SEGURO SOCIAL
- Andrés Granje.
Todos los trabajadores asalariados del país tienen que tener por ley un seguro social, este seguro que comprende el seguro medico y el aporte jubilatorio, es obligatorio, la disposición legal instituye sanciones para los empleadores que incumplen con este medida, por eso nos parece realmente importante que los docentes que trabajan en instituciones privadas también puedan acceder a este seguro, ya que hasta el momento existen muchísimos profesionales de la educación que no tienen este beneficio y otros los tienen a medias.
Gremios de profesores están conversando con funcionarios de la previsional para que ellos ingresen dentro del engranaje del IPS, como aportantes plenos del sistema con todas las obligaciones y beneficios, hasta el momento hay docentes que son contratados solamente por diez meses al año y solamente tienen seguros médicos por esos meses y no aportan para la jubilación, existen muchas aristas que deben ser contempladas, como la situación de docentes con mas de cuarenta años, que trabajaron sin aportar para su jubilación, que difícilmente podrían completar ahora los años que se necesita para este beneficio, indudablemente lo que no se puede permitir es que exista maestros que el día de mañana puedan quedar en su vejez sin recursos económicos por no haber realizado el y sus empleadores los aportes jubilatorios.
Sin embargo existe resistencia de los gremios de propietarios de las Universidades y los colegios privados, quienes afirman que no pueden pagar la parte que les corresponden, porque no han considerado este punto en el momento en que fijaron la cuota cobrada a los alumnos, en todo caso, el año venidero tendrán que contemplarlo, no se puede admitir una violación tan flagrante a acuerdos internacionales con la OIT, suscriptas por el país.
Esta posibilidad que se abre al Instituto de Previsión Social (IPS), nos parece que es optima para la institución, el hecho de que cada vez tenga mas asegurados, también los funcionarios judiciales pasan a aportar y son nuevos asegurados al sistema, en vez de ser preocupación debe de ser motivo de alegría y felicidad para sus autoridades y el ente. Al tener mas asegurados tendrá mas disponibilidad de recursos económicos, pues son mas los aportantes, con lo cual debiera de existir suficiente recursos para mejorar todo el sistema.
Lamentablemente por sus estatutos el IPS, no es dueño de su destino, el estado, el tercer socio del emprendimiento, juntamente con los trabajadores y los empleadores, es el que maneja los fondos y el que dice cuanto se debe gastar y en que, cuando creemos que su tarea debiera ser solamente la de rector, debiera ser un ente totalmente autónomo de tal forma de disponer la construcción de nuevos hospitales, equipamientos hospitalarios, insumos, medicamentos etc., cuando fuera necesario. De la misma manera de invertir los recursos que posee de la mejor manera para un mayor beneficio de sus asegurados y jubilados y no se la caja chica segura de la administración publica como es en la actualidad.
2 comentarios
Anónimo -
Esperando casi 25 días una respuesta corporativa de las autoridades médicas del IPS, a la opinión brindada por el presidente de APA, Sr. Alcides Roa, el 1 de diciembre de 2010 en el diario Última Hora (sección Opinión Pública) y al no encontrarla, en forma personal, como médico "vulgaris" de la institución, quiero aclarar lo que sigue.
No soy portavoz ni representante de la institución ni siquiera de los colegas médicos, pero como funcionario antiguo que conoce y ama al IPS, no acepto el uso de la palabra "hipócrita", aunque provenga de un juego de palabras referente a Hipócrates, casi como un sinónimo de médico del IPS.
Me sorprende que como presidente de una Asociación no conozca al detalle la saturación que soporta hoy el IPS, y quiera que sus colegas pasen a formar parte de los asegurados que hoy no pueden ver cumplidas sus necesidades.
Existen servicios que tienen fecha para cirugía programada en el mes de mayo del 2011 y ¿le trata de hipócritas a los médicos? Estos, cada día con mayor riesgo de demandas por negligencias o malas praxis, realizan la llamada Medicina a la defensiva, que cual Maño Ruiz, se cuelgan del travesaño, tratando de que no les entre un gol y los envíe a los Tribunales, a consecuencia de la masificación.
