UNA MADRE SOLA EN LA PLAZA
- Andrés Colman Gutiérrez
María Noguera era una humilde mujer que nunca se interesó en la militancia política o el activismo social. Hija de un conocido caudillo colorado del barrio Santa María de Asunción, trabajaba afanosamente como modista para mantener a sus cuatro hijos. Hasta que el mayor de ellos, Vicente Ariel Noguera, fue a cumplir el servicio militar obligatorio en un cuartel del Tercer Cuerpo de Ejército en Mariscal Estigarribia, Chaco.
En la madrugada del 12 de enero de 1996, ella recibió la llamada telefónica que le cambió la vida. Un alto jefe militar le comunicó que su hijo acababa de morir, víctima de una enfermedad. No lo pudo creer. Su hijo se había despedido nueve días antes, y al abrazarlo ella lo había sentido más sano y fuerte que nunca. La sospecha se le metió en el alma: "A mi hijo lo mataron".
Empezó a transitar un mundo que hasta entonces le era totalmente desconocido: prensa, cuarteles, tribunales, Parlamento, despachos ministeriales, organizaciones de derechos humanos. Encontró a otras madres y familiares de otros jóvenes muertos en los cuarteles, resignados a llorar en silencio. Encontró que desde la caída de la dictadura se habían registrado más de 100 muertes sospechosas de soldaditos durante el servicio militar, muchos apenas niños, arreados sin tener aún la edad reglamentaria.
En la memoria de Vicente Ariel, ella se prometió a sí misma que no se iba a resignar ni se iba a callar. Comenzó a librar una batalla política y judicial para que se investigue la sospechosa muerte, y convocó a los padres y parientes de las otras víctimas. Así nació la Asociación Familiares de Víctimas del Servicio Militar (Afavisem). Los rostros de los conscriptos caídos se convirtieron en estandartes, alzados en alto por las manos de sus madres.
La Justicia archivó el caso, a pesar de que María obtuvo testimonios e indicios de que Vicente Ariel murió a causa de abusos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó reabrir la investigación, pero no se le hizo caso. Cansada de esperar, la madre inició una huelga de hambre hace más de 20 días, en reclamo de reparación al Estado paraguayo.
Allí está ahora María Noguera, tendida bajo una carpa, detrás del Panteón de los Héroes, esperando que el presidente de la República le conceda una audiencia y las autoridades den curso a sus pedidos. Allí está, desfalleciente pero firme, casi ignorada por los medios de prensa y por la gente, convertida en un elemento más del paisaje. Allí está, acompañada solidariamente por otras madres y algunas pocas personas que le dan muestras de apoyo. Allí está, una madre en la plaza clamando justicia. ¿Será que la seguiremos dejando tan sola?
CARTA DESDE EL ESTE | Sábado, 02 de Octubre de 2010
http://www.ultimahora.com/notas/364136-Una-madre-sola-en-la-plaza
4 comentarios
Pai Oliva -
Ha costado 140 muertes
El servicio militar obligatorio, tal como lo aprobaron los legisladores, está pasando por un mal momento en la opinión pública.
Y esto aumenta, cuando ven a la señora María Noguera que lleva 22 días de huelga de hambre, junto al Panteón de los Héroes. pidiendo desde el año 1996 que se esclarezca la muerte a golpes de su hijo Vicente Ariel Noguera (17 años) en el servicio militar obligatorio y se busque a sus superiores culpables y que nada se hace.
En total son 140 los jóvenes muertos desde el año 1989 en los cuarteles. La mayoría de disparo de fusil. ¿Descuido? Posiblemente, pero alguien es culpable de que se repitan tanto. Otros fueron por heridas y hemorragias, ahogamiento, shock lipodérmico, electrocutado, acción bélica (¿?). La mayoría ERAN DE 17 o 18 años. Norberto Araújo tenía 15 años. Silvino Areco tenía 13 años.
Supongo que había jefes mayores de edad, responsables y bien entrenados, vigilando todo esto. ¿Habrá sido verdad?
Varias personas hemos firmado una carta dirigida al presidente para que como jefe de las FFAA aclare estas muertes y dé la ayuda necesaria a las madres y a los jóvenes que sin morir han quedado inválidos de por vida. Creo que es de justicia. Salvaguarda tanto más necesaria cuanto que ahora se ha aumentado la obligatoriedad del servicio militar.
Irina Santesteban (LA ARENA) -
La media sanción al proyecto de ley del Servicio Cívico Voluntario, que votó por una ajustada mayoría el Senado de la Nación, vuelve a poner en debate el derogado servicio militar, pero también el lugar que una sociedad democrática le da a los jóvenes en situación de riesgo.
El servicio militar obligatorio, previsto en la ley 3948, fue derogado en Argentina, luego del "caso Carrasco", que expresó el rechazo de la sociedad civil a los continuos malos tratos que sufrían los soldados en los cuarteles.
