Unos 35 años atrás, un grupo de 28 indígenas de la etnia Ache del Alto Paraná “salió del monte” en que siempre había vivido, atraído por un pastor de la Iglesia Evangélica y su esposa, y pasó a instalarse en una aldea ubicada en un inmueble de unas 850 hectáreas.   

Dicho grupo, que hoy cuenta con 156 integrantes, está cultivando en forma mecanizada unas 120 hectáreas de soja y 95 de maíz. Posee, además, unas 20 Ha. de cultivos de subsistencia, pastura para unos 40 vacunos de raza Holando, lechera, unos 120 porcinos de razas mejoradas y siete piletas para cría de tilapias. Lo demás del inmueble, de algo menos de 600 hectáreas, lo han conservado boscoso como lo era cuando abandonaron la vida silvestre, y allí continúan practicando sus antiguas costumbres y ritos religiosos.   

 

La escuela de la aldea está a cargo de la esposa del pastor y en ella reciben la instrucción primaria unos 60 niños. A más de ello, 14 jóvenes realizan estudios secundarios fuera de la colonia y otros 4 ya están efectuando estudios universitarios.   

 

Es de presumir que este grupo indígena, que obviamente ha encontrado una forma de vida mucho más alta y mejor que la de antaño, se irá incorporando cada vez más a la sociedad nacional de un modo parecido al de los inmigrantes provenientes hasta de otros continentes que, principalmente desde el fin de la Guerra del 70, se arraigaron en nuestro país. El caso actual referido, que se diría muy exitoso de la comunidad Ache en cuestión, no es el primero ni el único de su tipo.   

 

Ya en los tiempos coloniales, clérigos franciscanos de la Iglesia Católica crearon pueblos de indígenas que se convirtieron en bases de la nación paraguaya y, en tal sentido, mucho más exitosos que las Misiones Jesuíticas, muchas de las cuales desaparecieron tras la expulsión de los jesuitas que ordenó el rey Carlos III de España.   

 

Los menonitas asentados en el Chaco, y aun tanto el Ejército Nacional como ciertos hacendados, religiosos católicos y otros civiles paraguayos, también han trabajado con indígenas chaqueños a fin de ayudar a su desarrollo cultural y económico y, en definitiva, si cabe el título, a su paraguayización.   

 

Ocurre, sin embargo, lamentablemente, que distintas etnias indígenas encontraron que las disposiciones de la Constitución en vigencia aceptan a los indígenas como ciudadanos (pueden votar y ser electos a cargos públicos que dependen del voto popular) y no les prohíben ser propietarios de tierra propia personal, pero, en general (arts. 63 y 64), apuntan a que las distintas etnias obtengan gratuitamente del Estado la “propiedad comunitaria” de la tierra para “la conservación y el desarrollo de sus formas peculiares de vida”, en las que puedan “preservar y desarrollar su identidad étnica” aplicando “libremente sus sistemas de organización política, social, económica, cultural y religiosa” y aun “el derecho consuetudinario indígena”.   

 

El resultado del enfoque de la Constitución respecto de los pueblos indígenas no parece feliz.   

 

Ciertos grupos étnicos han logrado extensas tierras en “propiedad comunitaria”, pero varias habrían extinguido en ellas la fauna silvestre y hasta la vegetación arbórea y, para subsistir, recurren a la asistencia estatal. Si esta no les llega, vienen a Asunción y se instalan en plazas públicas (que luego quedan destrozadas) hasta lograr lo que necesitan.   

 

Es este, se puede suponer, un negocio útil para su subsistencia, pero opuesto al instinto de desarrollo que late en cada ser humano. Todo esto, además, ha dado lugar a que ciertas organizaciones no gubernamentales –financiadas, se supone, por filantrópicas organizaciones y personas europeas– se dediquen a la “defensa de los pueblos indígenas” gestionándoles la obtención de sus tierras de “propiedad comunitaria” y después también la asistencia estatal continua que se les hace prontamente necesaria.   

 

En lo que hace a los pueblos indígenas, la Constitución de 1992    pudo haber sido muy bien intencionada, pero la realidad es que no ha servido para que los pueblos indígenas puedan “preservar y desarrollar su identidad étnica y sus sistemas de organización política, social, económica, cultural y religiosa” (CN Art. 63), sino para que se conviertan en ciudadanos de segunda o tercera, pobres y altamente dependientes de la ayuda estatal, la que a su vez depende de las contribuciones del pueblo paraguayo.   

 

 

Se está, en suma, ante las dos caras de una misma moneda: por un lado, indígenas que han conseguido vivir autogestionados y progresan por sus propios medios, incorporándose a la sociedad nacional como cualquier ciudadano, y otros en quienes el asistencialismo ha anulado su capacidad de autogestión y los ha dejado a merced de la limosna estatal y la mendicancia.   

 

El Gobierno y algunas ONG que viven a costilla de los indígenas tienen así la oportunidad de comparar y elegir qué política seguir: la que los mantiene inermes bajo sus botas o la que les abre un interesante camino para solos salir adelante.

 

 

 

 

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