PLANTEARON A LUGO VETO A PROYECTO DE LEY QUE DEBILITA A RADIOS COMUNITARIAS
Representantes de la organización Voces del Paraguay plantearon ayer al presidente de la República el veto al proyecto que pretende modificar la ley de telecomunicaciones que afecta a las radios comunitarias.
Los representantes de la Asociación de Radios Comunitarias y Medios Alternativos del Paraguay, Voces del Paraguay, se reunieron ayer en horas de la mañana con el jefe de Estado en el Palacio de los López.
“Este proyecto de ley elaborado por el diputado oviedista Oscar Tuma y sancionado por el Congreso Nacional atenta contra la libertad de expresión de la ciudadanía, al pretender debilitar la potencia y las posibilidades de autogestión económica de las radios comunitarias, propiedad de las organizacviones ciudadanas”, expresó Rubén Ayala, uno de los coordinadores de Voces, a Fernando Lugo.
Por su parte, Alicia Stumpfs, otra de las coordinadoras, dijo a Lugo que el objetivo político del proyecto de modificación de la Ley de Telecomunicaciones es dejar sin recursos y sin llegada a las radios. “En una democracia deben existir radios privadas empresariales, públicas, estatales, educativas y comunitarias. Y este proyecto es antidemocrático porque pretende eliminar del juego democrático a la radios comunitarias “, sentenció Stumpfs.
Lugo escuchó las inquietudes de los comunicadores y expresó que está estudiando el tratamiento que dará a la ley sancionada por el Congreso.
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Anónimo -
Tuma acusa a Lugo de fomentar la ilegalidad de radios comunitarias
El diputado de Unace Oscar Tuma acusó ayer al presidente Fernando Lugo de fomentar la ilegalidad al vetar el proyecto de ley sobre radios comunitarias. Dijo que estos medios no pueden pautar publicidad ni ampliar su potencia porque se equipararían a las radios comerciales.
Lugo vetó totalmente ayer el proyecto que modifica la ley de telecomunicaciones y que establece restricciones para las radios comunitarias. La medida fue anunciada ayer a la mañana a los periodistas en Mburuvicha Róga por el asesor jurídico de la Presidencia de la República, Emilio Camacho.
Explicó que el presidente Lugo tomó la decisión en base a un informe técnico de Conatel (Comisión Nacional de Telecomunicaciones) y no a supuestas presiones realizadas por los representantes de la Asociación de Radios Comunitarias y Medios Alternativos del Paraguay, quienes fueron recibidos por el Jefe de Estado el jueves a la mañana.
El argumento del Ejecutivo se basa en el artículo 26 de la Constitución Nacional, que garantiza la libre expresión y la libertad de prensa, así como la difusión del pensamiento y de la opinión sin censura alguna.
Tuma, decepcionado
Tuma, quien es uno de los proyectistas junto a su colega colorado Víctor Bogado, declaró ayer a la tarde a nuestro diario que está decepcionado de la decisión del Poder Ejecutivo porque con el veto total se está fomentando la ilegalidad.
Va a continuar la fiesta de lo que son las radios ilegales porque el artículo 100 (de su proyecto de ley) combatía con fuertes sanciones a quienes lucraban de forma ilegal, añadió.
No a la publicidad
El diputado de Unace expresó que las radios comunitarias no pueden pautar publicidad porque no pagan impuestos, en cambio las radios comerciales deben abonar fuertes sumas a Conatel, Autores Asociados y por los derechos discográficos.
Agregó que las radios comunitarias pertenecen a una fundación, un club o a algún grupo religioso y estas nucleaciones deben reservar un monto dentro de su presupuesto para mantener a su radio comunitaria.
El legislador dijo que tampoco existen obstáculos a la libertad de expresión o pensamiento al disponerse la restricción de la potencia a 50 vatios porque el alcance y objetivo de una radio comunitaria es servir a una zona específica.
No luchan contra la corrupción, afirman
El vicepresidente de la Unión de Radiodifusores del Paraguay (URP), Alberto Riveros, manifestó ayer a nuestro diario que el veto del Ejecutivo a la modificación de la ley de Telecomunicaciones beneficia a las radios comunitarias y es un paso atrás contra la corrupción.
Indicó que el proyecto de ley sancionado por el Congreso nacional tiene por objetivo penalizar la radiodifusión pirata. Pero el veto total del Ejecutivo, dado a conocer ayer a la mañana, habilita a las radios comunitarias a pautar publicidad como las radios comerciales, pero con la diferencia de que las comunitarias no pagan impuestos mientras que las comerciales, sí.