El conscripto Omar Carrasco se incorporó el 3 de marzo de 1994 al Grupo de Artillería 161 del Ejército Argentino, en la localidad de Zapala, provincia de Neuquén, y a los tres días fue reportado como desaparecido, y considerado desertor. Cuando sus padres lo van a visitar en su primer franco interno, recién entonces les comunicaron su desaparición y comienzan a buscarlo, con la absoluta inacción de los militares y la justicia federal de Zapala. El cuerpo del joven se encontró un mes después en los fondos del cuartel. Un año y medio después fueron condenados por su homicidio, el subteniente Ignacio Canevaro y dos soldados, Cristian Suárez y Víctor Salazar, el primero a quince años de prisión y los dos restantes, a diez años.
Pero esa condena no había agotado las responsabilidades por el crimen, pues era evidente que no había sido la acción aislada de un subteniente y dos conscriptos, en el "verdugueo" habitual a un soldado recién incorporado. Su agonía y posterior muerte ocurrió en un hospital militar, y su cadáver permaneció oculto un mes en las instalaciones castrenses. Era evidente la intervención de personal de mayor jerarquía que la de los acusados, pero nadie más fue imputado ni condenado por el crimen de Carrasco, que pasaría a la historia como el que provocó la derogación del servicio militar obligatorio.
A los pocos meses del crimen del soldado, en agosto de 1994, el entonces presidente Carlos Menem firmaba un decreto suspendiendo el servicio militar obligatorio, que sería luego derogado por ley y se implementaba en el país el sistema de voluntariado militar rentado.
Rechazo a la colimba
En aquellos años, la mayoría de la sociedad, en particular los jóvenes, se pronunciaron a favor de esa medida, con la lógica resistencia de las Fuerzas Armadas, que vieron así recortado su poder y, sobre todo, un enorme presupuesto que debía destinarse al mantenimiento de miles de conscriptos, pero que era utilizado discrecionalmente por los militares, generalmente en beneficio de la jerarquía y en desmedro de los soldados.
El apoyo a la derogación de la "colimba" (por "corre, limpia y barre", las tareas que debía hacer el conscripto), evidenciaba no sólo el rechazo a los maltratos que sufrían los soldados en los cuarteles militares, expresado en los famosos "bailes" -humillaciones y vejaciones encubiertas bajo la excusa de la "disciplina militar"-. Era también la expresión del profundo rechazo de la mayoría de la sociedad hacia las FF.AA., que unos años antes habían gobernado el país con la dictadura militar más cruel, con miles de desaparecidos, bebés robados a sus madres en cautiverio, presos, exiliados y una profunda crisis económica.
¿Voluntario o a la fuerza?
El proyecto aprobado en Senadores no explica cómo se manifestará la "voluntariedad" de este servicio cívico. Es difícil pensar que jóvenes a los que ni la familia ni la escuela pudo contener, que han caído en adicciones seguramente por innumerables problemas familiares, sociales, ligados a la pobreza o a la falta de oportunidades, manifiesten prestamente su consentimiento para concurrir a los cuarteles a recibir educación y aprendizaje en oficios.
La propuesta pasó por la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara de Senadores pero no por la de Educación. Esto es inadmisible y revela la verdadera intención de la ley, que tiende más a la "corrección" que a la educación. De otra manera, no se entiende por qué no se estimula el aprendizaje de oficios u otras carreras cortas o tecnicaturas, en establecimientos educativos especiales para albergar y contener a estos adolescentes y jóvenes, en situación de vulnerabilidad, con personal docente capacitado.
Es evidente, aunque sus defensores se esfuercen en negarlo, que aquí se está expresando una voluntad de utilizar la "manu militari" para la educación de estos chicos. Si no, ¿por qué a los cuarteles? Como bien reflexiona el docente universitario Norberto Alayón, en el diario Página 12 del lunes 4, será porque para estos senadores el destino de "los jóvenes pobres es el disciplinamiento cuartelario y para los jóvenes pudientes los colegios y universidades privadas".
Más discriminatorio
Luego de casi veinte años de derogado el servicio militar obligatorio, este servicio cívico es peor que aquél, pues tiene un contenido más discriminador. Es que la "colimba" era para todos los jóvenes varones, quienes eran destinados a cada una de las tres armas de las FF.AA. según el número de sorteo que les tocaba. Hoy, para que los manden al servicio "voluntario", los jóvenes deberán ser previamente calificados en "riesgo" o en una situación de "vulnerabilidad social", ambas situaciones casi siempre asociadas a la pobreza y la marginalidad.
El proyecto aprobado en Senadores fue impulsado por el vicepresidente Julio Cobos, basado en una experiencia similar que desarrolló cuando era gobernador K en la provincia de Mendoza, en 2004. Hasta 2007, según Cobos, se habían inscripto unos 4.500 jóvenes con una deserción de alrededor del veinte por ciento, pero el kirchnerismo dijo que era el doble. Los jóvenes recibieron capacitación en instalaciones militares, pero debido al escaso número de inscriptos el programa fue eliminado en 2009.
