto como cuando lo hemos perdido, cuando lo perdimos por largo tiempo. Entonces, es importante que aprendamos de la historia y protejamos siempre el régimen de libertades, y la verdad lo que importa es que ampliemos el universo de votantes, porque el padrón electoral ha ido envejeciendo notoriamente”.

En nuestro país, cada vez es mayor el margen de gente que se inscribe por obligación y motivación partidaria y cada vez es más alarmante el ausentismo en las elecciones. Con la prostitución de la Justicia Electoral tenemos una democracia con padrón brillante que controla muy bien la clientela política, pero deteriora la calidad de nuestra democracia.

Fecha: 09/03/2011 07:29.


Anónimo

Nos echaron en gorra...
por Jorge Rubiani


En la jerga machista se utiliza la frase del título para indicar el sometimiento de una mujer al abuso sexual de dos, o unos cuantos, varones. En lo cotidiano, sirve para calificar la componenda de varias personas para perjudicar o engañar a otra, aunque el diccionario no le adjudique exactamente ese significado. Esta confusión produjo la prisión de nuestro colega Alcibiades González Delvalle en tiempos de la dictadura (una de las tantas veces), cuando ante las reiteradas omisiones de la Astrea chicata, sordomuda y coja que “operaba” entonces, apeló a la frase. “Hay que echar en gorra a la Constitución“, escribió el periodista –metafóricamente– frustrado frente a la verificación de que aquel hato de delincuentes con toga había atenazado con sus zarpas el fiel de la balanza.

Hoy, más explícita que metafóricamente, nos metieron en gorra. Aunque ya no está el dictador y tengamos democracia. Aquel sueño nuestro de cada día y de tantos años, que se ha convertido en lo que tenemos: un largo procedimiento en el que nos atiborran de campañas publicitarias en todos los medios, inundándonos de afiches que muestran los sonrientes rostros de los candidatos en árboles, columnas y paredes de todo el país. Previo a todo, los partidos políticos hacen un remedo de integración de listas y en el día de la votación nos dicen: “votad por nos” ... y ya está. A partir de ahí, los elegidos negociarán “espacios de poder“: Consejos, Comisiones, Cortes y cargos varios. Presupuesto Nacional, Fuerzas Armadas y Policía. Ellos decidirán lo que se hace y lo que no, saliendo a la caza de oportunidades que les aseguren larga estancia en el Parlamento, o cerca del poder. Los pocos dignos que pretendan sustraerse del operativo serán acallados por la marea de votos y el Estado Nacional quedará entonces –como ha estado quedando en los últimos años– a merced de la banda democrática. Y nada que hubiera servido para echar al tirano, sirve ahora para librarnos de esta nueva forma de tiranía. Pues como dijo otro déspota, el Generalísimo Franco de la Ibérica península, todo quedó “atado y bien atado” a partir de nuestra benemérita Constitución del 92: las reformas, los castigos, las investigaciones, las decisiones... Todo. Pues nuestro destino dependerá de los electos aunque ellos funcionen solo para sí mismos, para sus acólitos o sus partidos. Que todo es casi lo mismo.

¿Y el pueblo? El pueblo amanece todos los días, pasmado ante nuevos descubrimientos de cómo funciona “el sistema”. El último fue que en el Paraguay tenemos más contratados en el Superior Tribunal de Justicia Electoral que soldados en el ejército. ¿Y qué esperábamos? Hace ya mucho tiempo que los paraguayos no extraemos lecciones de lo que nos sucede y pareciera que la cuantiosa información sobre los escándalos solo espera la aparición del siguiente para que pasen al olvido. ¿Podía esperarse otra cosa de un sistema electoral regido y comprometido hasta los tuétanos con los partidos políticos? ¿Podría esperarse algo de una Ley Electoral que considera casi nulas posibilidades de participar en la cosa pública sin una afiliación partidaria? En el sistema convencional de Justicia, un juez se inhibe ante causales de amistad o enemistad con un procesado o demandante. Sin embargo, la Justicia Electoral TIENE que componerse de gente involucrada en el resultado de las votaciones. O afectada por ellas.