Explicó que tres pagos realizan las radios comerciales para tener un espacio en el espectro eléctrico: a Conatel, APA (Autores Paraguayos Asociados, en concepto de derechos del autor) y en concepto de discográfica.
Manifestó que el veto del Ejecutivo ya tuvo repercusión internacional porque los propietarios de medios llamaron desde Chile a manifestar su preocupación. Desde el extranjero se ve como un retroceso en la lucha contra la corrupción porque las comunitarias no pueden pautar publicidad y además no pagan impuestos. Indicó que se rompe con el principio de la competencia legal porque hay un beneficio manifiesto hacia las radios comunitarias en detrimento de las comerciales. El veto del Ejecutivo obliga a devolver el proyecto de ley de los diputados Oscar Tuma (Unace) y Víctor Bogado (Partido Colorado) a la cámara de origen y volver a tratar probablemente recién en el periodo legislativo del año 2011.
Avisos de Itaipú en esos medios
Por orden del Gobierno nacional, la hidroeléctrica binacional Itaipú otorga publicidad estatal a más de 50 radios comunitarias bajo la figura de avisos educativos.
La Secretaría de Información y Comunicación (Sicom), a cargo de Augusto dos Santos, es la encargada de intermediar entre las radios comunitarias y el Gobierno.
La inyección financiera de Itaipú en las radios comunitarias tiene varios objetivos: 1. Buscar que estos medios sobrevivan porque no pueden contratar publicidad como las radios comerciales, y 2. Servir de brazo propagandístico de las buenas obras del gobierno de Lugo, con el objetivo de contrarrestar los desprestigios de los medios masivos de comunicación.
El titular de Sicom, Dos Santos, había manifestado que la publicidad dada por Itaipú a las radios comunitarias es ínfima en relación a la pautada en favor de las radios comerciales.
Sicom había solicitado ayuda al Banco Mundial para auditar a radios comunitarias y hasta el momento no hay resultados.
Archivan denuncia por publicidad estatal en emisoras piratas
La fiscala Stella Mary Cano desestimó la denuncia por publicidad del Gobierno con fondos de las binacionales Itaipú y Yacyretá en radios comunitarias (piratas).
El diputado Oscar Tuma había denunciado que a través de gestiones de la Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo (Sicom), de la Presidencia de la República, se había seleccionado un grupo de emisoras que estaban operando en forma ilegal, siendo beneficiadas con publicidad estatal entre abril y julio de 2009, por montos millonarios. Dijo, además, que las binacionales proveyeron el dinero a las emisoras ilegales.
Pese a que Conatel informó a la fiscala que Yacyretá publicitó en nueve radios autorizadas, cinco que iniciaron trámites pero no están inscriptas y dos sin trámites, mientras que Itaipú publicitó en 12 radios autorizadas, 30 que iniciaron trámite pero no están autorizadas y ocho sin trámites, la agente no encontró el delito de adquisición fraudulenta de subvenciones.
Cano determinó que la Sicom solo tiene la tarea de actuar como intermediaria o nexo entre los ministerios y los entes binacionales a los efectos de realizar campañas educativas.
Además, dijo con relación al memorando suscrito por Oscar Cáceres, director de Comunicación para el Desarrollo de Sicom, que dicho documento solo fue agregado en copia simple por parte de la Itaipú, alegando que no existe registro oficial de entrada original de dicho documento, cuestión esta que, a más de ser negada por el citado, impide total y absolutamente su estudio a través de un trabajo pericial, a lo que debe sumarse que el Sr. Cáceres fue sometido a un sumario administrativo, el cual culminó con la declaración de inocencia.
POSTURA DEL GOBIERNO
No pueden pautar publicidad, aseguran
Las radios comunitarias no pueden pautar publicidad como las comerciales, sostuvo ayer el asesor jurídico de la Presidencia de la República, Emilio Camacho. Indicó que el veto del Poder Ejecutivo al proyecto de ley de telecomunicaciones no buscar habilitar a las comunitarias para que puedan pautar publicidad.
Dijo que el veto total se fundamenta en la necesidad de permitir que las radios comunitarias puedan hacer la difusión de campañas educativas, por ejemplo.
Una campaña de educación de asistencia a los niños que quiera realizar una empresa privada y/o las binacionales Itaipú y Yacyretá no se puede hacer con el proyecto de ley.
Camacho indicó que es importante que se defina qué puede hacer una radio comunitaria. La objeción fundamental venía por el lado de la completa restricción a las radios comunitarias a hacer, incluso, campañas de información educativa, agregó.
Expresó que el veto total del Poder Ejecutivo tiene un criterio estrictamente técnico porque se consultó con Conatel (Comisión Nacional de Telecomunicaciones), que sugirió también la objeción.
