• José Antonio Vera

(especial para ARGENPRESS.info)

Uno de los puntos más destacados del programa de Fernando Lugo, con el que ganó las elecciones en abril del 2008, fue la reforma agraria, reivindicada desde decenas de años por miles de labriegos, hoy desilusionados, porque se habían aferrado a la esperanza de justicia que alimentaba la figura del ex Obispo y de las fuerzas progresistas que lo acompañaban.

La primera promesa de la Alianza Patriótica para el Cambio, que acabó con 70 años de gobiernos colorados, fue conquistar la soberanía nacional, en particular la energética, que pasa por regular la relación con Brasil en la represa binacional de Itaipú, de la que Paraguay apenas utiliza cinco por ciento del 50 de la electricidad que le pertenece, pero que su socio gigante le paga la irrisoria cantidad anual de 120 millones de dólares por el 45 que no utiliza. En el reclamo, algo se ha avanzado.

 

La segunda fue la reforma agraria, para hacer justicia con las víctimas de la desigual distribución de la tierra, una de las más groseras del mundo, con el 85 por ciento del área cultivable en manos del dos por ciento de la población, que mantiene al campesinado paraguayo en la marginación social y en la miseria desde hace 140 años.

 

El anarquista español Rafael Barret, escribió en 1906 “El Dolor Paraguayo”, una magnífica pieza en defensa de los esclavos de los yerbatales, los conocidos “mensú”, tema llevado entonces al cine por el actor y realizador argentino Hugo del Carril, con el título “Las Aguas bajan Turbias”, basada en el libro “El Rio Oscuro”, de su compatriota Alfredo Varela.

 

Barret había llegado al país a los 30 dolorosos años del genocidio perpetrado por Brasil, Argentina y Uruguay durante la Guerra de la Triple Alianza que, como hienas, habían arrasado la única República Independiente de la región, cuyo ejemplo soberano tanto molestaba al imperio británico

 

Ese crimen acabó con la propiedad estatal de la tierra y las prósperas granjas de la patria, dando inicio a su venta a capitalistas extranjeros, en algunos casos por millones de hectáreas, tales los casos de las familias Larangheira y Casado.

 

Un solo árbol donde había diez

 

Además del acaparamiento entre pocas familias, la aberrante situación del campo paraguayo se agrava por el predominio de un modelo de producción que privilegia el cultivo, el 80 por ciento transgénico, de soja, girasol y maíz para la exportación y una ganadería de gran desarrollo con similar destino, que cada día excluye a más gente del consumo de carne debido al encarecimiento de su precio en el mercado interno.

 

El uso corriente de pesticidas tóxicos y de granos genéticamente modificados, se suma a una monstruosa deforestación que en los últimos sesenta años redujo a un millón de hectáreas los bosques que ocupaban ocho millones 300 mil. Hoy hay un árbol donde entonces había diez, y la erosión y salinización avanzan sin freno.

 

En el Chaco, región noroccidental del país, el Fondo Mundial de Defensa de la Naturaleza, constata que la deforestación abarca el 70 por ciento en un proceso de cosmofagia que se traga 592 hectáreas por día de bosques, cuyos victimarios conforman una mezcla de cooperativas de hacendados menonitas, capitalistas extranjeros, y latifundistas y militares locales.

 

La apropiación de grandes extensiones de territorio para la agricultura y la ganadería de exportación, junto a un intenso contrabando de madera, son las causas primeras de ese ecocidio que genera un etnocidio sistemático, convirtiendo en parias al millón de indígenas que pertenecen a 17 pueblos con lenguas diferentes.

 

El Bosque Atlántico disminuyó 85 por ciento en 50 años y en la región oriental del país apenas queda en pie el ocho por ciento del 45 por ciento de los árboles. Hay una reserva oficializada de seis millones de hectáreas de selvas, víctimas de los depredadores, frente a sólo 46 guardias sin recursos, presupuesto, ni medios ni transportes suficientes. Indiferencia, complicidad y coimas, llegan detrás y juntas.

 

Moratoria del pago de la deuda

 

El recién electo Secretario General del Movimiento Agrario y Popular, Jorge Galeano, sostiene que es imposible que Paraguay salga de la situación de miseria que sufren cuatro de cada diez compatriotas, sin comenzar a aplicar y desarrollar una reforma agraria integral.

 

Pocos días antes de viajar a Estocolmo, Suecia, para disertar en un seminario internacional sobre la coyuntura actual en Paraguay y en la región, con énfasis en la problemática de la tierra, Galeano manifestó su disconformidad con la política social del Gobierno de Fernando Lugo.

