• Emilio Grasso

No he escuchado la homilía inaugural del novenario de Caacupé, pronunciada por el Obispo de Concepción, Mons. Zacarías Ortiz. He leído, en los periódicos, solo algunos pasajes, que, sacados de todo el contexto, no permiten que me pronuncie con conocimiento de causa.

Por eso, quiero solo limitarme a un pasaje de esta homilía, donde se pone un ejemplo histórico, que me parece fundamentalmente equivocado.

Me permito decir que, cuando los Obispos y el clero entran en un campo que no pertenece a la fe y a la moral, sino solo a una disciplina científica, cuyo conocimiento exige una investigación diligente, tendrían que ser más prudentes.

 

El Concilio Ecuménico Vaticano II, en la Constitución pastoral Gaudium et spes, recuerda a todos: "La cultura, al dimanar inmediatamente de la índole racional y social del hombre, necesita siempre una justa libertad para desarrollarse y una legítima capacidad para actuar autónomamente según sus propios principios. Por consiguiente, pide con razón respeto y goza de una cierta inviolabilidad" (n.º 59).

 

Ahora quiero analizar el siguiente pasaje, que habría sido pronunciado por Mons. Ortiz, y he leído, puesto entre comillas, en "Última Hora" del 29 de noviembre, en la página 11: "Mis queridos hermanos, la Revolución francesa no fue una casualidad. Los Reyes campantemente vivían sin darse cuenta de la situación de los pobres, hasta que los pobres no pudieron más y reventaron".

 

La Revolución francesa no fue, como piensa Mons. Ortiz, una lucha de los pobres ("que no pudieron más y reventaron") contra los Reyes, sino una revolución de la clase burguesa-capitalista contra el estamento feudal.

 

No fueron los pobres los que "reventaron": ellos constituyeron, en aquel entonces como hoy, solo una masa de maniobra utilizada y después abandonada a sí misma.

 

El conocimiento histórico, y no la repetición de eslóganes, permitiría llegar a juicios concretos menos peligrosos.

 

 

La Revolución francesa

 

Con el comienzo del proceso de industrialización, a mediados del siglo XVIII, se crea, lentamente, una ruptura entre el nuevo sistema de producción y la forma política de gobierno del Estado.

 

El verdadero conflicto, en este período, se pone entre estos dos elementos: por un lado, el desarrollo de la industria y del sistema económico capitalista y, por otro, el sistema político de un Estado atrasado, feudal, gobernado por un rey, que tenía un poder absoluto, sin Constitución ni tripartición de los poderes.

 

En esta condición, en Francia, un país que manifestaba su atraso con respecto a Inglaterra, ya no era posible hablar de reforma del Estado mediante modificaciones parciales. Por eso, se difundió, cada vez más, la percepción de la necesidad de cambiar completamente la forma de Estado, porque el proceso de producción que se estaba realizando ya no podía convivir con el Estado feudal. Mientras que en Inglaterra - país de origen de la Revolución industrial - ya existía una democracia parlamentaría, la introducción en Francia del nuevo sistema de producción demandó que se desatase un proceso violento, la Revolución francesa, que, en una decena de años, descompuso el antiguo sistema político, derrocando la monarquía absoluta y engendrando la República, como nueva forma de Estado.

 

La decapitación del rey divino fue el símbolo concreto del fin del absolutismo regio. Este poder absoluto, en efecto, había entrado en contraste con la fuerza del capital y de la clase burguesa, hasta llegar al punto de una revolución sangrienta, que decretó el fin del antiguo y atrasado régimen político.

 

La Revolución francesa pertenece, por lo tanto, esencialmente a la clase burguesa-capitalista, que tenía en sus manos el poder económico, la riqueza y la propiedad de los medios de producción. En resumen, fue la revolución del poder de la industria, contra dos poderes ya atrasados: el poder político y el de la Iglesia.

 

El mismo Karl Marx escribe en el Manifiesto del Partido Comunista que "la Revolución francesa abolió la propiedad feudal en provecho de la propiedad burguesa".

 

La Revolución francesa, por lo tanto, fue principalmente una revolución liberal.

 

En este tiempo se desarrolló, frente a los fenómenos sociales, políticos y económicos que se sucedieron, una terminología específica que es necesario conocer.

 

Por un lado, nació y se impuso la teoría del liberalismo, tanto a nivel económico como político, con su principio de libertad absoluta; por otro lado, la teoría del socialismo, así como se empezó a hablar de izquierda y de derecha, palabras que acompañaron el contexto histórico de aquel tiempo.