¿Podía influir en algo el Parlamento Nacional, constituido por las internas de cada partido? Así debiera ser, dirán. Debiera ser, si los electos para representarnos fueran personas de alta calidad intelectual y moral, además de contar con un acerado sentido del deber y el compromiso cívico. Virtudes que no son precisamente las que enarbolan la mayoría de nuestros parlamentarios. Si no lo creen, lean cuidadosamente las respuestas que dieron a la emergencia de este último escándalo. A propósito, el Parlamento Nacional guarda como uno de sus secretos más preciados cualquier dato referente a la calidad intelectual y académica de sus componentes. Sólo como ejemplo y para dimensionar la magnitud del misterio: a mediados de la última década del siglo pasado se pudo saber que el 65% de los miembros del Congreso no había llegado a completar el bachillerato... Y eso sucede porque la categoría de “luchadores sociales” fue equiparado a cualquier posgrado en una universidad de prestigio. Y ya es hora de que sepamos claramente quiénes son nuestros representantes, qué nivel de educación poseen, qué experiencia de trabajo, qué sentido de la moral y los valores. Y qué han hecho, finalmente, para merecer tal distinción.

De manera que, queridos compatriotas, ¿creen ustedes que algo mejorará repitiendo el mismo ritual en cada elección? ¿Hubo algo mejor que malo a partir de las que se han hecho? ¿Algún funcionario de alto rango está en la cárcel por mal desempeño? Si la respuesta a todo esto es NO, es que ha llegado la hora de exigir respeto y de que las cosas se hagan de acuerdo al ideal y los hábitos verdaderamente democráticos.

Fecha: 09/03/2011 07:38.


Anónimo

Corruptio optimi péssima

por Mabel Rehnfeldt


En la semana que pasó aprendí con pesar y gracias a mi amigo Luis el significado de este proverbio latino: “Corruptio optimi péssima”. En español: LA CORRUPCION DE LOS MEJORES ES LA PEOR.

No solo el escándalo y la corrupción quedaron develados con la doble remuneración del canciller Héctor Lacognata. Quedaron repartidos además sobre la mesa de la decencia un decadente póquer de ases que dejó fuera de combate a la norma jurídica, violentó los artículos constitucionales, ridiculizó instituciones que debían velar por el patrimonio y el bien público y, por sobre todas las cosas, reveló la miseria y las ambiciones humanas.

Estábamos acostumbrados a la política convencional, a la que padecimos de manos de los colorados durante décadas. Turbia, rastrera, clientelista, con una asunción cuasi pública de que lo torcido estaba torcido “pero, ¿y qué?”. Se cumplía a rajatabla la frase favorita del padre de un amigo: “Casi todo el mundo orina en la piscina, el problema son los que orinan desde el trampolín y se jactan de ello”.

Las nuevas manifestaciones de nepotismo se están pegando como una segunda piel a las personas de este gobierno; las denuncias de corrupción o los reclamos de un doble salario se están tatuando como un estigma sobre el “cambio”. E insólitamente, a mayor escándalo nuestro, mayor indiferencia de ellos.

Es difícil acostumbrarse a la corrupción de los mejores. Es difícil acostumbrarse a los cambios de las personas, movimientos y partidos que históricamente reivindicaron la moralidad pública, la honestidad y lo social como el centro de la vida.

Revuelve las tripas leer de qué manera se burla la Procuraduría General del Estado, encargada de velar por los bienes patrimoniales del país, para ridiculizarla llevándola al extremo de que el Dr. José Enrique García justifique lo injustificable. Oír de qué manera una eximia luchadora de la decencia como Lilian Soto, una mujer valerosa y coherente a la que nunca le tembló la voz para anunciar y denunciar, hoy día sacrifica los verbos y sustantivos para darles un tremendo vacío a las palabras y a las explicaciones, abandonando a una nebulosa gris lo que debe ser blanco o negro solamente.

¿Cómo es posible que los mejores titubeen para llamar a las cosas por su nombre y tengan estos “deslices” éticos? ¿Qué está pasando que sacrifican trayectorias en nombre de los amigos o “la causa” para justificar lo indebido?

La ética personal es innegociable, escribía Leonardo Boff en el 2005 en medio del escándalo de corrupción del PT en Brasil. Y agregaba que la conciencia es la norma interiorizada de la moralidad. “Hay ahí dentro, en lo íntimo de cada persona, una voz que no se calla, siempre vigilante, aprobando y prohibiendo, advirtiendo, aconsejando y diciendo: «no hagas eso, haz esto otro»”. Iba aún más allá al decir que “ningún proyecto de poder, ninguna victoria electoral justifica la desobediencia a la conciencia. Y así, serán castigados por las leyes y mucho más por su propia conciencia. De nada sirve huir, esta siempre los perseguirá”.