 

Miembro de la dirección política del Partido Popular Tekojoja, que integra el Frente Guasu (grande) entre unas veinte organizaciones progresistas, Galeano es categórico en su crítica a la línea económica “de corte monetarista, que privilegia los compromisos del Estado con el Banco Mundial, y el pago de la deuda externa que absorbe unos 400 millones de dólares por año, sin atender las urgencias de la población excluida”.

 

El país, dice, tiene recursos suficientes como para no endeudarse más con la banca extranjera y, entre las medidas prioritarias que propone su Movimiento, que forma parte del Espacio Unitario Congreso Popular, destaca el decreto de una moratoria del pago de la deuda por un par de años.

 

Asimismo, esas organizaciones consideran urgente redefinir el uso de las reservas de divisas del Banco Central, estimadas por el FMI en más de cuatro mil millones de dólares.

 

Las mismas deben servir para financiar programas de desarrollo social, junto a la aplicación de un sistema tributario acorde al movimiento de la economía, cuya tasa impositiva es apenas del 11 por ciento, la más baja de la región.

 

La filantropía del Banco Mundial

 

Varios intentos del Gobierno por convertir en ley un proyecto de Impuesto a la Renta Personal han fracasado en el Congreso, cuya mayoría de miembros se opone a someterse a la Declaración Jurada de Bienes, al tiempo de rechazar la propuesta de gravar la exportación de soja, maíz y girasol.

 

Con la suma de esos recursos sería posible implementar una respuesta eficaz a la demanda de condiciones mínimas de bienestar de la población, que haga realidad y garantice la consolidación del proceso de cambios progresistas que se vive en el país, sostienen las organizaciones sociales.

 

El problema mayor, según Galeano, que hasta ahora imposibilita la reforma agraria, es la estructura del poder que continúa sin modificación, en el tercer año del Gobierno de Lugo, con la misma gente en el parlamento y en el Poder Judicial.

 

La Fiscalía General o Ministerio Público es represiva, criminaliza a los movimientos populares en beneficio de una casta que usufructúa ocho millones de hectáreas malhabidas, explotadas sin aportar beneficios económicos al país y, en cambio, provocando grandes daños ecológicos.

 

La aparición del Ejército del Pueblo Paraguayo, un grupo armado que aún continúa en una nebulosa programática e ideológica, con mucha promoción mediática, es un pretexto más para reprimir a las familias más pobres del campo, según denuncias de las organizaciones campesinas y de activistas sociales.

 

Fuertes intereses impiden aplicar cualquier plan de progreso del grueso de la población campesina, víctima también de viejos y muy arraigados prejuicios de la sociedad respecto a la tierra, su tenencia, pertenencia y explotación, explicó el entrevistado.

 

El Estatuto Agrario de 1963 estipulaba la distribución de la tierra entre los labriegos con un techo de cinco mil hectáreas y, aunque nunca fue respetado por la dictadura del General Alfredo Strossner, que regaló millones entre sus allegados, era mejor que el actual, adoptado en el 2002, que no fija ningún límite de posesión, porque si lo fijaba, daba lugar a una revisión que forzaba restitución de inmensas propiedades.

 

En los últimos años, las únicas confiscaciones de tierra decretadas por el Parlamento han servido para construir centros ecuestres para solaz de las caballerizas de propiedad de las familias de senadores y diputados y sus amigos más cercanos, denunció Galeano.

 

Más de 420 mil fincas chicas y medianas, están abandonadas, el cultivo de soja avanza por todo el territorio nacional, 80 por ciento transgénica y sin proceso de industrialización, exportada sin pagar ningún impuesto, al igual que el maíz y el girasol, en otro absurdo de la política de Hacienda, como lo es la actual distribución de los recursos de la represas eléctricas que el país posee con Brasil y Argentina en Itaipú y Yaciretá, señaló Galeano.

 

El Gobierno de Lugo tiene el deber de definir políticas diferenciadas en el campo, para garantizar el arraigo y no dejarse arrastrar por la táctica sibilina del Banco Mundial, que otorga créditos a los labriegos, corridos del campo por los agro-exportadores, para que construyan una humilde casita a la orilla de las ciudades.

 

Sólo el acceso a la tierra no es la solución del drama rural nacional, porque si al campesino solamente se le entrega un título de propiedad, ello equivale a darle una autorización para que la venda enseguida, después de los árboles, dado que es la única forma de conseguir un dinero inmediato que le permita solventar su vida y la de su familia, afirmó.

 

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