• Luis Enrique Chase Plate

Cuando concluía el año 2010, sucedió un terrible bloqueo económico de los ríos Paraguay y Paraná a las embarcaciones comerciales de nuestro país. Sin argumento válido, el representante diplomático argentino intentó justificar este hecho ilícito internacional diciendo que se trataba de un bloqueo de un sindicato de obreros marítimos, que no era una cuestión estatal, sino privada. Fue una insólita contradicción, que solo ponía en evidencia que en ese país, caro al sentimiento paraguayo, los sindicatos estaban por encima del propio Estado y del orden jurídico nacional e internacional.   

Ahora que ha pasado, aparentemente, el problema que tanto daño ocasionó al Paraguay, y ante el peligro de que esta actitud vuelva  a repetirse, creo conveniente hacer algunas reflexiones. El Paraguay ha estado desde el mismo momento de su independencia de 1811, por efecto de la presión de las Provincias Unidas del Río de la Plata, sometido al Puerto Preciso de Santa Fe, en donde se obligaba a bajar de las embarcaciones sus productos de exportación, que seguían lentamente en carretas hasta Buenos Aires, la capital del Virreinato del Río de la Plata, creada en 1776. De este Virreinato formaba parte nuestro país. Dos acontecimientos marcan un hito para el Paraguay independiente: primero, el Tratado del 12 de octubre de 1811 que reconoce la independencia del Paraguay y, en la práctica, el Derecho Fluvial o la libre navegación de los ríos, antes de la consagración por la Convención de Viena de 1815. Segundo, el Congreso paraguayo de 1813, que establece la primera República del Sur, con la ruptura definitiva de todo sometimiento a España y a Buenos Aires. En ambos casos, fue la habilidad de la extraordinaria inteligencia y la sagacidad política del Dr. José Gaspar de Francia.   

 

Durante todo el siglo XIX y parte del XX fue siempre una verdadera tragedia el entorpecimiento de la libre navegación de los ríos Paraguay y Paraná, cursos de agua que separan y atraviesan territorios de varios Estados, llamados ríos contiguos o fronterizos. Después de innumerables vicisitudes, hoy ya nadie puede discutir el principio universal de la libre navegación de los ríos, codificado por el Derecho Internacional. La teoría ha venido siendo elaborada ya desde el siglo XVI por juristas tan famosos como Grocio y Wattel, y la propia Revolución Francesa decretó que todos los Estados ribereños tienen un derecho natural de acceso al mar. Sin embargo, el “puerto preciso” siguió imponiéndose a nuestra República, a pesar de los convenios o instrumentos internacionales sobre la materia, como el Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación de 1856, que nunca se cumplió; y el propio Tratado de Navegación entre el Paraguay y la Argentina, suscrito en Buenos Aires el 23 de enero de 1967. El Art. 1 de este Tratado prescribe que “la navegación por los ríos Paraguay, Paraná y de la Plata dentro de la jurisdicción de ambas Altas Partes Contratantes es libre para los buques o cualquier tipo de embarcación, con o sin propulsión propia, de cualquier tonelaje o cualquiera fuere su fuerza motriz”.   

 

Evidentemente, el Estado paraguayo, ante los sucesos de fines de 2010 que bloquearon los ríos Paraguay y Paraná, vías fluviales de interés internacional, debería estar muy alerta. Los daños producidos al comercio internacional de nuestro país y a la empresa privada han sido cuantiosos. Algunos observadores advirtieron que el bloqueo fue posible por la propia “inacción” del Gobierno argentino, que estaba obligado por el Derecho Internacional, el Tratado de 1967 y el Tratado del Mercosur a hacer respetar la libertad de navegación, la igualdad de trato y la prohibición de toda discriminación entre los Estados en el ejercicio de la navegación. Para ello, el Gobierno argentino tiene la potestad de la conducción de los órganos encargados del ejercicio del poder. Y para ese ejercicio puede hacer uso de la coercibilidad que admite la posibilidad del uso de la fuerza para hacer efectivo el cumplimiento de las leyes nacionales e internacionales.   

 

Los ríos Paraguay, Paraná y de la Plata están sujetos a un régimen de internacionalización. Constituyen instrumentos de la vida económica internacional, y para nuestro país una vía indispensable para la salida al mar. Ninguno de los Estados ribereños puede adoptar medidas unilaterales que perjudiquen la utilización económica de estos ríos y que violen el respeto a los derechos de la soberanía local de cada uno de los Estados. El bloqueo de los ríos nombrados es una violación de una obligación internacional que ha ocasionado un daño muy grande al Paraguay. Constituye un hecho ilícito internacional con responsabilidad internacional, imputable al país que lo ocasiona. Ante tales hechos, existe la obligación de la reparación del daño. El Tribunal de la Haya, en un famoso caso similar, ha expresado que “es un principio de Derecho Internacional, e incluso una concepción general del derecho, que toda violación de un compromiso implica obligación de reparar”.

