por Gustavo de Gásperi (*)

La idea de un pronunciamiento o declaración de los diputados nacionales es buena si se exploran las posibilidades del Ministerio de Hacienda de prescindir de los royalties, de tal forma que para el futuro tengamos la base del valor del agua del río Paraná que aportamos a Itaipú para la generación de la energía, como referencia de un eventual reclamo ante Tribunales Internacionales.

 

Sería más positivo que el sacrificio sea financiado por la reducción del tamaño de la burocracia, o sea del Estado. Existen tanto entes públicos para fines paralelos y el pueblo sabe que, no obstante, el avance de la corrupción es incesante.

 

De algún modo y en algún momento este caos en los poderes del Estado debe detenerse. Nadie mejor que los integrantes del Congreso para dar el puntapié inicial, máxime si con motivo del Bicentenario de nuestra independencia recordamos que como nación nos iniciamos con tan poco y que cada vez que las circunstancias lo requirieron, el Paraguay puso todo cuanto tenía para la Guerra Grande, para la del Chaco y ahora llega la hora de declarar la guerra a la memoria de los sinvergüenzas que hicieron posible regalar la naturaleza que generosamente nos rodea y que hoy es en gran medida ajena, por obra y gracia de espíritus no muy santos.

 

 No obstante, el pesimismo preponderante en las antecedentes conclusiones, es necesario felicitar a los firmantes de la proyectada declaración. Ante la conducta del Ejecutivo al menospreciar la opinión de los técnicos de la comisión que formó para asesorarle y la notoria mediocridad de los estudios sobre temas tan complejos, debe el Poder Legislativo suplir las omisiones en el manejo de las relaciones internacionales como un deber patriótico real, no inspirado en ilusiones patrioteras y tomar en serio el estudio de los tratados (Itaipú y Yacyretá) (en el caso de Yacyretá no se habla de royalties) y sobre todo el estudio del Convenio de Viena de 1969. Es probable que en el caso Itaipú, la demanda en La Haya sea inevitable, y no se podrá evitar la articulación de la nulidad parcial o total del Tratado previa denuncia o como resuelvan los internacionalistas, que habrá que formarlos.

 

 En el caso de Yacyretá es posible cambiar la orientación diplomática por otra que se inspire en la interpretación del Tratado por parte de nuestros juristas, sin perder de vista en ambos casos que en el tiempo ya transcurrido el Paraguay no ha percibido su parte, ni existe razón que justifique tal omisión.

 

Lo que el Paraguay no ha percibido, un monto enorme de dinero, está jurídicamente cubierto a favor de nuestros vecinos por documentos firmados por nuestros agentes, que deben ser impugnados de nulidad dentro del esquema global del enriquecimiento injusto, que nuestro Presidente en el  2008 anunció ante un foro internacional en México, que  Paraguay  articularía para después comportarse como si de pronto lo hubieran transformado en eunuco.

 

 Los problemas relativos a la deuda, que muchos creen ser el principal, lo es solo en tanto y cuanto sirva al objetivo de recuperar el tiempo perdido mediante la negociación de un valor compensatorio, injustamente omitido.

 

 Entretanto, las obras que interesan a nuestros hermanos deben ser miradas con lupa, porque no es posible que la política exterior del Paraguay se fundamente en la conveniencia de los contratistas, cuyo interés es muy respetable, pero ellos soslayan al pueblo, siempre postergado por la indiferencia cruel de gobernantes y negociantes de las obras proyectadas. Si en alguna tarea nacional, el Estado en cuanto tal debe justificar su conducta, por encima de los intereses individuales, es en la ejecución de las obras públicas internacionales, donde más cuidado debe aplicarse.

 

La última instancia será el juicio de la Historia.

 

(*) Abogado. Columnista invitado

 

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