Anónimo -
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Carmelo Ruggilo, integrante de Unión de Radiodifusores del Paraguay, consideró que no sorprende el veto que dio el presidente Fernando Lugo contra la modificación de la Ley de Telecomunicaciones.
Dijo que no esperaban otra actitud del Ejecutivo. "No solamente evitó combatir la piratería en el espectro sino que apoya incluso un caso en la Fiscalía donde se le está por imputar a Augusto dos Santos (ministro de la Sicom) por respaldar económicamente a las radios piratas", expresó.
Refirió que es lamentable la decisión presidencial por la imagen del país. Sostuvo que el presidente de la República está vetando una ley que combate la piratería.
Explicó que el proyecto de ley que modifica algunos artículos de la ley de Telecomunicaciones pretendía proteger a las radios comerciales y combatir a las irregulares.
Ruggilo mencionó que conociendo la determinación que iba a tomar el jefe de Estado iniciaron un fuerte lobby en el Congreso para conseguir los votos suficientes para que en Diputados y en el Senado se puedan ratificar en el proyecto de ley.
Remarcó que con el veto Lugo está expresando que no tiene interés de defender al Estado. "Confiamos en que podamos conseguir los votos suficientes para poner en vigencia la ley", expresó.
Anónimo -
El asesor jurídico de la presidencia de la República, Emilio Camacho, informó que el presidente de la República vetó la ley sancionada por el Congreso.
El proyecto de ley que habia sido presentado por el diputado ovidista Oscar Tuma cuatro meses atrás, luego de seguir el proceso legislativo pertienente, tuvo la aprobación de ambas cámaras del Congreso, y fue sancionada la semana pasada.
La ley sancionada restrinje la publicidad pagada en las radios comunitarias y la potencia de vatios de las mismas. Establece que pueden tener un alcance de sólo 50 vatios, algo asi como tres cuadras a la redonda. Además, através de varios otros articulos modificados limitan el desarrollo de las comunitarias.
Lugo recibió ayer a la Asociación de Radios Comunitarias y Medios Alternativos, Voces Paraguay, cuyos miembros le solicitaron el veto porque dichas restricciones atentan contra la libertad de expresión de las comunidades y la ciudadanía, al restringir sus medios. Varios asesores de Lugo también le recomendaron el veto de la legislación sancionada por el Congreso
Anónimo -
Frank La Rue criticó el castigo penal a radiodifusoras comunitarias que pretende el Congreso paraguayo al sancionar la legislación que modifica la Ley de Telecomunicaciones.
El relator de Libertad de expresión de la ONU virtió sus opiniones en la última conferencia inaugural de la tercera jornada de la Asamblea Mundial de Radios Comunitarias (AMARC).
A su juicio, el Estado tiene que regular las comunicaciones de manera equitativa que otorgue garantías a todos los actores.
Por el contrario, señaló La Rue, el uso no autorizado de frecuencias se debe a que el Estado no reguló con principios de equidad y justicia, afirmó La Rue.
El relator de Naciones Unidas expresó que se busca la descriminalización de las comunicaciones a diferencia de lo que pasa en Brasil, Chile o la reciente penalización aprobada en Paraguay.
La Rue criticó que una frecuencia no autorizada constituya delito. Y agregó que es una falta administrativa, no un delito, pues se está haciendo un uso público de las frecuencias que son patrimonio de todos.
En este marco, consideró inaceptable que un comunicador en México haya sido sentenciado a dos años de prisión.
Las declaraciones se referían a la sentencia contra el director de la radio comunitaria Tierra y Libertad de México, Héctor Camero.
Al respecto, indicó que es inaceptable que alguien por ejercer la libertad de expresión sea sentenciado penalmente. Y sentenció que eso es el regreso a la inquisición de la Edad Media.
Anónimo -
Dilma Rousseff declaró ayer que la futura ley de medios de comunicación en Brasil, que comenzó a ser elaborada por el Gobierno de Lula, será sometida a la consideración de sectores diversos de la sociedad.
Yo creo que, como ocurre en cualquier otro proceso, tiene que haber una gran discusión sobre la legislación relativa a la radiodifusión y las telecomunicaciones, afirmó Rousseff.
Fue una de las primeras veces que Rousseff abordó el tema luego de ser electa presidenta el pasado 31 de octubre.
La Secretaría de Comunicación Social anunció esta semana que comenzó a elaborar un proyecto que regulará a los medios y en el cual se priorizará la participación a los ciudadanos.
Rousseff dijo que aún no puede opinar sobre el proyecto que está siendo redactado por orientación del presidente Luiz Lula da Silva.
Todavía no hay una ley, dejen que se conozca el proyecto para que pueda evaluarlo, afirmó Rousseff.