Así las cosas, uno se pregunta: ¿Y por casa cómo andarán estas conciencias?

Fecha: 09/03/2011 07:49.


Anónimo

Prebendas
por Alfredo Cantero.


Esta tradición de vivir del Estado ya tiene varias décadas en nuestro país. Desde aquella consigna de Natalicio González que no habría colorado pobre en el Paraguay, comenzó a operar una maquinaria que al paso del tiempo fue creciendo hasta llegar a un tamaño descomunal, que hoy no solo los republicanos se recogen bajo esa carpa sino ciudadanos de todos los colores. Presentado así, hasta parece beneficioso y democrático; sin embargo, el sistema prebendario y clientelista está llevando a un nivel de anarquía y destrucción lamentable a nuestro país.

Naturalmente, como otra forma más de la amplia gama de corrupción, esta práctica se perfeccionó en el largo periodo de la tiranía que sufrió nuestra nación. Muchos recordarán, sobre todo en las comunidades del interior, que las pretensiones de los padres eran que sus hijos varones sean militares o policías y las mujeres, maestra. Luego, ser esposa de uniformado otorgaba cierto estatus social, aunque no tanto como el de ser maestra ména. Para concretar ese ideal de familia, primero debían pasar por las seccionales, firmar sus afiliaciones y luego buscar los padrinos. Por esa vía, lentamente los cuarteles, las comisarías y las escuelas se fueron llenando de gente sin más vocación que la ambición de un salario seguro. Obviamente, hubo excepciones, pero el tiempo y las generaciones demostraron que entre los recomendados para conseguir un puesto en el Estado, una inmensa mayoría lo hacían solo por el sueldo.

A medida que fueron creciendo las exigencias de los caudillos para mantener el 90 por ciento de votos para las sucesivas reelecciones, se crearon ministerios, entes autárquicos y empresas publicas. Paralelamente comenzaron a pulular mansiones y 4 x 4 en los barrios como símbolo de opulencia de una clase social, los capos de Aduanas, Puertos, Itaipú, Yacyretá, Hacienda, Banco Central, ANDE, Corposana, etc.

En 1989 cayó la dictadura, pero no fue necesario tanto tiempo para darnos cuenta de que el esquema seguiría intacto. Incluso, según cuentan, hasta el mismo Stroessner se sorprendió cuando vio la foto del juramento de los nuevos ministros y notó que solo faltaba él.

Lo que siguió después fue una verdadera repartija de los cargos del Estado, peor aún, hasta la Corte Suprema de Justicia entró en la tómbola del cuoteo. Cada gobierno que se fue sucediendo creó direcciones, secretarías y, paradójicamente, hasta una oficina de Reforma del Estado.

Desde Juan Carlos Wasmosy (1993-1998) hasta Fernando Lugo la maquinaria estatal funciona con nueve ministerios, nueve secretarías con rango ministerial, seis direcciones, ocho empresas estatales y 13 entes autárquicos. Por lo menos, son aproximadamente 250.000 ciudadanos los que tienen empleo directo en alguna de estas oficinas. Si a eso sumamos a sus familiares, fácilmente son un millón de personas como mínimo quienes dependen del dinero público. Si esta cifra comparamos con la Población Económicamente Activa (3.160.000 - censo 2009), tenemos que los contribuyentes mantienen a un tercio de los habitantes de este país. No en vano el presupuesto general de la nación asigna más del 90 por ciento para salarios y en contrapartida los hospitales están sin médicos ni medicamentos y las escuelas sin pupitres.

Ante este cuadro, es natural que produzca indignación la lista de planilleros que se ventila en estos días y, peor aún, que sean los mismos representantes del pueblo los que promuevan este tipo de despilfarro del dinero público.

Pero todavía es más decepcionante para un país lleno de juventud como el nuestro que los jóvenes no tengan más ambición que conseguir un puesto en el Estado y para ello tengan que humillarse ante los caudillos inescrupulosos que se ufanan de conseguir “trabajo” a sus correligionarios. ¡Qué pena!

Fecha: 09/03/2011 07:50.


cosme baez

ESTADO GORDO, CLIENTELISTA Y PREBENDARIO. Lastimosamente este es el sistema que propician nuestro políticos corruptos. De esta manera se perennizan en el poder pretendiendo mantener al pueblo mendicante y convirtiendo a los funcionarios públicos en indignos, felones y rapaces. Cuya consecuencia directa es la falta de recursos para lo IMPORTANTE (inversiones en salud, educación, infrastructura, etc.)