Los pedidos de laboratorio e imágenes han sobrepasado los límites previstos, todo con el afán de evitar errores que nos puedan costar caro, pero el precio lo pagan los asegurados al prolongarse la lista de espera para consultas y cirugías.
Aun así, en estas condiciones, ¿quiere que sus colegas formen parte de la gran familia del IPS?
Estoy de acuerdo con usted, de que el seguro social debe incluir a los colectivos previstos, pero el crecimiento no debe ser solo de asegurados. Debe crecer en infraestructura, en profesionales, en equipamientos, etc. O sea, debe ser planificado para brindar los servicios que merecen los asegurados.
Ahora, si nos regimos por la definición de Hipocresía de la Real Academia que transcribo abajo:
Hipocresía: fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan.
¿Me podría contestar dónde encasillo a los artistas que actúan gratis para la compra de materiales en forma solidaria y posteriormente se quejan de ello?
Sr. Roa: No culpe a los médicos en general. Denuncie, con nombre y apellido, a aquellos que, según usted, no cumplen con el Juramento.
Le puedo asegurar que serán los médicos quienes, sin preguntar qué profesión tiene, independientemente del gobierno de turno o de la administración de turno, buscarán reconfortarlo en los momentos de necesidad.
Atentamente,
Dr. Gustavo González M.
C.I. 447.684
Antonio Palazon Ibieta -
Desde casi su inicio, el Instituto de Previsión Social (IPS) creado por decreto Ley Nº 17071 el 18 de febrero de 1943, ha sido una herramienta creadora de cuantiosas fortunas para sus administradores y cómplices. El uso discrecional, arbitrario y la dilapidación de sus fondos por personeros nombrados por políticos del gobierno, que nada tiene que ver con la Institución Fueron y siguen siendo una constante de los gobiernos de turno. Fue por mucho tiempo coto cerrado de caza del partido colorado en función de gobierno, o mejor de ciertos dirigentes inescrupulosos de ese centenario partido.
Con ansias se esperaba que una vez tomado posesión los nuevos gobernantes, Fernando Lugo Federico Franco, que su eslogan de campaña fue el Cambio Seguro. Se esperaba que al siguiente día limpiara la Institución con medidas radicales para terminar con la corrupción, implacable flagelo depravado que se hizo norma durante años y sigue a pesar de todo gozando de impunidad.
Hoy esta gran institución social que fue creada para servir a sus aportantes, sigue siendo manoseada por algunos bribones que fungen de políticos, no ya con exclusividad de los dirigentes del coloradismo, ahora están agabillados con los que se auto calificaban de opositores, que no pasan de ser unos vulgares oportunistas que lucran con el esfuerzo de miles de personas, en gran medida humildes asalariados. Parte de esa corruptela conforman muchos dirigentes de los sindicatos que utilizan su posición de tales para extorsionar y obtener canonjías en detrimento de los aportantes, que son sus legítimos dueños. Me refiero a los obreros, patrones y jubilados.
El gobierno de turno nombra al Presidente y al Consejo. En él está un representante del Ministerio de Salud, de Justicia. Por los empleadores la Feprinco, por los trabajadores un miembro de los sindicatos, y un representante de los jubilados y pensionados del IPS. Ninguno de estos Consejeros representa a los reales intereses de los aportantes, con excepción de los jubilados. ¿No es acaso aberrante que una Institución de tanta importancia social sea manejada por extraños?.
El Parlamento Nacional debe reparar este inadmisible e inmisericorde saqueo, entregándolo a sus dueños legítimos para que sea una herramienta válida para todos ellos. ¿Quien mejor para administrar sus bienes que sus genuinos y únicos dueños? Ellos, los propietarios deben marcar el derrotero de su política económico-financiera buscando la mejor atención a sus asegurados, y sobre todo cuidando que los nuevos aportantes tengan la seguridad, que cuando lleguen a jubilarse, puedan cobrar y ser atendidos como se merecen.
El Estado solo debe velar por el cumplimiento estricto de las obligaciones de sus directivos.