EL GOBIERNO DE LUGO PERSIGUE A LOS QUE DENUNCIAN LA CORRUPCIÓN

En los últimos días se han sucedido hechos graves que desnudan el poco respeto por la institucionalidad y las leyes de parte del mismo oficialismo y también de exponentes de la oposición. Según van sucediéndose los acontecimientos, representantes del Gobierno y otros integrantes de la denominada “clase política” parecen haber acordado al unísono pisotear la legalidad y despreciar la decencia en el manejo de ciertos asuntos, sin importarles el grave daño que con ello ocasionan a la República.    

No otras, por cierto, son las derivaciones escandalosas que están registrándose por la investigación del fiscal de Delitos Económicos, Eduardo Cazenave, que detectó grupos de “planilleros” (gente que cobra, pero no trabaja) en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, entre quienes estarían once jugadores de fútbol del club 24 de Mayo de Ypacaraí, al cual están ligados el senador Juan C. Galaverna y su hijo “Nano”.    

Estallado el escándalo de este hecho de indudable tinte corrupto, la primera reacción del miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral, doctor Juan Manuel Morales, fue el agravio contra el fiscal investigador, a quien calificó de “mbóre” por su iniciativa de indagar un hecho ilícito y cumplir con la Constitución y la ley. El ministro también mandó obstaculizar la investigación de la Fiscalía, negando los pedidos de informes a través de funcionarios de menor rango que no pueden defenderse mediante el alegato de haber recibido una “orden superior” de su jefe como en la época de Stroessner, con lo cual el citado magistrado se colocó en más entredicho aún con la ley.    

A tono con esto, el cuestionado senador “Calé” Galaverna profirió una serie de acusaciones sin sentido contra el fiscal Cazenave, además de amenazarlo con un procesamiento a través del politizado Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.    

Hay que decir que esta es la típica reacción propia de quienes se enfrentan a una situación de dudosa legalidad buscando evadir sus responsabilidades, sea porque tienen techo de vidrio y se creen poderosos puesto que ocupan una banca en el Congreso o porque tienen algún grado de influencia política en el Paraguay. De ninguna manera, en caso de sospecha, asumen una actitud de disposición positiva con la justicia y sus operadores. Simplemente, se limitan a negar el hecho y atacar a la persona con cualquier acusación, pero sin refutar los cargos.    

Similar fenómeno se da con la destitución de la funcionaria Ana González de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) de su cargo de directora de administración. El pecado de la mencionada ex funcionaria es ostentar el carácter de testigo principal en la causa que se le sigue a Camilo Soares, titular con permiso de la SEN, por los supuestos hechos punibles de lesión de confianza y perjuicio contra el patrimonio público de 900.000 dólares.    

En este caso, el propio gobierno de Lugo, mediante maniobra tramada en la SEN con la complicidad de Lilian Soto, secretaria de la Función Pública, inventó la forma de deshacerse de ella. El argumento expuesto es realmente ridículo y se destaca la acusación de no haber denunciado los hechos punibles que llegaron a su conocimiento en su momento, cuando Soares se desempeñaba aún en forma activa como titular de esa institución.    

Como se sabe, una vez trascendido el supuesto hecho irregular del cual está acusado Soares, este fue separado del cargo luego de mucha presión mediática y ciudadana, pero el gobierno de Lugo le otorgó “permiso”. Pero esta no fue la suerte de la funcionaria Ana González, quien por otra parte no tuvo la oportunidad de aclarar su responsabilidad en los hechos que le imputan, sino que fue directamente despedida. En este caso se nota a las claras que el Gobierno practica un favoritismo inaceptable y es complaciente con la corrupción, hasta el colmo de castigar a quienes se atreven a buscar el cumplimiento de la institucionalidad y la ley.    

La ciudadanía que considera al estado de derecho, la institucionalidad y la decencia como los valores que deben regir la vida en toda sociedad moderna y sana, democrática y abierta, debe tomar nota atentamente de la forma como el Gobierno y sus partidarios manipulan las cosas públicas desde la cúspide del poder para que, llegado el momento de las elecciones, les aplique el castigo que se merecen, mediante el ejercicio de su sagrado derecho del voto.

 

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