Fecha: 09/03/2011 07:50.


al_dome_reles

Siempre fue asi, con TODOS los partidos y en casi todos los países................no hay que alarmarse guaú y luegoi ciando los periodistas tienen oportunidad son los peores

Fecha: 09/03/2011 07:51.


Anónimo

MÁS SOBRE EL PROBLEMA ELECTORAL
Escribe Alberto Vargas Peña

En mi columna del sábado pasado insistí en mi tesis que señalaba que el origen del problema se encontraba en la Constitución. En el Art. 118, precisamente. Lo dije antes que fuera aprobado y señalé las consecuencias. Pero tiene un defecto, de comprensión. Puede considerarse que digo que no hay mejor forma de desarrollar el tema y eso es terrible.El origen es una norma constitucional, pero el desarrollo no. Las medidas malas son malas y la base constitucional no las ampara ni las protege. Las posibilita y las origina, pero hasta ahí. No más, ni menos. Las listas ¨sábana¨son inevitables, pero pueden tener matices que las mejoren o las hagan peor de lo que podrían ser. Las leyes que surgen del origen peligroso establecido en la Constitución pueden ser buenas si se mantienen dentro del espíritu general del texto.El hecho incontrovertible es que el poder siempre demanda más poder. Y que una vez abierta una puerta o una ventana, la tendencia es a utilizarlas.

La norma constitucional es un agujero abierto; la tendencia asumida es propia de los políticos.Y fue irritantemente mala, eligiendo siempre lo peor, contra el espíritu democrático. La ventana no puede cerrarse sin una reforma constitucional, pero la tendencia sí. Y eso es lo que hay que hacer.La ley que autoriza a nombrar candidatos dependientes para inscribir a electores, como cupos partidarios es inconstitucional porque viola los principios establecidos en los artículos 125 y 126. El sábado pasado me llamó un abogado eminente del Foro paraguayo para hacerme notar este problema y me ofreció redactar la demanda de inconstitucionalidad. Se lo agradecí como corresponde y ahora lo hago público. Y me propongo pedirle que lleve adelante su iniciativa porque es la forma de oponerse a las tendencias malas que surgen de la norma constitucional.

Insisto pues en mi tesis original, pero incluyo en el procedimiento para solucionar, en lo posible, sus defectos: La inconstitucionalidad de las leyes que violen los principios generales de la democracia.La Constitución está llena de principios generales que defienden la democracia y no merece que se la maltrate y se la viole de la manera como se lo hace hoy. La Justicia tendrá el deber de retornar la política a su verdadero camino y a su ritmo.La cuestión electoral se puede colocar en su debido camino mediante la atención que tengan los electores, reclamando que las normas sean cumplidas.Si bien la Justicia obedece a los cupos, hay que insistir que los jueces cumplan con su deber primordial. Atender que la Constitución sea la gran base para emprender correctamente el camino de la libertad y la democracia.De ellos depende. Y se verá si la norma constitucional que es el origen del mal, deberá ser derogada a corto plazo o se podrá mantener, todavía, por un tiempo más.

Es un paso que hay que dar, sin más pérdida de tiempo.

Fecha: 09/03/2011 08:03.


Anónimo

CUESTIONES MORALES

Alcibíades González Delvalle
Periodista
Ex Presidente del Sindicato de Periodistas del Paraguay




Tan preocupante como los delitos cometidos en el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) es la indiferencia de sus autoridades ante esos delitos. Más que indiferencia, mucho se parece a complicidad o condescendencia.

Veamos: Cuando arreciaba la publicación acerca de los hechos criminales destapados por el fiscal Eduardo Cazenave, aparece el titular del TSJE, Alberto Ramírez Zambonini, a decirnos con la mayor tranquilidad, sin asomo de consternación, que no hay planilleros en la institución.

No obstante, es posible que Ramírez Zambonini diga la verdad si vamos a tomar la palabra “planillero” como referida al que cobra sin trabajar. Pero nada nos dice acerca de la otra cuestión: el que figura en la planilla de sueldos pero no cobra porque otras personas se encargan de hacerlo cada fin de mes en punto.

De modo que en el TSJE hay dos vertientes caudalosas por donde corre libremente el dinero del pueblo. Ramírez Zambonini niega la existencia de una. No debería hacerlo, más todavía cuando saltan las pruebas por todos los remiendos con que se procura zurcir el maltrecho Tribunal.

