NINGUNA AUTORIDAD PUEDE ESTAR A FAVOR DE AQUELLOS QUE TRANSGREDEN LAS LEYES
Las autoridades del país -cualesquiera fuesen sus rangos- deberían colocarse del lado del respeto a las normas y a las instituciones. Si dan apoyo a los transgresores, el mensaje es muy claro: están a favor de ellos. Esa es la vía más segura para alentar el caos, primero, y la violencia, después, porque todos los sectores se creerán con el derecho de obrar por su cuenta, dejando de lado lo más sagrado de la democracia: la ley.
El explícito apoyo del gobernador liberal de San Pedro, José Ledesma, y del senador Sixto Pereira, de Tekojoja, al líder de la Liga Nacional de Carperos (LNC), José Rodríguez, al visitar a este en la cárcel regional de la capital del segundo departamento, es inadmisible.
Para analizar ese comportamiento, es necesario consignar que la obli- gación de un gobernador departamental y de un senador nacional es, en primer lugar, respetar las leyes de la República y cooperar para que las mismas sean también acatadas por los demás ciudadanos. Un básico principio de autoridad es la prédica con el ejemplo.
Otro rol que les compete es guardar la suficiente distancia de las partes en conflicto para mantener su autoridad moral y buscar soluciones que satisfagan a los interesados en litigio. Inclinarse a favor de uno es la manera más segura de distanciarse de los demás.
Si apoyan a alguien que está a favor de las invasiones de propiedades privadas -expresamente amparadas por la Constitución-, están dicien- do a la sociedad que no les importa el respeto a las leyes y a las vías ins- titucionales, además de enviar un claro mensaje de que el obrar del trans- gresor es correcto, desde la óptica de ellos.
El resultado es que ya no serán considerados interlocutores válidos a la hora de negociar salidas al problema de la tierra. Por lo tanto, su media- ción en los casos conflictivos queda anulada.
Tomar partido a favor de un sector les ubica en una posición favorable a determinadas causas y desfavorable a las opuestas. En este caso concreto: se colocan a favor de los que utilizan como metodología la violencia de las invasiones y en contra de los que han adquirido legalmente la tierra.
Con actitudes sectarias e irresponsables que comprometen al Gobierno -porque ellos son incondicionales del presidente Fernando Lugo-, ambos contribuyen al agravamiento de la crisis campesina. Lo que logran es que en la vereda de enfrente se endurezcan las posiciones y se haga más complicada la construcción de caminos que lleven al cumplimiento del objetivo campesino de hacerse de tierra.
Dentro de ese mismo esquema de irresponsabilidad hay que interpretar el cuestionamiento de Pereira -conocido por operar en contra de algunos funcionarios designados por el Presidente para colocar a sus hombres de confianza, tal como ocurre, por ejemplo, en la Secretaría de Acción Social (SAS)- hacia el presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, Eugenio Alonso. El trasfondo de la crítica es que este quiere poner en orden la casa y los carperos pretenden que el caos persista.
Ledesma y Pereira deberían dejar de lado su conducta populista en favor de la ilegalidad y el incremento de los conflictos campesinos, para ponerse a favor de una neutralidad que busque resolver los conflictos de manera sustentable. Lo que se espera de ellos, como autoridades, es amplitud de espíritu, equilibrio, responsabilidad y mesura, que permitan resolver los obstáculos de la convivencia. No lo contrario.
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