 

El liberalismo político y económico

 

En el despertarse la humanidad de su largo sometimiento a un pensamiento y a una moral única e impuesta coactivamente, los filósofos liberales vieron, ante todo, la libertad en su aspecto "defensivo" frente al poder del Estado, pero, pronto advirtieron que esa libertad no puede ser pasiva, sino que debe permitir una actuación. Surge así la segunda forma de libertad, como posibilidad de participación en la vida política, en la investigación científica y en la actividad económica.

 

El liberalismo político significaba: el respeto de las libertades ciudadanas e individuales (libertad de expresión, asociación, reunión); la existencia de una Constitución inviolable que determinase los derechos y deberes de ciudadanos y gobernantes; la separación de los poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) para evitar cualquier tiranía; y el derecho de voto, aunque muchas veces limitado a minorías.

 

Junto a este liberalismo político, el Estado burgués del siglo XIX estaba asentado también en el liberalismo económico: un conjunto de teorías y prácticas al servicio de la alta burguesía y que, en gran medida, eran consecuencias de la Revolución industrial.

 

Desde el punto de vista de la práctica, el liberalismo económico significó la no intervención del Estado en las cuestiones sociales, financieras y empresariales.

 

El liberalismo económico, en su nacimiento, es un liberalismo absoluto, donde los que venden y los que compran se encuentran sin ninguna protección o intervención del Estado. Según Adam Smith, para que un país prosperase, los gobiernos debían abstenerse de intervenir en el funcionamiento de esa ley "natural del mercado": los precios y los salarios se regularían inevitablemente por sí solos, sin intervención alguna del Estado. Por lo tanto, si se dejaba una absoluta libertad económica, cada hombre, al actuar buscando su propio beneficio, provocaría el enriquecimiento de la sociedad en su conjunto. El meollo de su obra se puede sintetizar en el concepto de que, cuando uno trabaja para sí mismo, sirve a la sociedad con más eficacia que si trabajara para el interés social.

 

La llamada doctrina del laissez faire, laissez passer (dejar hacer, dejar pasar) llena una etapa del pensamiento y de la actividad económica. En su base, se esconde una glorificación de la libertad: el mercado se regula por libre concurrencia; el trabajador elige libremente su trabajo; la mano de obra se desplaza libremente; el contrato de trabajo es un acuerdo libre entre patrones y obreros.

 

El papel del Estado se reduce a defender la libertad de una actividad económica, autónoma de cualquier regulación política.

 

El pensamiento liberal centra su preocupación en la trilogía: ganancia, ahorro, capital. En tal sentido, la ideología del liberalismo económico favoreció el proceso de industrialización, la creación de mercados mundiales, la acumulación de capitales y el surgimiento de empresas gigantescas. Todas estas dimensiones se reflejan en la segunda fase de la Revolución industrial, cuando se separó la ética de la economía, y las autoridades se despreocuparon de los problemas sociales de la industrialización.

 

En esta situación, se puede comprender cómo la única fuerza que tenían los trabajadores frente a los ricos capitalistas, era la de unirse entre ellos. Se desencadena así una lucha entre la clase capitalista y el proletariado.

 

La famosa ley Le Chapelier de 1791, nacida de la Revolución francesa, lanza un ataque radical a las asociaciones y a los entes intermedios. La ley Le Chapelier toma el nombre del abogado bretón Isaac Le Chapelier. Este había presidido la sesión del 4 de agosto de 1789 en la Asamblea Nacional, en la que se decretó la abolición del feudalismo, y había participado en la creación del Club de los Amigos de la Constitución, llamado de los Jacobinos. Esta ley, promulgada en Francia el 14 de junio de 1791, en plena Revolución francesa, instaura la libertad de empresa y proscribe las asociaciones y corporaciones, e igualmente las asociaciones de campesinos y obreros. Es reconocida por su efecto de prohibir los sindicatos y las huelgas.

 

De este modo, la ley impedía a los trabajadores reunirse, porque la unión iba en contra de la libertad, y el trabajador tenía que presentarse solo, en el mercado. El resultado fue el de dejar a los obreros privados de toda defensa, frente a los patrones.

 

Estas eran las consecuencias del liberalismo absoluto y del capitalismo salvaje, donde no hay ninguna intervención del Estado, en defensa del más débil y en la regulación y el equilibrio de la justicia social.

 

Estas sencillas anotaciones sirven solo para explicar que el ejemplo de la Revolución francesa, considerada como lucha de los pobres contra los ricos, mientras que, en realidad, fue lucha de la burguesía-capitalista contra los privilegios feudales, es un ejemplo históricamente equivocado.

 

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