El jueves, Miriam Zoilán, periodista de Radio Uno, desmintió –a igual que otros periodistas en su misma situación– que estuviera recibiendo dinero del TSJE. Se puso de inmediato a disposición de la fiscalía, donde le exhibieron un documento en el que figuraba su nombre –pero sin su firma–, número de cédula de identidad y el monto de 900.000 guaraníes mensuales en concepto de salario desde julio del año pasado. Naturalmente, Miriam Zoilán no es planillera. La incluyeron en una escala todavía más preocupante: utilizando su nombre, y quién sabe los de cuántas personas más, seguramente un poderoso grupo de delincuentes se apodera de identidades ajenas para hacer su golpe y quedarse con el dinero. En esta lucrativa tarea se encontraba la secretaria privada del presidente del Congreso. Mientras investigaba este hecho, el fiscal Cazenave halló otras pistas que demostrarían la dimensión de los robos.

Sin justificar un ápice los delitos, estos comienzan con la ley según la cual cada parlamentario puede echar mano al dinero del TSJE en forma de cupo para sus correligionarios, familiares y demás deudos. La cuestión no sería tan escandalosa si las autoridades de la institución ejercieran algún control, aunque fuera remoto, de los funcionarios contratados. Pero no, en el Tribunal Superior de Justicia Electoral nadie sabe la cantidad de empleados que tiene, qué hacen, dónde están. Porque no saben, Ramírez Zambonini dispara que “no hay planilleros”.

Sería bueno tener en cuenta la propuesta de la diputada Desirée Masi de modificar la ley para terminar con tantos desarreglos administrativos, políticos y morales. De lo contrario, seguiremos con una institución carcomida por la corrupción con la mancha agregada de que se intenta apartar al fiscal que investiga los casos.

En este sentido, es de aplaudir el apoyo del fiscal general del Estado, Rubén Candia Amarilla, a Eduardo Cazenave. Lo hizo cuando las poderosas fuerzas corruptas se movilizaron para enterrar la investigación y, de paso, también al fiscal.

Tiene una particular gravedad la actitud del presidente del TSJE al negar la existencia de los hechos delictivos. Grave porque se trata de una institución que debería alzarse como una sólida garantía de nuestra democracia, del respeto a la voluntad popular. Pero en momentos en que se apoyan casos tan claramente demostrados de la corrupción ¿qué garantías tiene la ciudadanía de que sus votos serán respetados?

No se diga que un asunto nada tiene que ver con el otro; que el robo consentido del dinero es una cosa, y las elecciones son otras. No, son las mismas. Obedecen a los mismos temas morales. Si se permite robar un guaraní, bien se puede permitir el robo de un voto.

Y aquí está la única e indivisible cuestión: la credibilidad, la confianza. No se puede ser honesto en una cosa y deshonesto en otra.

Por el bien de nuestra democracia, el Tribunal Superior de Justicia Electoral debe limpiarse porque su mugre se puede colar en las urnas.

Fecha: 09/03/2011 08:16.


Anónimo

"¡QUÉ MBÓRE...!"

Alcibíades González Delvalle
Periodista
Ex Presidente del Sindicato de Periodistas del Paraguay




En estos días el ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral Juan Manuel Morales dijo con toda el alma “ese fiscal mbóre” refiriéndose al fiscal Eduardo Cazenave. Cazenave está ocupado en desenredar un laberinto que esconde nadie sabe cuánto dinero público sustraído de manera irregular.

El enfado de Morales fue porque el fiscal no le puso al tanto del hallazgo, todavía parcial, de sus investigaciones. En rigor, le corresponde a Morales la función de poner a conocimiento de la fiscalía las anormalidades de la institución, y no al revés.

La palabra “mbóre” parece haberse originado cuando las fuerzas aliadas ocuparon el país en la Guerra del 70. La versión más difundida es que los brasileños respondían con un rotundo “vai embora” (váyase) cualquier pedido incómodo de los paraguayos. Desde entonces el vocablo se incorporó a nuestro léxico como sinónimo de argelería, animadversión, fastidio: “Imbóre pe tipo”. Se lo usa también en su otro sentido, como aprobación o elogio, pero entonces le acompaña un gesto festivo que marca la diferencia de la otra acepción. También en otra guerra –la del Chaco– surgió una frase que se haría muy popular: “caputi menonita”, para significar la frustración de un deseo.

