Sin una fuerte inversión social que eleve la calidad de vida de los segmentos que viven en la pobreza extrema, una Policía Nacional depurada de corruptos y la participación ciudadana, no habrá avances significativos en la lucha contra la delincuencia. Hasta ahora, ningún plan resultó, porque al débil sistema punitivo no le acompañaron las medidas que apuntan a soluciones sostenibles en el tiempo. Urge acabar con los discursos, para comenzar una apasionada campaña contra las diversas formas de atropello a la vida y los bienes de las personas.

En el Paraguay, el 20 por ciento de la población; es decir, 1.200.000 personas, están insertas en la miseria. Esa problemática como el incremento de la delincuencia son el resultado de los deberes mal hechos. Las "recetas" de los diversos gobiernos para aumentar la seguridad, hasta ahora, no han pasado de ser nada más que respuestas a las presiones por el aumento del índice de hurtos, robos, asaltos, violaciones y otras manifestaciones de las transgresiones a las leyes. Por eso es que, en la práctica, los resultados son pobres y carentes de relevancia como para decir que se transita el camino correcto.

 

El Gobierno del presidente Fernando Lugo, a través de su brazo competente en el asunto -el Ministerio del Interior- ha dado a conocer el contenido de su Política Nacional de Seguridad Ciudadana (PNSC). En esencia, es más de lo mismo. El documento no hace sino ratificar que en los papeles todos conocen lo que hay que hacer, pero el problema radica en que hasta el momento nadie se ha plantado para ejecutar las acciones de combate a los enemigos de la sociedad.

 

Por de pronto, la urgencia es poner una barrera a los asaltos de "temporada" que ya han dado sus primeros zarpazos con botines significativos. Es evidente que las medidas preventivas de las instituciones financieras no son suficientes ante la audacia y el despliegue de armas de los asaltantes. Por lo tanto, hay que reforzar en hombres y equipos a los encargados de proteger los bienes y la vida de las personas en todos los ámbitos.

 

Paralelamente, es necesario revolucionar por dentro a los cuadros policiales para que dejen de ser los primeros promotores de la inseguridad -por acción o por omisión interesada- en el país. Es imperioso abrir una etapa de reeducación y dignificación a la que acompañen reajustes salariales significativos para los uniformados. Una de las tareas más difíciles para concretar en hechos los lineamientos generales de la política es reconvertir la Policía para que sea aliada de los ciudadanos, no de los delincuentes siendo ellos mismos tales o recibiendo sobornos para despejar el camino a los que van a cometer ilícitos.

 

El Ministerio Público y el Poder Judicial también tienen que sumarse a la lucha contra los inadaptados. De nada vale que la Policía cumpla su rol si es que no funciona el sistema judicial para dejar fuera de circulación a los que ponen en permanente alerta y zozobra a los pobladores de la República.

 

Las políticas públicas que buscan la reducción de la pobreza tienen que ofrecer resultados positivos verificables, de lo contrario quedan como simples recursos discursivos. El aumento del gasto social destinado a cubrir educación, salud, vivienda y otros aspectos fundamentales es más que imprescindible. En pleno conocimiento de la enfermedad que aqueja a todos en materia de seguridad, es imperioso iniciar una campaña de educación que abarque a los diversos actores sociales para que se involucren con convicción y responsabilidad a la tarea de luchar contra la inseguridad. Es harto sabido que hay que atacar el mal de raíz. Pues bien, que empiece el proceso.

http://www.ultimahora.com/notas/371262-Para-luchar-en-contra-de-lainseguridad-en-serio,-hay-queatacar-en-todos-los-frentes