LOS NIÑOS DEL SOJAL: MÁS DE 260 ESCUELAS SE HUNDEN EN UN MAR DE SOJA
POR MIGUEL ARMOA
Las escuelas están en Alto Paraná, Itapúa y parte de San Pedro. Esta realidad comprueba que las leyes que exigen barreras de protección contra agrotóxicos en las comunidades y lugares públicos son violadores por los sojeros.
“Aquello que marcha y fumiga entre los sembradíos” puede convertirse en una película de terror para muchos niños, niñas y familias campesinas del interior del país.
Este año la soja alcanzará un record de producción sobre las más de 2.600.000 hectáreas de tierra en que se extienden en todo el Paraguay. Sin embargo, el precio del “desarrollo” del modelo que se expande con la agricultura extensiva tiene un costo alto para las familias campesinas y el medio ambiente. Migración, enfermedades e intoxicaciones, deforestación y contaminación. Uno de los casos más alarmantes lo sufren las escuelas rurales que son acorraladas por las plantaciones exponiendo a los niños a las fumigaciones. Numerosos casos e investigaciones científicas han corroborado los efectos nocivos en la salud humana y animal por parte de los pesticidas usados en la soja.
264 escuelas acorraladas en solo 3 departamentos
Hasta el momento se han contabilizado unas 264 escuelas rodeadas por el cultivo, según los datos preliminares relevados por la Dirección de Educación Escolar Básica del Ministerio de Educación y Culto (MEC), quienes buscan identificar la cantidad de escuelas en el país que sufren esa situación. Estos datos se desprenden de apenas 3 departamentos.
En Alto Paraná se registran los principales casos con 164 escuelas. En Itapúa existen 93, mientras en parte de San Pedro, donde aún falta el relevamiento de ciertas zonas, hay 7. Aun faltan los datos de otros departamentos como Canindeyú, uno de los principales sojeros, Caaguazú, Concepción, Amambay, entre otros.
“Un modelo que arrasa las comunidades”
La responsable de la dirección de Escolar Básica, Marta López, afirma que la situación es alarmante, y que muchas instituciones han cerrado a consecuencia de la migración de los pobladores que huyen de la soja, y de sus químicos, ya que estos matan todo lo que no sea soja transgénica. No pueden producir nada en sus chacras. “Este modelo de producción está arrasando las comunidades”, dice.
La investigación se desarrolla dentro del marco de trabajos conjuntos con otras instituciones, bajo la instancia de la Coordinadora Ejecutiva para la Reforma Agraria (Cepra), y están haciendo los relevamientos de datos con el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), la entidad reguladora.
Impotencia
Existen casos que van al extremo según la directora, como en el caso de una escuela de Itakyry, Alto Paraná, donde las plantaciones de los cultivos colindantes llegan al mismo predio de la institución, a 15 metros de la escuela, sin ninguna barrera natural de protección como exige la ley. En otros casos, los caminos que acercan a los niños a su escuela están desbordados de sojales, y la nube de agrotóxicos expelida por los tractores cae sobre estos cuando pasan por allí. Sobre el papel del Senave para hacer cumplir las leyes en estos casos, López afirma que justamente está siendo muy criticada por querer hacer cumplirlas. Las familias están impotentes, afirma, “todos sabemos lo que fue en Itakyry con la fumigación en avioneta a las comunidades indígenas, sabemos cuál es la reacción de la fiscalía que termina desinformando a la población y minimizando los hechos, las familias se vuelven impotentes y migran”.
4 comentarios
Anonimo -
Anónimo -
POR EA ⋅ ENERO 7, 2011 ⋅
A ocho años del fallecimiento del niño Silvino Talavera.
Los padres y hermanos del niño fallecido esperan que el juez en lo Civil de Encarnación, Miguel Ángel Vargas Díaz, se pronuncie. Debe definir con qué monto los dos acusados deberán indemnizar a la familia Talavera Villasboa. También deberá juzgar el grado de responsabilidad de la multinacional Monsanto, por publicidad engañosa en el producto que ocasionó la muerte al pequeño.
En el año 2007 la justicia ya sentenció a Alfredo Lautenschlager y Herman Schlender de ser responsables de la muerte del niño Silvino Talavera (11), ocurrida tras un rociamiento y una posterior exposición al ambiente fumigado con el producto Roundup, que se utiliza con cultivos de soja transgénica. Sucedió en enero de 2003, en la comunidad de Pirapey, ubicado en el departamento de Itapúa y a unos 500 km de Asunción.
Una vez cerrado el juicio en lo Penal, el proceso se mudó a lo Civil, donde el juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de Encarnación, a cargo del juez Miguel Ángel Vargas Díaz, deberá definir qué monto recibirán los deudos de Silvino, como indemnización y resarcimiento. En juego está también la acusación a la empresa multinacional Monsanto, fabricante del producto Roundup, por asegurar que el mismo no era peligroso para la salud.
La familia de Silvino sigue reclamando justicia a ocho años de la muerte del niño
Mientras tanto, ha aumentado la preocupación de la familia de Silvino, debido a que hace un mes aproximadamente, algunas propiedades de Schlender, están a la venta de forma repentina, lo que podía obstaculizar un eventual proceso de embargo como parte de la indemnización.