El “mbóre”, como otras palabras similares, tiene un uso masivo y sin inhibiciones en determinadas capas sociales. En otras, solo aparece en el jolgorio de una reunión familiar. Siempre se busca, en los círculos cerrados, que no trascienda para que no denuncie la “incultura” de quien lo haya proferido.

En la prensa, por ejemplo, nunca vamos a leer que el ministro tal, o el diputado, o el senador, “es un mbóre”, aunque lo fuese sobradamente. El vocablo se reservan los periodistas para sus comentarios en la redacción. O sea que “mbóre” es una voz restringida o ignorada por muchas personas y en muchos sitios. Es curioso porque “mbóre”, en sí mismo, nada quiere decir, a nada remite, no representa ninguna idea salvo la intención que se le quiera dar. Y aquí está el asunto: la intención. Puede contener hasta una tonelada de desprecio, de reproche, de enojo desmedido. Entonces la palabra abarca los círculos más elevados del poder y sale disparada como una bala explosiva. En esta situación de enojo el “mbóre” no tiene rival. Se levanta por encima del “canalla”, “chabacano”, “despreciable”, etc.

Por esta misma intervención en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, sobre Cazenave cayó otro rayo fulminante disparado por el senador Calé Galaverna, que le trató al fiscal de “sinvergüenza”. Es porque estaría “tocado”, supuestamente, por el dinero del presidente del Congreso, Oscar González Daher, el cual, según Galaverna, procura desviar la atención en el caso que involucra a la secretaria de González Daher: las tarjetas de débito que ella cobraba a cuenta de varios planilleros del Tribunal Electoral.

Este supuesto desvío de atención aparece cuando, en el curso de sus investigaciones sobre las tarjetas, el fiscal encuentra más planilleros entre quienes –corrió la versión– se encontraría el hijo del senador como futbolista del club 24 de Mayo más otros jugadores.

El senador fue más allá de descalificar a Cazenave: le amenazó –“si sigue haciéndose el gallito”– con ventilar algunos hechos delictivos que comprometerían al fiscal. Por de pronto, como un adelanto, mostró el remangue.

Hubiera sido más fácil para todos, inocentes y pecadores, que el fiscal hiciese su trabajo en una atmósfera más sosegada, más tranquila, sin tantos enojos estridentes. Este tiempo tormentoso que envuelve la debida investigación no hace sino poner en alerta a la opinión pública que estaría pensando, con sobrada razón, que los truenos procuran –ellos sí– desviar la atención de los casos en investigación.

Fecha: 09/03/2011 08:17.


Anónimo

Lo que el Partido Colorado necesita son propuestas para cambiar su historia

En las internas del Partido Colorado aparecen algunos actos de violencia que forman parte de una cultura no superada. Es necesario que esos casos sean esclarecidos y sus autores e instigadores, castigados. Fuera de eso, más allá de las agresiones verbales de subidos tonos, las campañas pos-stronismo se han desarrollado en un clima de normalidad. Es de esperar que se mantengan así en las elecciones de este fin de semana.

Lo que la democracia permite, al dejar que cada quien usufructúe su derecho a postularse a un cargo partidario o a adherirse a determinadas propuestas, es la posibilidad de expresar una posición en la sociedad. El respeto y la tolerancia de las opiniones divergentes son los rasgos que tienen que marcar esa participación en la vida cívica.

Dentro del Partido Colorado, después de la Guerra Civil de 1947, quedó una herencia de rechazo muy fuerte del pensamiento político disidente, tanto dentro de esa agrupación como en la oposición. La intolerancia se tradujo en crímenes atroces, persecuciones y dolores sin límites. La dictadura de Stroessner institucionalizó los mecanismos desestructurados de los ataques a las ideas diferentes.

En 22 años de democracia, con luces y sombras, unos pocos colorados no han aprendido todavía que las opiniones divergentes no pueden ser modificadas a balazos. Es por eso que en San Estanislao fue tiroteada la casa de un aspirante a presidente de la seccional local, y en Itakyry (Alto Paraná) asesinaron a un locutor y activista colorado. Los indicios llevan a la conclusión de que esas acciones fueron motivadas por el proselitismo en pleno desarrollo.

