Una interesante discusión mundial se está desarrollando sobre la despenalización de las drogas. Como Paraguay es uno de los mayores productores regionales de marihuana y un principalísimo paso de cocaína para terceros mercados, la discusión involucra al país y varios exponentes nacionales de la “guerra contra las drogas” (como la llaman en Estados Unidos) se han pronunciado ya en contra.

El gobernador de San Pedro, José Ledesma, propuso abiertamente la legalización de la marihuana, causando la inmediata reacción de rechazo de fiscales como Francisco de Vargas o de Senad, quienes sostienen que despenalizar las drogas requiere acuerdos internacionales y revisar innumerables procesos judiciales finiquitados o en curso.

 

Hay que decir que Ledesma no está solo en su posición. Personalidades mundiales del peso político de Fernando Henrique Cardoso, ex presidente de Brasil, César Gaviria, ex presidente de Colombia y ex secretario de la Organización de Estados Americanos, Vicente Fox, ex presidente de México o Mario Vargas Llosa, ex candidato presidencial peruano y Premio Nobel de Literatura 2010 mantienen hoy esa idea.

 

Y también hay que decir que uno de los argumentos del Ministerio Público y de Senad es endeble, por decir lo menos, pues en cuanto a los procesos judiciales, simplemente debe aplicarse la norma que dice que en los procesos penales se aplica retroactivamente lo que sea más favorable al acusado o condenado (Artículo 14).

 

El otro, referido a los acuerdos internacionales es más serio y, en efecto, impone una compleja interacción con otros países para despenalizar las drogas.

 

Pero antes de tomar cualquiera de ambas posiciones, y esta columna no pretende alentar una u otra, es necesario que la sociedad reflexione desapasionadamente sobre los hechos, los hechos puros, que rodean a la cuestión.

 

Es necesario que Senad, el Ministerio Público y los organismos internacionales que intervienen en la política sobre las drogas paraguaya den a conocer algunos datos relevantes, por ejemplo si el consumo de drogas en Paraguay y en el mundo ha disminuido durante los cuarenta años de vigencia que tiene la política de penalización; si la producción de drogas, en Paraguay y en el mundo ha disminuido durante ese tiempo; si la comercialización (el tráfico), en Paraguay y en el mundo, ha disminuido en tal periodo; si los grupos criminales dedicados al negocio de las drogas se han fortalecido durante esos años; si los gobiernos que los han combatido se han visto inficionados por la corrupción proveniente de las drogas o otras muchas preguntas por el estilo.

 

Si cuarenta años de una política determinada han producido resultados satisfactorios (disminución del consumo, de la producción, del tráfico, debilitamiento de los grupos dedicados al negocio, fortalecimiento de los gobiernos que los combaten) entonces es conveniente a todas luces mantener esa política.

 

Pero si esos cuarenta años produjeron aumento del consumo, de la producción, del tráfico, crecimiento del poder criminal, debilitamiento del poder estatal, entonces esa política está equivocada y produce efectos contrarios a los que dice buscar y es necesario cambiarla.

 

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