Inclusión de personas con discapacidad Un importante avance tuvo la lucha de las personas con discapacidad por su plena integración laboral y social con la firma del presidente Fernando Lugo del decreto que les reserva el 5% de los puestos del sector público. La nueva disposición supone, según publicó La Nación, que 11.000 cargos en la administración del Estado deben ser ocupados por personas con discapacidad. Se trata de una conquista, no solo para quienes se encuentran en este sector de la población, sino para el país en general, ya que es un paso concreto y efectivo para reducir la discriminación y tornar más plural y tolerante al conjunto de nuestra sociedad. El grado de desarrollo de una comunidad no solo se registra por las estadísticas económicas o los indicadores de la producción, sino que bien puede medirse por el trato que se le concede a las minorías y a los grupos más vulnerables.
La información difundida hace algunos días consigna que en la actualidad existen 868 funcionarios públicos en condición de discapacidad, un número muy inferior al que acaba de fijar el decreto presidencial. Es evidente que el cumplimiento cabal de la nueva normativa demandará bastante tiempo y serán necesarios cambios y planes de adecuación en más de un sentido desde los edificios hasta la reasignación de funciones en varias instituciones del Estado. Las organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad no deberán bajar los brazos tras esta victoria, sino que más bien deberán intensificar su trabajo para conseguir que se haga realidad la regulación referida. Sin embargo, el primer paso está dado. El decreto marca la orientación política que se deberá seguir en adelante para alcanzar niveles cada vez mayores de inclusión laboral y social de las personas con discapacidad.
Con estas acciones inclusivas no solo se impulsan medidas de justicia elemental, permitiendo el acceso de las personas con discapacidad a la posibilidad de la autonomía personal y del autosustento económico, sino que también se abren las puertas del Estado a la participación de valiosos talentos que son marginados por causa de prejuicios y falsas creencias.
La inclusión no debe quedarse solo en la asignación del cupo laboral al que se alude. Es indispensable además ofrecer capacitación técnica y profesional adecuados a las personas con discapacidad que aspiran a ingresar al funcionariado público. Históricamente, la discriminación también se ha expresado en una escasa y pobre labor de formación y educación para este sector de nuestra población. Servirá de poco la incorporación laboral si no es complementada con una fuerte apuesta a la capacitación, de modo a que las personas con discapacidad tengan las herramientas para desarrollar plenamente sus aptitudes y de esa forma contribuir con calidad y eficiencia desde su lugar de trabajo. De esta manera, las personas con discapacidad tendrán también la oportunidad de acceder al mercado laboral en el sector privado, donde el Estado podría promover la contratación de estos ciudadanos mediante planes de incentivos o programas de pasantía, etcétera.
Son pasos fundamentales para que el conjunto de la sociedad paraguaya, sin exclusiones, se encamine a la meta de una vida libre y digna.
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Anónimo -
Un importante avance tuvo la lucha de las personas con discapacidad por su plena integración laboral y social con la firma del presidente Fernando Lugo del decreto que les reserva el 5% de los puestos del sector público. La nueva disposición supone, según publicó La Nación, que 11.000 cargos en la administración del Estado deben ser ocupados por personas con discapacidad. Se trata de una conquista, no solo para quienes se encuentran en este sector de la población, sino para el país en general, ya que es un paso concreto y efectivo para reducir la discriminación y tornar más plural y tolerante al conjunto de nuestra sociedad. El grado de desarrollo de una comunidad no solo se registra por las estadísticas económicas o los indicadores de la producción, sino que bien puede medirse por el trato que se le concede a las minorías y a los grupos más vulnerables.
La información difundida hace algunos días consigna que en la actualidad existen 868 funcionarios públicos en condición de discapacidad, un número muy inferior al que acaba de fijar el decreto presidencial. Es evidente que el cumplimiento cabal de la nueva normativa demandará bastante tiempo y serán necesarios cambios y planes de adecuación en más de un sentido desde los edificios hasta la reasignación de funciones en varias instituciones del Estado. Las organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad no deberán bajar los brazos tras esta victoria, sino que más bien deberán intensificar su trabajo para conseguir que se haga realidad la regulación referida. Sin embargo, el primer paso está dado. El decreto marca la orientación política que se deberá seguir en adelante para alcanzar niveles cada vez mayores de inclusión laboral y social de las personas con discapacidad.
Con estas acciones inclusivas no solo se impulsan medidas de justicia elemental, permitiendo el acceso de las personas con discapacidad a la posibilidad de la autonomía personal y del autosustento económico, sino que también se abren las puertas del Estado a la participación de valiosos talentos que son marginados por causa de prejuicios y falsas creencias.
La inclusión no debe quedarse solo en la asignación del cupo laboral al que se alude. Es indispensable además ofrecer capacitación técnica y profesional adecuados a las personas con discapacidad que aspiran a ingresar al funcionariado público. Históricamente, la discriminación también se ha expresado en una escasa y pobre labor de formación y educación para este sector de nuestra población. Servirá de poco la incorporación laboral si no es complementada con una fuerte apuesta a la capacitación, de modo a que las personas con discapacidad tengan las herramientas para desarrollar plenamente sus aptitudes y de esa forma contribuir con calidad y eficiencia desde su lugar de trabajo. De esta manera, las personas con discapacidad tendrán también la oportunidad de acceder al mercado laboral en el sector privado, donde el Estado podría promover la contratación de estos ciudadanos mediante planes de incentivos o programas de pasantía, etcétera.
Son pasos fundamentales para que el conjunto de la sociedad paraguaya, sin exclusiones, se encamine a la meta de una vida libre y digna.
http://www.lanacion.com.py/articulo.php?inclusion-de-personas-con-discapacidad&edicion=2&sec=29&art=18178