MONOS CON NAVAJA
En estos días el senador “social media star” (sí, el mismo en quien están pensando) hizo público uno de sus nuevos e hilarantes proyectos de ley a los que cada tanto nos tiene acostumbrados, esta vez el innombrable legislador propone que: “Todo ciudadano tiene derecho a la portación de armas de fuego y la Policía Nacional autorizará la misma, excepto razón fundada por escrito. La negación del derecho de porte podrá ser recurrida en instancias judiciales”. Así como quien no quiere la cosa.
El tema surgió a raíz de un lamentable hecho de intento de robo a una mujer, la cual se defendió, en todo su derecho, abatiendo de un balazo al malhechor que la amenazaba. Este hecho, dentro de la gravedad que reviste, me parece justo ya que la misma actúo en base al derecho que constitucionalmente le ampara, el derecho a la defensa propia. Hasta ahí, creo que todos coincidimos.
Lamentablemente el legislador de marras, aprovechando la coyuntura y buscando, una vez más, a través de una medida populista y demagógica obtener la simpatía y el apoyo popular de los que carece totalmente, propone una ley que permita a cualquier ciudadano portar un arma de fuego consigo.
A favor de su propuesta se podría argüir que en el estado actual (y pasado) de cosas el Estado no garantiza de manera suficiente y eficiente la seguridad de sus ciudadanos, cosa que evidentemente es cierta; y la cual debe ser corregida y mejorada por él mismo; y recalco por él mismo.
No quiero detenerme mucho en cuestiones filosóficas o sociológicas (a las que, aclaro, soy sólo un aficionado) pero cuando uno vive en sociedad realiza ciertas renuncias individuales a favor del bien social, colectivo o común, en lenguaje práctico: tu derecho termina en donde comienza el mío; es esa la esencia del Contrato Social, concepto que fuera perfeccionado hace más de 2 siglos por J.J. Rosseau, y que hasta ahora, para bien o para mal se aplica para la vida en sociedad.
Es en razón de ello que surgen los Estados tal como los conocemos hoy; son los encargados, electos por los habitantes para administrar el poder (bueno, por lo menos en una democracia eso sucede); al administrar el poder son los encargados de impartir la justicia entre sus habitantes, estos habitantes a su vez y a efectos de vivir en sociedad renuncian a hacer justicia por mano propia, delegando al Estado esa función punitiva. Al caso que analizamos, a eso se reduciría, claro… brutamente hablando.
En contra tiene, aparte de la disposición constitucional de hacer justicia por mano propia, el descontrol social que podría acarrear; y me explico: ¿este proyecto, de aprobarse (y esperemos que no) abriría las puertas a involucionar como sociedad al estadio de hacer justicia por mano propia? Yo creo que sí, y no solamente a la justicia por mano propia sino a aumentar la criminalidad en proporción geométrica. Si tienen alguna duda, vean el índice de criminalidad de una sociedad como la norteamericana, que garantiza relativas facilidades a sus ciudadanos para armarse.
A esto deberíamos sumar, como agravante, el hecho del grado de madurez social que tenemos los paraguayos para poder andar por la vida armados; digo… ¿una sociedad que no respeta algo tan básico como la línea cebra del paso de peatones, está en condiciones de que se le permita andar armada? O mejor, ¿cuántos “sospechosos” serán liquidados con por el solo hecho de parecerlo? La delgada línea que divide un crimen de la legítima defensa se volverá aún mucho, pero mucho más borrosa.
En fin, de prosperar esta propuesta, les sugiero invertir en funerarias; será el negocio con más futuro en Paraguay.
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