TRÁFICO DE INFLUENCIAS

Una ampliación de una denuncia presentada ya en febrero fue hecha por la ministra de la Secretaría de la Función Pública Lilian Soto. El documento arrimado a la Fiscalía involucra a los diputados colorados Blanca Duarte y Víctor Bogado -actual presidente de la Cámara Baja- y al liberal Andrés Giménez y señala que estos legisladores incurrieron en el delito tipificado como “tráfico de influencias” al realizar gestiones para la contratación irregular de varias personas en la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Dibén). La titular de esta institución, Miriam Simón de Ritter, presentó una denuncia formal ante Función Pública que a su vez puso el asunto en manos del Ministerio Público. De acuerdo con la acusación, los parlamentarios intentaron que sus recomendados eludieran el concurso de aptitudes que exige la ley. El tráfico de influencias está castigado por nuestra legislación desde el 2004 con penas de cárcel de entre tres y cinco años y/o multas.

 

Como era de esperarse, los legisladores en cuestión negaron las acusaciones alegando que los documentos presentados no son lo que parecen, que existe una campaña deliberada de desprestigio por detrás de la denuncia y amenazando con contraataques judiciales. Una indignada reacción ante lo que califican como una despiadada persecución que tiene oscuras motivaciones políticas..., en fin, el libreto acostumbrado que utiliza una parte importante de nuestra clase política cuando sus nombres aparecen en el marco de investigaciones como la que nos ocupa. Reaccionan espantados, como si el tráfico de influencias no fuera un vicio de lo más común en toda la administración pública, desde los municipios hasta los ministerios, pasando por gobernaciones y empresas estatales o binacionales. Es precisamente esta clase de prácticas y de respuestas las que han terminado por abrir un profundo abismo entre las cúpulas políticas y la ciudadanía.

 

Muchos de los legisladores paraguayos -y sus partidos respectivos- se comportan como si fueran dueños del patrimonio del Estado, como si pudieran disponer a su gusto y a sus anchas de contrataciones y asignaciones, de licitaciones y nombramientos. Por efecto de este intenso tráfico se han llenado las instituciones de recomendados, planilleros e incapaces de todo tipo sin más mérito que el de estar “bien relacionados” y que reciben mensualmente su salario directamente del bolsillo de los contribuyentes. Es en verdad incuantificable el daño ocasionado a nuestro país por décadas de irrestricto tráfico de influencias. El perjuicio no es solo económico, sino moral, pues en torno a éste y otros vicios de nuestra política se ha forjado una cultura que relativiza el valor del trabajo honesto y se muestra permisiva con la corrupción y la venalidad.

 

Es crucial para el futuro de nuestro país desterrar esta cultura, un camino que solo puede empezar derrotando a la impunidad y aplicando el castigo previsto por la ley para los infractores.

 

Corresponde entonces que la denuncia sea tomada con la mayor seriedad. Lo habitual en nuestro país sería que el asunto fuera rápidamente sepultado, de manera que la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía marcaría un giro verdaderamente esperanzador. Está en manos de los agentes del Ministerio Público acometer con el coraje necesario esta tarea.

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