La causa está caratulada como Petrona Villasboa de Talavera y otros, contra Alfredo Lauro Lautenschlager, Herman Schlender y Monsanto Paraguay SA sobre indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad extra contractual. La madre de Silvino, Petrona, pidió a las organizaciones que estén a favor de la vida, que se sumen a la exigencia de más agilidad para el juicio. También aseguró que durante enero de 2003, en su vecindario murieron a consecuencia de las fumigaciones, además de su hijo, otros cuatro niños y niñas. Pero que los familiares de éstos no demandaron por miedo o falta de recursos.
Anónimo -
El Presidente Lugo y las autoridades sectoriales se achicaron ante la oligarquía de derecha en el país, en lugar de responder adecuadamente, indicó Tomás Palau.
No se hizo esta tarea educativa para implementar un programa de reforma agraria, si bien en este momento, los organismos estatales están decididos a hacer algo, en este tema de reforma agraria
Esta será el último intento con el gobierno de Fernando Lugo para comenzar el proceso de reforma agraria, apuntó el sociólogo Tomás Palau. Estamos en un plan de colaboración con propuestas posibles, dijo el especialista.
El tema de las tierras de Teixeira entró en un litigio, y entiendo que no quieran darse estos lotes a los campesinos, porque se busca hacer una transferencia a la agroganadería y cultivos extensivos, lo cual genera resistencia de los sectores conservadores del país, comentó Tomás Palau.
Si para un lote tan pequeño, que dará solamente para 2.000 familias, es importante separar este caso específico de estas tierras y el concepto real de reforma agraria, que es absolutamente necesaria para el país, afirmó el sociólogo. Se necesitan unas 3.000.000 de hectáreas para la reforma agraria, para las 300.000 familias campesinas que necesitan tierras para iniciar este proceso, aseguró Tomás Palau.
Los planteamientos que hacemos son perfectamente realizables, el tema no es solamente para campesinos, sino para muchas personas, enfatizó Palau. Con la reforma agraria se crearían de 300.000 a 450.000 puestos de trabajo, una producción de alimentos que abarataría costos, generaría riquezas dormidas, se crearían 240.000 nuevas unidades de comercio para producir, explicó.
Anónimo -
LA LUCHA POR LA TIERRA
La lucha por la tenencia de la tierra sigue siendo la mayor fuente de desigualdad social.. Es un problema estructural que afecta al Paraguay debido a la alta concentración de la propiedad rural en manos de terratenientes. De las 40 millones de hectáreas de superficie de tierra, 4 millones de las cuales están destinadas a cultivos y 22 millones a pasturas. Las pequeñas fincas que constituyen la gran mayoría de las explotaciones agrícolas son las menos productivas debido a que el 63% de los lotes tienen una extensión menor a 5 hectáreas, superficie que no logra generar ingresos familiares para asegurar una vida digna a las familias.
Históricamente, el Estado paraguayo no ha proveído las bases necesarias que posibiliten las acciones para superar la pobreza y propender a una mayor igualdad de oportunidades. Ciertamente, la labor del Estado en el desarrollo social debe ser complementada por los aportes de otros actores de la sociedad, tales como las empresas privadas, las organizaciones civiles y el aporte de la comunidad. La redistribución de la tierra es considerada vital para reducir desigualdades , aliviar la pobreza rural y evitar las contínuas ocupaciones de tierras, ya sea porque las tierras adjudicadas beneficiaron a personas con influencias políticas y no sujetas al Estatuto Agrario como ocurrió en tiempos de la dictadura, o porque sigue existiendo agudas limitaciones productivas como consecuencia de superficies demasiado pequeñas y con suelos deteriorados que ocasionan baja productividad.
La gran población excluída está en el campo, la crisis de la economía campesina tradicional, es la causa principal de la agudización y del empeoramiento de la pobreza y ha repercutido en la pobreza urbana debido a la migración rural-urbana.El poder político-económico de ciertos sectores de la población impiden que se redistribuyan las tierras, impiden las expropiaciones incluso cuando existe una justa compensación. El 70% de los pobres y el 85% de los extremadamente pobres viven en el sector rural. Sumese a esto, la carencia de un catastro confiable que genera confusiones, suspicacias e indefiniciones para promover un verdadero desarrollo rural. La inequidad social es indignante, produce desesperanza respecto al futuro de las familias y, principalmente de sus hijos, como consecuencia de un crecimiento económico que sólo beneficia a unos pocos y no genera empleos.
La encíclica de Su Santidad Pablo VI Populorum Progressio, con respecto a la propiedad recordaba que la tierra ha sido dada para todo el mundo y no solamente para los ricos. Es decir, que la propiedad privada no constituye para nadie un derecho incondicional y absoluto En una palabra, el derecho de propiedad no debe jamás ejercitarse con detrimento de la utilidad común. Y ahora, la Carta Pastoral por el Bicentenario
Una nueva evangelización para un nuevo Paraguay los Obispos entre los desafíos y compromisos afirman que es necesario un Proyecto-país basado sobre la dignificación de la persona humana y el bien común, con una política nacional, mas allá de las ideologías partidarias. Urge un proyecto de educación integral, de desarrollo sustentable en cada Departamento del país, una economía solidaria que combata el latifundio, posibilitando que las familias se beneficien con la tierra y el trabajo familiar
Prof. Dr. Raúl Z. Fernández
Sociólogo