Este servicio, según el proyecto está destinado a jóvenes de 14 a 24 años sin trabajo y con estudios incompletos, considerados en situación de "riesgo social". Se utilizará la capacidad ociosa en cuanto a talleres y otros espacios que tienen las Fuerzas Armadas. El plan durará un año y cada joven recibirá una beca de 540 pesos.
Otra experiencia
En lugar de mandar a estos jóvenes en riesgo, que no estudian ni trabajan, a los cuarteles, existen otras experiencias dignas de ser tenidas en cuenta por los legisladores. En Cuba, que tiene un excelente sistema educativo, que llega a la mayoría de la población, tuvo hace algunos años un diagnóstico preocupante en cuanto a jóvenes que habían desertado del sistema educativo formal, y que no trabajaban ni estudiaban, constituyendo un problema social, en particular porque solían frecuentar sitios turísticos, siendo presa fácil de la prostitución.
Al gobierno cubano ni se le pasó por la cabeza que estos jóvenes debían ir a los cuarteles a disciplinarse o educarse, al contrario, impulsó un abanico de carreras cortas, con fuerte contenido social, como tecnicaturas en trabajo social y en acompañamiento terapéutico.
A esos chicos, que provenían de familias humildes, o con problemas serios de conducta, a los que había expulsado la escuela y antes que hiciera lo propio la sociedad, se los indujo (no a la fuerza, sino con persuasión y trabajo conciente) a estudiar esas carreras, que luego servirían para trabajar con niños y jóvenes de parecida problemática a la suya. Y la experiencia fue exitosa, aunque no exenta de dificultades en su desarrollo, como lo cuentan con franqueza los propios cubanos.
Una cosa es segura; no será llevando a los jóvenes en riesgo o en situación de vulnerabilidad, como se los incluirá en una sociedad que pretende ser más justa y equitativa. Salvo que la verdadera intención sea sacarlos de circulación y que los eduquen a la vieja usanza: "a palos".
Anónimo -
Anónimo -
El caso de María Noguera es uno de los cientos de madres cuyos hijos fallecieron en los cuarteles, en circunstancias hasta hoy no esclarecidas. Es, a la vez, uno de los tantos no asumidos por ninguno de los gobiernos que se sucedieron, desde que la Afavisem (Asociación de Familiares de Víctimas del Servicio Militar Obligatorio) iniciara la lucha por la obtención de sus reclamos. ¿En qué consisten tales demandas? Reconocimiento de sus derechos, resarcimiento, justicia. Bien lo dicen los afectados: "La vida de nuestros hijos nadie podrá devolvernos. Pero la memoria de ellos continúa reclamando justicia".
En diciembre del año 2000, el entonces embajador representante permanente del Paraguay ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Diego Abente Brun, había expedido un comunicado oficial en el que se ordenaba dar curso al asunto, "siguiendo la política de cooperación con los organismos internacionales de derechos humanos, pues considera que los casos que han sido presentados llenan los requisitos para ser tratados ante instancia internacional y tienen prioridad para ser atendidos en tal instancia, al tiempo de avanzar en el mejoramiento integral de los derechos humanos en el país". Pese a la resolución, el caso quedó archivado.
Todos los movimientos de solidaridad que se organizaron en apoyo a estas madres no sirvieron de nada. Pasó Stroessner, pasó Andrés Rodríguez, pasó Wasmosy, pasó Cubas Grau, pasó González Macchi, pasó Nicanor Duarte Frutos, y nada ha cambiado al respecto. Ciertos intereses pudieron más que el padecimiento de estos familiares. ¿Por qué? Porque existe una lista frondosa de soldaditos muertos, cuya responsabilidad las FFAA se niegan a asumir.
Hoy, con el gobierno de Lugo, también sigue igual. Es más, las numerosas solicitudes de María Noguera para ser recibida por el actual presidente de la República han caído en saco roto. Sólo pretextos, evasivas e incluso excusas pueriles fueron las respuestas. ¿Hasta cuándo persistirá esta desidia por parte de quienes debieran atender casos como estos? Decía un poeta que no existe espacio más ancho que el dolor. Y ese dolor que cada uno de los familiares lleva a cuestas sólo será atenuado cuando las autoridades asuman el rol que se espera de ellas porque así lo prometieron. Hoy, tras haber golpeado en vano puertas, María Noguera apela al casi último recurso de una huelga de hambre, acostada en una carpa desde hace 22 días, detrás del Panteón de los Héroes, a la espera de que alguien ose dar la cara. Hasta tanto ello no ocurra, los que formamos parte de una ciudadanía indignada ante tanta indiferencia gubernamental, nos vemos obligados, una vez más, a acompañar a María Noguera sumando nuestras voces de protesta para exigir al presidente, Fernando Lugo Méndez, se digne, de una vez por todas, a poner atención al caso y dar una respuesta oficial concreta.