• Por Nilza Ferreira

Una Corte Suprema de Justicia a la medida de sus miembros actuales es lo que pretende imponer con su actuación la Sala Constitucional al admitir una acción de inconstitucionalidad planteada por un candidato vetado por el Poder Ejecutivo. Esta es una lectura rápida que se puede hacer del accionar de tres miembros de la máxima instancia judicial.
Con una insólita presentación, el camarista Agustín Lovera Cañete pretende forzar su nominación como ministro de la Corte, buscando invalidar una prerrogativa constitucional del presidente Fernando Lugo.

Lamentable es el comportamiento de los ministros que dieron trámite al pedido, dejando un precedente funesto para el Poder Judicial, donde existe una tenaz resistencia al proceso de cambio.

Aunque el ministro colorado Víctor Núñez intentó aclarar que una cosa es admitir y otra es dictaminar a favor del recurrente, hay una unanimidad de criterio de abogados constitucionalistas que consideran que la acción debió ser rechazada “in límine”, porque no existe causal para que el accionante pueda fundamentar sus derechos lesionados. Además, al darse curso a la acción, necesariamente debe haber una sentencia que de ser favorable al peticionante instalará otro frente de enfrentamiento entre poderes del Estado.

El alto magistrado buscó enmarañar con términos jurídicos refiriendo que no es lo mismo admitir que hacer lugar a la acción, alegando que hasta el momento la Sala Constitucional no se ha pronunciado ni en favor ni en contra de Lovera Cañete.

Lo concreto es que en estas condiciones se dilata el proceso de renovación de la Justicia. No hay que descartar tampoco que este incidente pueda formar parte de un chantaje al Ejecutivo para negociar cupos de poder para llenar los cargos vacantes en la misma Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General del Estado, la Contraloría General de la República y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

Lejos de una posibilidad de diálogo interpoderes recrudece la crispación política a tal punto de poner en riesgo el equilibrio de poderes. En estas condiciones el Poder Judicial se erige como un superpoder con capacidad de revisar atribuciones exclusivas de otros dos poderes: Legislativo y Ejecutivo.

Con sus “megapoderes”, los ministros de la Corte en poco tiempo podrán modificar la Constitución Nacional para adjudicarse la potestad de legislar y promulgar leyes, atribuciones hasta ahora inherentes de los parlamentarios y del presidente de la República.

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Anónimo

Sanción social

Publicado por: Óscar Acosta

Cuando la Justicia está ausente de la propia expectativa de la gente, tanto que ni siquiera se la vincula como el probable remedio, límite o el fin de los hechos delictivos, cuando para el ciudadano la idea es que no habrá castigo para los que infringen la ley, no porque los magistrados sean ineficientes o indolentes solamente, sino porque los poderosos, los que están investidos de la autoridad política o blindados por el poder económico los vuelven sumisos.

Ante esta evidencia cada vez más notable, que hasta ahora nos remite a la impotencia o un poco más indignados, tal vez, como máximo, a darles el peor de los calificativos a los beneficiados por esta suerte de impunidad eterna.

Entonces, cuando ya nada se espera de la Justicia, emerge una posible sanción, y no se trata aquí de tribunales populares, hago la aclaración. Los ciudadanos tenemos derecho no solo a legitimar las elecciones con nuestros votos, tenemos derecho a censurar los actos de aquellos que, usando los fundamentos de la democracia participativa, llegan a los altos cargos públicos y desde allí privilegian sus propios negocios y reparten canonjías para recoger fidelidad que les permite, como en el caso que nos ocupa, evadir impuestos.

Un pequeño grupo nos hizo el honor hace unos días. Estuvieron algunos niños y unos pocos ciudadanos hombres y mujeres valientes que ganaron las calles y enarbolaron algunas consignas. ¿Que fueron pocos?, sí, claro, en una sociedad anestesiada, temerosa y que no confía para nada en la Justicia, a mí me parecían miles, pues en ellos está la fuerza invisible de una ciudadanía cansada, harta hasta la impotencia y la inmovilidad para reclamar su derecho y gritar su indignación.

Asumo la tarea de pedir que estas movilizaciones se multipliquen, que la gente, sin violar derechos de terceros, gane las calles nuevamente y simplemente haga saber que no quedarán impunes. Me animo a pedir a los jóvenes que rescaten memorables jornadas de movilización cívica para decir ¡basta ya! contra el crimen organizado que no dispara, pero que igual nos mata.

Que sientan, si lo tienen aún, un poco de vergüenza, ante su familia, sus amigos, y, si les resta un poco de humildad, que les quitó la soberbia del poder, pedir disculpas a sus vecinos que cada año, como muchos de nosotros, piden un financiamiento anual para honrar sus compromisos.

Los rostros de la impunidad no solo deberían estar en los periódicos y en la televisión, correspondería verlos en las calles con la misma sonrisa con la que, en sus afiches, nos piden votos, pero ahora calificados como lo que son: inimputables.

Ante la injusticia, sanción social.

Fecha: 27/11/2010 16:08.


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