GOBERNADORES E INTENDENTES DEBEN IMPULSAR LA DESCENTRALIZACIÓN DEL PAÍS
El presidente de la República en ejercicio, doctor Federico Franco, anunció esta semana su intención de dar impulso político al proceso de descentralización del Estado, un auspicioso y necesario proyecto que permitirá generar el verdadero y genuino desarrollo económico y social del Paraguay, fundamentalmente en el interior del país, pero que aún no ha pasado de ser un significativo enunciado estampado en el texto constitucional.
En efecto, ya el primer artículo de la Constitución de 1992 declara que “la República del Paraguay (…) se constituye en Estado social de derecho, unitario, indivisible y descentralizado...”. Por su parte, el artículo 156 establece que “el territorio nacional se divide en departamentos, municipios y distritos, los cuales (…) gozan de autonomía política, administrativa y normativa para la gestión de sus intereses, y de autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos”.
Lamentablemente, en los últimos dieciocho años de vida constitucional, es muy poco lo que se ha avanzado para concretar este importante principio de la descentralización, parte esencial del cual constituye la indispensable “distribución y participación de los recursos del Estado entre los diferentes niveles de gobierno”, tal como lo menciona el proyecto de ley “Marco de la Descentralización”, presentado por el diputado Salyn Buzarquis al Congreso el 24 de noviembre de 2009.
Uno de los grandes tropiezos que la necesidad de impulsar el desarrollo de nuestro país ha encontrado en su camino de manera reiterada a lo largo de la historia es la insidiosa y egoísta centralización con que la clase política paraguaya ha concebido a la administración del Estado: todo es visto con los ojos de Asunción y pretende ser dirigido desde la capital del país. Se ha generado así un pernicioso paternalismo que, sin lugar a dudas, tuvo una influencia decisiva en las sucesivas oleadas migratorias internas desde el interior hacia la principal ciudad de la República.
En realidad, el principio de la descentralización responde a un planteamiento elemental: aquellos que más interesados están en la promoción y el desarrollo económico y social de sus jurisdicciones son los gobiernos regionales y locales, así como los que mayor incidencia pueden tener en la superación de los principales problemas que afectan a sus habitantes, de donde surge claramente la necesidad de munirlos de los recursos suficientes para emprender las acciones que permitan encarar los desafíos que actualmente sobrellevan.
Quiénes mejor que el gobernador y el intendente municipal para estar preocupados por la solución de los problemas edilicios y de escasez de recursos humanos que se presentan en sus escuelas y hospitales, de las cuestiones urbanísticas que hacen a sus respectivas localidades, de los asuntos de saneamiento, por no citar sino a los más significativos. Sin embargo, el actual régimen político prebendarista manejado desde Asunción los mantiene de rodillas, eternamente dependientes y sojuzgados, con el ya inocultable propósito de sostener indefinidamente vigente la rosca perversa de la que se nutre parasitariamente la “clase política” paraguaya, sea esta del signo ideológico que fuera.
De allí que se presente como una labor urgente e impostergable la reglamentación, mediante ley respectiva, del principio constitucional que establece y garantiza la “autarquía en la recaudación e inversión” de los recursos de gobernaciones y municipalidades.
Por lo pronto, la propia Constitución les ha otorgado a las intendencias el derecho exclusivo de percepción del impuesto inmobiliario. Sin embargo, los valores sumamente exiguos que actualmente se recaudan no han permitido generar un verdadero salto cualitativo en el desarrollo de esas jurisdicciones, de lo que fácilmente se puede colegir la necesidad de incrementar sustancialmente dicho tributo y de ampliar su base recaudatoria.
Los gobernadores e intendentes deberían ser los primeros interesados en promover la descentralización del Estado paraguayo, así como la desconcentración de las funciones, los recursos y las recaudaciones. Obteniendo este instrumento básico, no solo estarán en condiciones de promover el progreso en los ámbitos de su competencia, sino también de hacer una carrera política genuina basada en el éxito y la administración competente, transparente y eficaz de los recursos de sus propias comunidades. Haciéndolo de este modo, se granjearán la simpatía de sus conciudadanos, que no vacilarán un segundo en promoverlos, por la vía del voto, hacia nuevas y mayores responsabilidades políticas.
Ya es hora de que los gobernadores e intendentes del país adquieran la madurez y la entereza necesarias para liberarse de la nefasta manipulación política a la que se los ha venido sistemáticamente sometiendo desde Asunción, en lo que configuró una siniestra estrategia destinada a sostener un modelo de Estado centralizado, egoísta, elefantiásico, prebendario, inservible e irremediablemente corrupto, responsable de la indignante pobreza del campesinado paraguayo.
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