 

Cuando el gobernador Manuel Rosas decretó el bloqueo del Paraguay, en 1844, el presidente Carlos Antonio López formuló una enérgica protesta en una carta al citado gobernador porteño, que expresaba que “el pueblo paraguayo es inconquistable; puede ser destruido por alguna grande potencia, mas no será esclavizada por ninguna”. Es un ejemplo de cómo, en la política exterior, se debe defender a la nación paraguaya: con firmeza y coraje, en los momentos más difíciles.    

 

Profesor de Derecho

Profesor titular de la UNA

 

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Anónimo

PARAGUAY DEBE DEJAR DE SER TIBIO ANTE EL CHANTAJEARGENTINO EN LA HIDROVÍA
Todo indica que Argentina prepara un nuevo bloqueo al comercio exterior del Paraguay, apelando al impedimento de la operación de embarcaciones con bandera paraguaya en sus puertos e incluso prohibiendo a las líneas marítimas internacionales transportar mercancías desde y a nuestro país, tal como ocurrió ya el año pasado. La punta de lanza de esta ejecución será un sindicato obrero manejado por gente de pésimos antecedentes. Pero la orden viene de más arriba. Ante esto, el Gobierno nacional debe dejar su tibieza para hacer valer los derechos de navegación consagrados internacionalmente.

El año pasado, la Argentina comenzó un perverso juego geoestratégico cuya finalidad es que el Paraguay pierda su hegemonía en el transporte fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná, para que los argentinos puedan plantar su bandera en ese crucial camino hídrico.

El Gobierno kirchnerista, la Confederación General del Trabajo (CGT) -del hoy sospechosamente multimillonario ex obrero del transporte Hugo Moyano- y el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), liderado por Enrique Omar Suárez, hombre de Moyano y célebre por sus tácticas de chantaje para lograr sus objetivos, se han unido en esta cruzada que tiene como víctima a nuestro país.

El año pasado, el SOMU, con la bendición de la Casa Rosada (lo confesó Suárez) organizó el mayor bloqueo naval que sufrió el Paraguay desde la Guerra contra la Triple Alianza. La causa aducida para esta operación fue una supuesta solidaridad con obreros marítimos paraguayos que estarían trabajando en condiciones laborales no propicias.

Sin embargo, en el Paraguay funcionan varios gremios del ramo, entre ellos la ya legendaria Liga de Obreros Marítimos del Paraguay, combativa como pocos sindicatos, y ninguno de ellos había hecho contacto con el SOMU. Omar Suárez creó entonces su propio sindicato en el Paraguay, el SOMUPA, con el fin de engendrar todos los conflictos posibles para hacer difícil la vida a las empresas navieras con bandera paraguaya. El Ministerio de Justicia y Trabajo no autorizó la operación de este gremio títere de los argentinos que llegó aquí de la mano de un sindicalista paraguayo, Percio Duarte. El SOMUPA, en su orfandad, eligió como secretario general a un argentino que ni siquiera tenía radicación en nuestro país.

Ante el primer bloqueo, el Gobierno de Fernando Lugo reaccionó fuerte en un principio, amenazando con no participar en la Cumbre del Mercosur. Pero luego, levantado el obstáculo, no hubo ninguna protesta formal.

Argentina, sin embargo, no va a cejar en su intento de copar la Hidrovía y volverá a utilizar al SOMU para su objetivo de maniatar a la flota y al comercio paraguayos. Lo más triste es que también se está manipulando a la respetable Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), una organización cuya representación regional está copada por Omar Suárez y sus secuaces.

El SOMU (¿y el Gobierno argentino?) mandó ahora al frente a la ITF, que amenazó al Paraguay con nuevas medidas (bloqueo) en caso de no lograr sus supuestas reivindicaciones gremiales. Pero la verdad es otra y el Gobierno de Fernando Lugo debe apelar ya a organismos como la Organización Mundial del Comercio (OMC) para desenmascarar de una vez el perverso juego argentino. El país lo reclama.
http://www.ultimahora.com/notas/402003-Paraguay-debe-dejar-de-ser-tibio-ante-el-chantajeargentino-en-la-Hidrovia

Fecha: 09/02/2011 10:02.


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