Las descalificaciones verbales y los insultos forman parte del mismo esquema de agresión, aunque obviamente no llevan la intención de aniquilar físicamente al oponente. El desenfreno en el vocabulario revela que todavía continúa arraigada la idea de que para ganar en las urnas hay que denigrar al de la lista contraria. Pocos aún son los que piensan que las propuestas tendrían que ser lo esencial en la búsqueda de adherentes a una causa.

El discurso político que se ocupa más de exhibir las lacras de sus compañeros -porque, salvo excepciones, estuvieron juntos en algunas de las carpas del coloradismo- antes que de proponer un cambio de actitud de los dirigentes y operadores en favor de la decencia, la honestidad, la transparencia y el respeto hacia los demás, es lamentable y digno de repudio.

Lo que el Partido Colorado, en la llanura, necesita hoy no son agresores, sino propuestas pragmáticas para cambiar su historia y dar respuestas a los reclamos populares, superando la corrupción en la que se han especializado en décadas de ejercicio del poder. Debe tener claro que a la mayoría le importa hoy qué es lo que los partidos políticos van a hacer para vencer la pobreza, generar empleos, mejorar la salud y la educación, derrotar las mafias judiciales y brindar mayores niveles de seguridad.

Es de esperar que los comicios del próximo domingo sean una fiesta del civismo y la educación. Que aquellos que todavía están aferrados a la convicción de que la fuerza vale más que la razón no aparezcan en escena para enturbiar lo que tiene que ser la expresión de la voluntad popular. Cada colorado tiene que ser un celoso guardián del comportamiento de sus correligionarios, para que los violentos sean marginados.

Fecha: 09/03/2011 17:36.


Anónimo

BANCA CIUDADANA
Si algo cambia, quizás luego cambiemos más

por Marcos Cáceres Amarilla


No hay que engañarse. El desbloqueo de las listas sábana de candidatos no librará inmediatamente a la ciudadanía paraguaya de algunos próceres de la mentira ni de otros campeones de la inutilidad. Solamente será un pequeño resquicio, que dejará insatisfecha a la mayoría de los que sueñan con dirigentes políticos más sensatos, formados o independientes.

Las dificultades que aduce la Justicia Electoral para implementar el sistema son atendibles, pero tienen solución con la aplicación de tecnología a la que no podemos seguir negándonos, como si estuviésemos aún en el siglo XIX.

La resistencia de muchos dirigentes políticos tradicionales se debe, evidentemente, al temor de perder sus espacios de poder y de impunidad. En realidad, tienen razón en su miedo. Si bien, en principio, el sistema no les afectará demasiado, puede ser el principio de su decadencia. Al menos, eso es lo que en el fondo creen.

El porcentaje de participación en las elecciones de nuestro país, en general, es bajo, pero eso no les importa absolutamente a gran parte de los dirigentes políticos, cuya única preocupación real es asegurarse su lugar cada periodo.

Ese nivel de ausentismo que se registra en cada elección tiene más relación con la desconfianza y el descreimiento, que con el desinterés de una buena parte de la ciudadanía. Es lógico que muchos estén hartos de escuchar a los mismos sabandijas decir las mismas tonterías durante años y años. Es irritante que algunos caraduras que se hicieron ricos en la función pública, que cometieron fraudes y extorsiones y que encima se creen los dueños de la verdad, quieran darnos cátedra de democracia y decencia, como si fuéramos extranjeros y no habitantes de este país.

La aparición en los últimos años de aspirantes o candidatos presidenciales que no provienen del ámbito político, pero que, “casualmente”, aparecen de la mano de algunos de estos nefastos personajes es un intento de maquillaje y de aplicar el conocido gatopardismo: cambiar algo para que nada cambie.

De la continuidad de este sistema perverso somos responsables muchos y no solo quienes distraídamente los votan: los medios de comunicación que les dan espacio, los que les piden favores y los que creyendo usarlos son usados burdamente por estos políticos.

La solución es simple y a la vez complicada. Simple porque no exige otro esfuerzo que participar e involucrarse mínimamente en la suerte de nuestro país, al menos en cada elección. Y complicada porque exige el esfuerzo de creer y confiar en que el sistema puede mejorar y que quienes hoy lo usan en forma perversa, mañana pueden ser expulsados, a través de esa participación.

El desbloqueo de listas sábana parece un paso pequeño al principio, pero el rechazo indisimulable de algunos impresentables hace suponer que se podría comenzar a cambiar algo.

Fecha: 31/03/2011 09:20.


Añadir un comentario



No será mostrado.